Las principales diásporas migratorias en el cono sur de América Latina se generan a raíz de las continuas contracciones económicas de los últimos seis años en Venezuela; y en el caso colombiano, por los conflictos armados y el deterioro de la seguridad en las fronteras, debidos al despliegue de grupos criminales y narcotráfico. Frente a esa situación, la frontera norte del Ecuador presenta una compleja dinámica migratoria, pues es la puerta de entrada de migrantes colombianos y venezolanos que buscan mejorar sus condiciones de vida o encontrar un lugar que garantice su seguridad. 

Ecuador tiene una reputación de país progresista con respecto a la migración, debido a que reconoce en su Constitución, desde 2008, el derecho a migrar. De acuerdo con el artículo 40 de la Constitución, el Estado ecuatoriano debe ofrecer asistencia a los migrantes y a sus familiares; brindar servicios para que esta población pueda ejercer sus derechos; promover la reunificación familiar y el retorno voluntario para incrementar los vínculos con Ecuador; y, entre otros, proteger a las familias transnacionales. Sin embargo, la inserción de la población migrante en la sociedad ecuatoriana es compleja, a raíz de los continuos brotes de discriminación y xenofobia, alimentados por políticos, autoridades y medios de comunicación.

Pese a que la Constitución reconoce el derecho a migrar, en la práctica el Ecuador exige visados para el ingreso a ciudadanos de 24 países, entre ellos ciudadanos afganos, iraquíes, cubanos y venezolanos; y hasta diciembre de 2012, Ecuador exigía el certificado de antecedentes penales para el ingreso de ciudadanos colombianos a Ecuador. Los demás extranjeros pueden entrar al país con pasaporte, en calidad de turistas, y permanecer en el territorio durante 90 días. 

Específicamente en el caso de los venezolanos, se impuso el ingreso y regularización mediante la visa humanitaria, a raíz de un feminicidio ocurrido en la ciudad de Ibarra por parte de un ciudadano venezolano a su pareja embarazada ecuatoriana. Como consecuencia, el gobierno ecuatoriano anunció e implementó medidas para controlar la situación legal de inmigrantes venezolanos. Así, quienes ingresaron con su documento de identidad o pasaporte hasta el 26 de julio de 2019 tuvieron plazo hasta el pasado 23 de agosto de 2020 para realizar un registro migratorio, presentar sus antecedentes penales apostillados, el sello de ingreso al país y el pago de 50 dólares para obtener la visa humanitaria con validez de 2 años. Anteriormente, los venezolanos podían ingresar al país con pasaporte, tarjeta andina y cédula de identidad, debido a la vigencia de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, emitida en enero de 2017, que actualmente está en proceso de reforma en la Asamblea Nacional.

En términos generales y de acuerdo con el Banco Mundial, 370.000 migrantes y refugiados venezolanos ingresaron al Ecuador desde 2016 hasta 2019. Por su parte, la población migrante colombiana oscila entre 250.000 y 500.000 personas, de acuerdo con datos del Ministerio de Turismo. Esta cifra es difícil de procesar debido a que existe un importante subregistro migratorio, y porque la migración colombiana se desarrolla a lo largo de una extensa frontera compartida y poco controlada en sitios de difícil acceso.

En el marco de la pandemia, el 12 de marzo de 2020 Ecuador declaró la emergencia sanitaria y ha tomado un conjunto de medidas de prevención contra la COVID-19. Estas medidas incluyen el estado de excepción, previsto en el artículo 106 de la Constitución, política que obliga a las personas a permanecer en sus hogares y limita el libre tránsito y reunión. Esto ha obligado a la suspensión de la mayor parte de servicios de atención directa de instituciones públicas y privadas que trabajan con grupos vulnerables como: Centros Infantiles del Buen Vivir, que atiende a niños desde los 6 meses hasta los 5 años provenientes de familias en situación de pobreza; el programa estatal Creciendo con Nuestros Hijos, que ofrece atención integral a niños de 0 a 5 años y a sus familias; y, entre otros, la atención en comedores comunitarios o albergues temporales para personas de escasos recursos. Esta situación afecta a las personas en condiciones de movilidad humana que se encuentran domiciliadas en el país y también a aquellas que están en tránsito y no cuentan con una red de apoyo ni recursos para acceder a un lugar seguro y digno donde pernoctar.

