La Justicia sin Venda: La corrupción judicial en América Latina

7 de Marzo de 2024
La Justicia sin Venda: La corrupción judicial en América Latina
Crédito foto: Juan Camilo Herrera

¿Corrupción en la administración de justicia? ¿Cómo está Latinoamérica? ¿Cuáles son las causas y qué hacer?

El contexto de Latinoamérica

La corrupción en América Latina es un fenómeno creciente, generando mayor preocupación en entidades como los cuerpos de policía y la justicia penal. Sobre esta última, Transparencia Internacional (TI) define la corrupción judicial como “toda influencia inapropiada ejercida por cualquier actor del sistema de tribunales sobre la imparcialidad del proceso judicial”.

En 2007, el Informe Global de la Corrupción de TI arrojó que países de la región como México, Perú y Venezuela se encontraban entre los 20 países en donde se empleaba de forma recurrente el soborno a fin de obtener acceso a la justicia o un resultado “justo” en un tribunal. Para 2023, las Américas presentan un estancamiento en los altos índices de corrupción: en una escala del 0 al 100 siendo 0 muy corrupto y 100 sin ápice de corrupción, la región presenta, como media, 43 de 100. Así mismo, la región presenta índices bajos de capacidad de combatir la corrupción según el índice elaborado por Control Risks.

Una de las causas de estos incrementos de corrupción regional ha sido el aumento de la capacidad de cooptación de los grupos de crimen organizado. En las últimas décadas, la criminalidad se ha diversificado, especializado y globalizado. Bajo este contexto, como señala Gary Becker en su obra Economía del Crimen (1995), una persona es más propensa a cometer un delito si la utilidad esperada excede la utilidad que podría obtener usando su tiempo y recursos en otras actividades. Generando una distorsión de la capacidad disuasiva de la pena. Como lo resalta la teoría de criminología ambiental: en ausencia de controles y castigos, se reduce el riesgo para el infractor y se genera la oportunidad para la comisión del delito.

La concepción clásica del Estado de Derecho se basa en un sistema de pesos y contrapesos, en el cual todos los poderes públicos se controlan entre sí, para evitar el abuso de poder por parte de uno de ellos. La rama más débil del poder público es la rama judicial, no sólo porque depende del ejecutivo para hacer efectiva sus decisiones, sino porque carece de la legitimidad democrática que fundamenta tanto al poder ejecutivo como al poder judicial. En una democracia liberal, el poder soberano reside en el legislativo, como representante del pueblo, y, por ello, quienes conforman el poder judicial se deben someter al imperio de la ley. En esta concepción, los jueces se limitaban a ser la boca de la ley y a resolver las disputas con referencia única y exclusivamente al texto legal.

Sin embargo, desde el realismo jurídico norteamericano, y sobre todo desde los estudios críticos del derecho, se ha comprendido que la judicatura no se somete solamente a la ley, sino que los jueces y las juezas en sus decisiones reflejan sus actitudes políticas y sus concepciones del Estado. Esto no hace que su trabajo sea ilegítimo, sino que nos obliga a conocer la visión política de quienes integran la judicatura para poder predecir las decisiones y garantizar su racionalidad. En la medida en que el derecho es política, debe buscarse la mejor concepción de ella en la Constitución política y, por ello, jueces y juezas progresistas se han basado en los textos constitucionales para inaplicar leyes que consideran injustas y violatorias de los derechos fundamentales.

La justicia como contrapeso y lucha contra contra la corrupción

En la década del 80 y del 90 esta concepción del derecho fue puesta a prueba. La corrupción en muchos países era generalizada y los jueces se convirtieron en la única barrera de protección del Estado de Derecho. Ante el fracaso de los parlamentos por representar debidamente al pueblo, la ciudadanía llevó sus reclamos ante los jueces, para que desde la justicia se luchara contra la corrupción de los agentes del Estado. Son conocidos los casos italianos y español en el que los jueces se convirtieron en los líderes de la lucha contra la corrupción. En Italia, por ejemplo, el proceso mani pulite se convirtió en el espacio de lucha contra la corrupción política y contra la captura del poder legislativo por parte de las mafias.

En América Latina, la corrupción del poder político ha sido endémica y ha penetrado al poder ejecutivo y al poder legislativo. En las dos últimas décadas, el papel de los jueces ha sido crucial en la defensa de los derechos humanos, con la sanción de los miembros de gobiernos autoritarios que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, como ha sido el caso en Argentina, Chile y Uruguay; con el control al deseo del ejecutivo de extender su mandato de manera inconstitucional, como fue el caso de los gobiernos de Fujimori en Perú y de Uribe en Colombia;  y con la persecución al crimen organizado, incluso con riesgo para sus propias vidas, como ha sido el caso en México y en Colombia (Ver al respecto: Ocanto, 2016; Feierstein, 2015; Lessa, 2022; DeGregori, 2016; Sánchez Rivera, 2012; Trejo & Ley, 2022).

