¿Cuáles son los aportes de Antônio Cançado Trindade en el proceso de humanización del Derecho Internacional?
El presente artículo es parte del especial sobre el legado de Antônio Augusto Cançado Trindade en alianza con los portales Afronomicslaw y Opinio Juris.
En este post, la autora destaca las contribuciones de Cançado Trindade como juez y académico. Al analizar su trabajo como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia, la autora destaca sus esfuerzos por transformar las normas procesales y sustantivas en herramientas, y no en barreras, para el acceso de las víctimas a la justicia.
Para rendir homenaje al pensamiento y a la acción del Profesor y Juez Antônio Cançado Trindade, mi post original fue escrito en francés. Él fue un políglota formidable y erudito de mente universal, el antiguo Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), elegido después para la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ha influido profundamente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) – tanto en su comprensión teórica como en su práctica, partiendo de una idea a priori simple que fue desarrollada por la CIJ en su Opinión Consultiva de 1951 sobre las Reservas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio: que los instrumentos de derechos humanos no son tratados internacionales como los demás.
El desarrollo normativo del DIDH, a partir de 1948, y la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, alimentarían la «humanización del derecho internacional público», lejos del paradigma Estado-céntrico de siglos anteriores con consecuencias monstruosas para la Humanidad. Este es el núcleo de lo que describe el Prof. Cançado Trindade y el punto de partida que adopta en su conferencia -en todos los sentidos de la palabra- en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, pronunciada en 2005, sobre La humanización del Derecho Internacional: Hacia un nuevo Jus Gentium. Esta ha sido también su incansable lucha teórica y práctica: situar a la persona humana en su forma más vulnerable y frágil -la de la víctima de la arbitrariedad y la violencia del Poder- en el centro de un orden jurídico internacional en el que los Estados le dejan poco espacio.
Sin embargo, el profesor no es «sólo» un profesor. No es sólo el intelectual o el filósofo que observa los asuntos de la ciudad, analiza, critica y prescribe. El Profesor Cançado Trindade es también el Juez Cançado Trindade, profundamente convencido de que el sufrimiento humano, la desigualdad, la violencia, las relaciones de dominación basadas en el género, el color de la piel, la discapacidad o la situación económica, las injusticias pasadas y presentes en nombre de la colonización, el acaparamiento de la riqueza y de las tierras de los pueblos indígenas, en una palabra, el acceso a la justicia de los que más lo necesitan, pueden contribuir a reparar estas relaciones desiguales. Los tribunales -nacionales e internacionales- tienen su papel que desempeñar en la «realización común» de la justicia, como escribió en otra de sus conferencias ante la Academia.
Su inmensa labor -tanto doctrinal como de juez a través de sus legendarios votos particulares en decisiones de la Corte IDH y de la CIJ- es difícilmente resumible.
No obstante, lo que puede destacarse es el hecho de que su enfoque doctrinal y práctico de un Derecho internacional público basado en la persona, es tanto un método de interpretación y aplicación del Derecho (a seguir por la práctica), como un ideal a alcanzar (a desarrollar por la doctrina). He criticado en el pasado que, a veces, en los escritos doctrinales o en los votos particulares del Juez Cançado Trindade, el método no siempre estaba bien separado del ideal, de modo que el Juez parecía estar describiendo lo que es, cuando en realidad se trataba más bien de una aspiración del Profesor sobre lo que debería ser el orden jurídico internacional.
Me parece que la profunda huella del pensamiento y de la acción de Cançado Trindade en el DIDH, toca todas las áreas del Derecho. En primer lugar, esta el elemento normativo, en el sentido de que su enfoque e interpretación de la formación de la costumbre, del jus cogens, del lugar de la voluntad del Estado y de la expresión de su consentimiento, que han estado en el centro de importantes decisiones como la Opinión Consultiva No. 18 de la Corte IDH, resuenan e invitan a reflexionar sobre la filosofía defendida por el DIDH contemporáneo. Es una lástima que la Comisión de Derecho Internacional, en sus reflexiones sobre la identificación de la costumbre o jus cogens, no haya entablado una discusión teórica profunda con el DIDH sobre estos aspectos.
En segundo lugar, está el elemento subjetivo -en el sentido de los sujetos del Derecho Internacional-. Desde este punto de vista, Cançado Trindade fue un formidable defensor del reconocimiento del individuo como sujeto de derecho internacional en el plano teórico y, como juez, lo amplió trabajando, paso a paso, por el reconocimiento de un lugar procesal a las víctimas en el procedimiento ante la Corte IDH. Este locus standi, que no era evidente en el litigio interamericano, ha sido establecido, particularmente gracias a su pugnacidad, y está ahora consagrado en las reglas de procedimiento de la Corte IDH.