Antes de la emergencia de la pandemia, el 60% de los venezolanos en el país se dedicaban al comercio informal, es decir, no contaban con empleos e ingresos fijos y tampoco con seguridad social. En ese contexto, la emergencia sanitaria complejiza aún más la situación de las familias migrantes. Los decretos emitidos por el gobierno señalan que se están realizando esfuerzos constantes para garantizar el acceso a bienes y servicios para afrontar el aislamiento; entre ellos, el decreto 1017, que garantiza la provisión de servicios gubernamentales y faculta la entrega de un bono de protección familiar por emergencia a familias de escasos recursos. Sin embargo, a 4 meses de la declaratoria de la emergencia sanitaria, la cantidad de familias que han perdido sus empleos asciende a 270.000 de un total de 2.66 millones de empleados afiliados al Seguro Social, lo que representa el 8.2% de los empleados afiliados a la Seguridad Social. Sin embargo, hay que tener presente que este porcentaje no incluye autoempleos y empleos informales que también se han perdido a causa de la pandemia y que, como se acaba de decir, son a los que mayoritariamente se dedican los migrantes venezolanos. Por tanto, es evidente lo vulnerable de su situación.

Por ello, no sorprende que desde ACNUR se señale que, entre los grupos poblacionales más afectados por la pandemia en Ecuador, se encuentra la población migrante, pues gran parte de estas personas están subempleadas o realizan trabajos precarizados. 

Esta es la realidad que afecta los derechos de la comunidad migrante asentada en la frontera norte de Ecuador, un lugar que históricamente se dedica al comercio binacional y cuya economía se ha visto contraída por las políticas de confinamiento. Un estudio presentado por el Grupo de Trabajo de Refugio y Migración, GTRM, señala que la canasta básica mensual para familias en movilidad humana, calculada para cinco miembros, tiene un valor de 658 dólares; en tanto que una canasta básica para una familia ecuatoriana ronda los 716,14 dólares.  

Se trata de una cantidad considerable de dinero, que en condiciones extraordinarias como las actuales se torna más difícil de cubrir. Frente a esta situación, las organizaciones no gubernamentales y agencias de cooperación internacional están implementando proyectos de ayuda humanitaria y medios de vida con enfoque de movilidad humana, complementarias a las acciones gubernamentales, entre las que se incluye la asistencia técnica a pequeños productores y emprendedores, créditos para micro, pequeñas y medianas empresas al 5% de interés, para generar oportunidades para las familias migrantes que optaron por quedarse a vivir de sus emprendimientos o de las ventas ambulantes.

Aun así, el desplome de las economías locales ha obligado a las familias migrantes a pedir dinero en las calles, arriesgándose a contraer la enfermedad y contagiar a sus familias; mientras que otros tantos han decidido retornar a su país de origen. Algunas familias migrantes colombianas y venezolanas, principalmente, han iniciado el éxodo de retorno a su país desde varios puntos de Ecuador y Perú, pese al cierre de las fronteras, realizando su trayecto a través de caminos irregulares. Reportes locales señalan que aproximadamente 300 personas cruzan diariamente la frontera norte de forma irregular. Este dato se corrobora con la información divulgada por las autoridades venezolanas, quienes señalan que al menos 50.000 venezolanos regresaron al país desde el inicio de la pandemia. 

Medios de comunicación también reportan que en la zona de frontera se están usando a migrantes, principalmente venezolanos, para transportar contrabando entre Ecuador y Colombia, actividad que se realiza a cambio de alimentos debido a la necesidad de las familias migrantes ante la pandemia. El contrabando es una actividad cotidiana que se realiza en las fronteras del país, pues históricamente las fronteras del Ecuador se han mantenido marginadas de los polos de desarrollo económico y político. Así el contrabando ha sido por muchos años una fuente de recursos y empleo. Pese a las medidas gubernamentales, esta actividad se ha intensificado actualmente con el cierre de las fronteras y la respuesta del Estado ha sido endurecer los controles mediante el despliegue de más unidades militares en las fronteras identificadas como pasos clandestinos.

Como hemos visto brevemente, el derecho a migrar, tal como se contempla en la Constitución, no se cumple a cabalidad  en el territorio ecuatoriano y específicamente en la frontera norte de Ecuador, lo que significa que la población migrante sufre una profunda desigualdad y vulnerabilidad. Esta situación se hace aún más compleja como consecuencia de la  invisibilización que sufre este colectivo, pues, de acuerdo con un estudio realizado por el  Instituto de Políticas Migratorias, los migrantes que residen en Ecuador afrontan estas condiciones con bajos perfiles políticamente. Esto es así porque prefieren no involucrarse en acciones de participación comunitaria, como una estrategia para insertarse de manera efectiva en la sociedad y no “saltar a la vista”, dado que, con frecuencia, la comunidad ecuatoriana se ha indignado frente a demandas y reclamos públicos de organizaciones migrantes.

Los impactos de la pandemia han repercutido fuertemente en las comunidades de migrantes asentadas en la frontera norte, cuyas necesidades permanecen latentes ante las autoridades. La invisibilización de la población migrante profundiza las condiciones de desigualdad en las que se encuentra y la expone a la enfermedad y a redes delincuenciales, como la trata de personas y el contrabando.