El 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Bajo el hashtag #8m, las feministas de América Latina compartieron la indignación que genera la imperante injusticia en contra de las mujeres en la región. En Chile, distintas líderes feministas expresaron que el #8m 2021 es solamente el inicio. En un contexto permeado por el próximo proceso constituyente, las mujeres han dejado clara la importancia de incluir sus demandas en el nuevo texto constitucional. Esto se tornó aún más evidente después de que diferentes colectivas denunciaron la detención de Emilia Schneider, candidata a representar al distrito 10 en la Convención Constitucional.

Próximamente Chile elegirá a las 155 personas que conformarán la Convención Constituyente. Quienes integren la Convención, se encargarán de presentar un nuevo texto constitucional que será votado a través de un plebiscito a mediados de 2022. Así, Chile tendrá la oportunidad de plasmar en su Constitución todos aquellos valores que permitan el avance hacia la igualdad de género.

Ahora bien, esta oportunidad ya ha sido previamente resaltada por distintas profesoras y expertas en Derecho Constitucional. El reclamo es claro: es momento de corregir la omisión del género en la Constitución actual, los debates y los procesos normativos. La visión “neutra” ya no es suficiente, sino que deben incluirse de manera explícita ciertos valores y derechos que conviertan a la Constitución chilena en una Constitución con perspectiva de género.

Aunque existen otras constituciones en la región que son relativamente nuevas, como la de República Dominicana (2010), Bolivia (2009) y Ecuador (2008), estas han fallado en incluir la perspectiva de género de manera transversal. Por otro lado, las constituciones de Bolivia y Ecuador, al ser textos muy extensos y detallados, corren el riesgo de ser modificadas constantemente y perder estabilidad. Aunque es recomendable evitar caer en la construcción de una Constitución “extensa”, es importante que en la Constitución chilena se hagan explícitos una serie de valores/derechos que se explorarán a continuación. Así, se propone un híbrido entre una Constitución “minimalista” y una Constitución “extensa”, de manera que deje cierto espacio de diseño y ejecución de políticas públicas para las otras ramas del Estado.

Ahora bien, el Poder Constituyente chileno no se encuentra frente a una hoja en blanco. Así, el texto constitucional deberá pasar un control de convencionalidad para respetar sus compromisos pre-adquiridos a través de la firma de distintos tratados internacionales. En un primer punto, es necesario incluir una cláusula de igualdad que vaya más allá de la igualdad formal. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) establece la obligación de los Estados de consagrar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, pero también de adoptar medidas que permitan garantizar el ejercicio y goce del derecho a la igualdad (artículos 2 y 3). Prácticamente todas las constituciones de América Latina incluyen una cláusula de igualdad entre hombres y mujeres, sin embargo, solamente algunas contemplan la igualdad sustancial en el texto constitucional, como es el caso de la Constitución colombiana (artículo 13, segundo párrafo) y la ecuatoriana (artículo 66, numeral 4), y en Europa tenemos el ejemplo de la Constitución alemana (artículo 3). Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió en el Caso Atala Riffo y Niñas v. Chile que el Estado tiene, entre otros, el deber de proteger a su ciudadanía frente a actuaciones y prácticas de terceros que generen, mantengan o favorezcan situaciones discriminatorias. La Corte también se ha pronunciado en otros casos sobre la importancia de analizar políticas y normas que en apariencia son neutras, pero que tienen repercusiones negativas en un grupo o personas con características determinadas. Así, independientemente de la “intención” de discriminar, una cláusula de igualdad sustancial permitirá analizar si en la práctica una política o normativa genera efectos discriminatorios.

Aunque de la igualdad sustancial pueden derivarse derechos específicos para proteger a las mujeres, es importante incluir explícitamente algunos de ellos como una postura política. Por ejemplo, será relevante incluir una cláusula de igualdad salarial y protección “reforzada” a personas embarazadas en el ámbito laboral. Constituciones como la de México (artículo 123, artículo V) o la de Colombia (artículo 53) prevén cláusulas similares. Adicionalmente, en el caso de que se conforme un sistema de salud público, se debe reconocer el trabajo no remunerado de cuidado y la posibilidad de que quienes se dedican a este (en su mayoría mujeres) puedan acceder al sistema de salud y pensiones. Al respecto vale la pena mencionar la Constitución de Ecuador, que explícitamente reconoce como “labor productiva” el trabajo de cuidado no remunerado y extiende la protección de seguridad social a quienes realicen dicho trabajo (artículo 333). 

Además, los Estados tienen la obligación de garantizar a las mujeres servicios apropiados en relación con el embarazo, parto y periodo posterior, incluyendo la obligación de proporcionar servicios gratuitos cuando sea necesario (CEDAW, artículo 12). Es relevante el reconocimiento explícito del derecho a la salud sexual y reproductiva. La CEDAW prevé que las mujeres tienen derecho a la atención médica, lo cual incluye la planificación familiar (artículo 12). La decisión de ser madre o padre es un derecho que se deriva de otros derechos tales como el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la vida privada. Así, el Estado Chileno tiene el deber de garantizar no solamente el acceso a servicios de salud, sino también de eliminar las barreras de acceso a esos servicios, a través de la educación e información sobre salud sexual. El Comité de la CEDAW incluso ha invitado a los Estados parte a dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado y a enmendar la legislación con la finalidad de abolir aquellas medidas punitivas impuestas a las mujeres que tengan abortos.

Adicionalmente, la consagración del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia resultará relevante. En la Constitución de Ecuador, por ejemplo, se incluye el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado como parte del derecho a la integridad personal (artículo 66). Al respecto, la Corte Constitucional Colombiana ha dicho que el derecho a una vida libre de violencia es una “posición jurídica”. Dicha posición les permite a las mujeres exigir al Estado, por un lado, que se abstenga de realizar conductas que constituyen violencia contra las mujeres, pero también de desplegar conductas que garanticen que las mujeres no sean víctimas de actos de violencia. En este sentido, existen altas expectativas de la Corte Interamericana en su resolución del caso Bedoya Lima y otra vs. Colombia.

Por último, derivado de las obligaciones establecidas en la CEDAW, el Estado chileno debería incluir en su Constitución la paridad de representación en el poder público y privado. Por ejemplo, la Constitución mexicana prevé en su artículo 35, fracción II, el derecho de la ciudadanía a ser votada “en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular”. Asimismo, la Constitución argentina establece la creación de “acciones positivas” para garantizar la igualdad real de oportunidades en el acceso a cargos electivos (artículo 37). Al respecto, la CEDAW establece que los gobiernos deben tomar medidas apropiadas para eliminar la discriminación de la mujer en la vida política y pública (artículos 7 y 8). Por su parte, el Comité de la CEDAW ha recomendado que los Estados creen y ejecuten medidas temporales especiales para garantizar la igualdad de representación en la esfera política y pública. El lenguaje de la cláusula en este punto será de especial relevancia. La garantía de paridad será lo que permitirá al Congreso, Administración Pública y operadores/as de justicia moldear la manera en que dicho deber se concretará en la realidad. Será el rol de estos, entonces, encargarse de volver la paridad una realidad.

Chile se encuentra en un momento histórico. Tiene la oportunidad de incluir los reclamos históricos de las mujeres en su texto constitucional. Chile puede comenzar esta nueva etapa democrática con una Constitución con perspectiva de género.