También se debe destacar su contribución en materia procesal. Sus aportes a los litigios internacionales sobre derechos humanos en relación con la prueba, la cuestión de las medidas provisionales o las reglas de competencia de los órganos (en particular ratione temporis y ratione materiae) son notables. Es una de las pocas personas que ha comprendido que el procedimiento puede servir -positiva o negativamente- a un proyecto axiológico y que lo ha puesto en práctica.
Su posición, casi única como teórico y práctico, le ha permitido comprender, por ejemplo, que la cuestión de la competencia temporal de un órgano, en relación con violaciones pasadas, dista mucho de ser una cuestión técnica y poco atractiva: conlleva una determinada concepción de la justicia, como tan acertadamente escribe en su voto particular del caso de las Hermanas Serrano Cruz, de modo que las decisiones adoptadas en este ámbito nunca son neutrales. Del mismo modo, fue uno de los primeros autores y jueces en comprender y teorizar la importancia de las medidas cautelares como instrumentos de acceso a la(s) ley(es), que hoy inspiran a otros órganos como el Comité de los Derechos del Niño.
Cuando la competencia material de un órgano ha sido cuestionada por el Estado, él y sus colegas de la Corte IDH han utilizado la firmeza y la creatividad jurídica para fortalecer la posición del Tribunal. En estos tiempos de críticas al activismo judicial de algunos tribunales de derechos humanos, vale la pena reflexionar sobre el equilibrio entre «convicción y responsabilidad» que siempre ha guiado el trabajo del teórico y juez Cançado Trindade.
Por último, debo resaltar su contribución hacia la obligatoriedad del Derecho internacional. Es mérito de Cançado Trindade que, en los casos de violaciones graves y masivas de los derechos humanos vinculadas a la Operación Cóndor, por ejemplo, o a las exacciones cometidas contra las comunidades mayas en Guatemala, haya reavivado en la práctica las reflexiones sobre los crímenes de Estado, la responsabilidad agravada o los daños punitivos en materia de reparación, que la Comisión de Derecho Internacional dejó en suspenso en sus propios trabajos sobre la responsabilidad de los Estados. Como la impunidad es profundamente contraria a su creencia -el término está deliberadamente elegido- en el derecho de todo individuo a acceder a la ley, tampoco es de extrañar que fuera durante su presidencia de la Corte IDH cuando se desarrollara el concepto de control de convencionalidad.
Debo resaltar que se debe dar ejemplos relacionados con la interpretación sustantiva de los derechos que hizo Cançado Trindade: la noción de integridad espiritual de las comunidades indígenas, la protección de los derechos de los niños, los vulnerables entre los vulnerables, o los migrantes indocumentados. Sin embargo, su legado más importante me parece que es el profundo respeto que el juez Cançado Trindade tenía por las víctimas de violaciones de los derechos humanos. De ahí su desacuerdo –mejor dicho, indignación– con el tiempo que tardó la CIJ en ocuparse de las reparaciones en el caso de las Actividades Armadas en el Territorio del Congo.
La evolución procesal actual -y, en particular, el aumento sin precedentes de las solicitudes de intervención de Estados que no son parte en los procedimientos- en los casos Gambia c. Myanmar o Ucrania c. Rusia ante la CIJ, son quizá una prueba de este Nuevo Jus Gentium en acción. Con ocasión del caso de caza de ballenas en la Antártica, el juez Cançado Trindade anunció que este «resurgimiento de la intervención, que forma parte del universo conceptual del derecho de gentes, es un buen augurio para la buena administración de la justicia, una justicia atenta no sólo a las necesidades de los Estados directamente interesados, sino también a las de la comunidad internacional en su conjunto». En el mismo voto particular, compartió sus reflexiones más generales sobre el sentido del trabajo del abogado, forzosamente frustrante pero también, a veces, «marcado por destellos de luz» (párrafo 76).
Su obra doctrinal y práctica ofrece innegablemente estos destellos de luz al pensamiento jurídico internacional.
Nota: Artículo originalmente publicado en francés, en el portal Afronomicslaw, el 5 de diciembre de 2022. Ver: https://www.afronomicslaw.org/category/analysis/le-droit-international-des-droits-de-lhomme-au-service-des-individus-prendre-le
Citación académica sugerida: Tigroudja, Hélène. El Derecho internacional de los derechos humanos al servicio del individuo. Tomarse en serio el nuevo Jus gentium. 2023/06/01. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-derecho-internacional-de-los-derechos-humanos-al-servicio-del-individuo/
Catedrática de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de Aix-en-Provence (Universidad Aix-Marsella) y Hauser Global Professor en la Universidad de Nueva York. Miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.