La confianza minada frente a la administración de justicia en la región

 El poder judicial se había convertido en el baluarte de la democracia en América Latina. Pese a los problemas de recursos económicos, que afectaban su eficiencia, se daba un compromiso por servir de control del poder político y por ejercer de la mejor manera posible su labor de contrapeso.  Sin embargo, en los últimos años se han conocido casos de corrupción judicial en la región que han minado la confianza de la ciudadanía en la justicia, en especial en la justicia penal.

En Colombia, por ejemplo, se conoció el caso del cartel de la toga, en el cual algunos jueces de la Corte Suprema recibían dinero a cambio de decisiones favorables a una de las partes del proceso. Esto se conoció gracias a la colaboración con la justicia de uno de los cómplices del cartel, el fiscal anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación.  Esta institución también ha sido objeto de críticas, debido a los presuntos nexos del crimen organizado con algunos altos funcionarios sin que, a la fecha, se hayan tomado las medidas necesarias para una adecuada depuración de la institución.

En Perú también se han presentado actos de corrupción como el caso Odebrecht, en donde dos fiscales especializados fueron destituidos por presiones de políticos y posteriormente reintegrados luego de las acusaciones al fiscal Pedro Chávarry de “encubrir” a la líder opositora Keiko Fujimori y el expresidente Alan García. El homicidio del fiscal antimafia paraguayo, Marcelo Pecci, ocurrido en unas playas de Colombia en 2022 es un ejemplo de la estrategia del crimen organizado cuando la estrategia de la corrupción falla, emplean la violencia.

Así mismo, es cierto que la justicia siempre ha tenido un sesgo de clase muy claro, al punto que se entiende que la justicia es solo para los pobres y que el aparato judicial está para beneficiar a los poderosos y para perjudicar a las clases subalternizadas. Los estudios de la criminología crítica en la década de los ochenta mostraban cómo desde la definición legal se establecían barreras que hacían imposible el juzgamiento y condena de los poderosos responsables de delitos. También es conocido el sesgo racial y de género de la judicatura. Pero lo que es nuevo en esta corrupción del poder judicial y de los jueces penales, es que no son actos aislados, sino que las instituciones aparecen capturadas por los corruptos para beneficiar a un grupo determinado de criminales (Al respecto, ver: Sandoval Huertas, 1985; Alexander, 2020; Sugarman, 1983; Benavides Vanegas (ed), 2017).

Las causas estructurales que subyacen

¿Cuáles son las causas de esta debacle del poder judicial? En primer lugar, los procesos de selección, que están determinados políticamente y con convocatorias que son en apariencia abiertas pero que, al final, dependen de la valoración subjetiva de quienes seleccionan a los candidatos y de quienes eligen a los jueces. Lo que antes se concebía como una suerte de aristocracia judicial, adonde llegaban los mejores jueces a los cargos más altos, se ha convertido en una kakistocracia, esto es, el gobierno de los más ineptos e incompetentes (Al respecto, ver: Bergalli, 1999; Gómez Calderón, 2018; Carvajal Martínez, Hernández Díaz, & Rodríguez Martínez, 2019).

Adicionalmente, en gran parte de los Estados de la región, los miembros de las altas cortes son seleccionados por el poder legislativo o por cuerpos dependiente de él, con lo que se afecta la independencia del poder judicial y se les pone en riesgo de ser permeables a las presiones de los congresistas o de intereses a los que ellos representan.

Adicionalmente, la proliferación de facultades de derecho, con malos profesores y con pésima formación académica y ética, hace que quienes terminan llegando a los cargos de jueces y juezas no estén bien preparados moral y jurídicamente y que vean en el cargo judicial una oportunidad para enriquecerse en el menor tiempo posible.  Desde hace muchos años se habla de una reforma a la justicia. Pero ello no puede hacerse sin un adecuado diagnóstico del problema y sin estar dispuesto a que la reforma sea integral, comenzando con las instituciones en las que se preparan los abogados y abogadas que luego integrarán la rama judicial.

Citación académica sugerida: Benavides Vanegas, Farid Samir y Torres Pinzón, María Paula. La Justicia sin Venda: La corrupción judicial en América Latina. Agenda Estado de Derecho. 2024/03/07. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-corrupcion-judicial-en-america-latina/

Palabras clave: Corrupción, justicia, Latinoamérica

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ACERCA DE LOS AUTORES
Farid Samir Benavides Vanegas, PhD

Profesor de Justicia Transicional del Departamento de Filosofía – Universidad Nacional de Colombia

María Paula Torres Pinzón, MA

Académica independiente

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.