En una sentencia reciente de mayo de 2023, la Corte IDH abordó nuevamente las temáticas de detención arbitraria, tortura en detención e impunidad persistente por estos hechos; en su análisis, se limita estrictamente a los alegatos de las partes y a aplicar su jurisprudencia ya establecida. El caso Jorge Luis López Sosa vs. Paraguay trata sobre la detención arbitraria, tortura y violación a las garantías judiciales en perjuicio de la víctima. A la fecha de los hechos, en mayo de 2000, López Sosa era oficial inspector de policía. El 18 de mayo de ese año hubo un intento de golpe de Estado perpetrado por un sector del Ejército, durante la administración del entonces presidente Luis González Macchi (párr. 19 de la sentencia).

Ese día, López Sosa prestó servicio como policía a solicitud de su superior jerárquico, a pesar de ser su día libre; al día siguiente, fue llamado a la comisaría, detenido, interrogado y torturado por haber desarrollado un presunto papel en el intento de golpe. Permaneció bajo distintos regímenes de detención hasta diciembre de 2000, donde sufrió malas condiciones de detención y tortura. Tras procedimientos disciplinarios y penales que se abrieron en su contra, fue sancionado administrativamente y dado de baja de la Policía Nacional. Posteriormente, fue reincorporado a la Policía en 2003 y, a la fecha de la sentencia, se desempeña como comisario principal.

La Corte IDH determinó que su detención fue arbitraria de conformidad con la legislación ordinaria vigente Esto pese a la existencia de un estado de excepción en el país entre mayo y junio de 2000. El Estado alegó que la detención fue legal bajo la normativa ordinaria, por lo que la Corte no analizó el régimen de excepción en este caso. Además, se indicó que López Sosa fue víctima de tortura en detención y que se violó el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial debido a falencias en el proceso de investigación, por ejemplo, el incumplimiento de algunos de los procedimientos señalados en el Protocolo de Estambul (párr. 119). Por último, se estableció la violación del plazo razonable.

Al respecto, López denunció prontamente las torturas a las que fue sometido, las que se investigan desde junio de 2000. De la lectura de la sentencia, se entiende que por ser uno de los presuntos responsables de las torturas el entonces Ministro del Interior, Walter Bower, la judicialización de la causa ha seguido un camino tortuoso en la jurisdicción interna con múltiples apelaciones interlocutorias que han demorado el proceso, principalmente de los imputados. Destaca, además, una apelación del Ministerio Público a mediados de los 2000, que demandó exitosamente la inconstitucionalidad de la prescripción del delito de tortura (párr. 52). En 2021, una Corte de apelaciones revirtió la sentencia de primera instancia de 2019, que absolvió a los imputados y ordenó se realice un nuevo juicio por lo que, hasta la fecha, los hechos siguen en la impunidad (párr. 58).

Este proceso interno también da luces sobre cómo el caso llegó a la Corte IDH. De la sentencia y el informe de fondo de la CIDH, se entiende que el Estado se negó a cumplir las recomendaciones de la CIDH, por considerar que el proceso penal interno por tortura seguía pendiente ante el Poder Judicial. Al no existir perspectivas de cumplimiento de las recomendaciones, la CIDH decidió enviar el caso a la Corte IDH. Vale aclarar que esta posición del Estado se basa en una interpretación errónea del Derecho internacional, pues aceptar la responsabilidad estatal por las torturas cometidas en perjuicio de una persona, no implica prejuzgar la responsabilidad penal de un determinado individuo. Esta última deberá ser juzgada en la jurisdicción interna. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el derecho penal, persiguen fines distintos.

Por otra parte, destaca que, en diversos momentos de la sentencia, la Corte IDH se muestra renuente a valorar argumentos y extremos del caso que no fueron expresamente alegados por las partes; tanto sobre el régimen de estado de excepción, como otros momentos procesales posteriores a la detención inicial, como algunas pretensiones en materia de reparaciones (por ejemplo, la atención en salud) (ver párrs. 141-144). Asimismo, el análisis jurídico que realiza se limita estrictamente a la aplicación de los estándares y tests previamente establecidos. En tal sentido, no sienta nuevos estándares en la materia. Esto, a su vez, evidencia el papel importante que juegan los representantes de las víctimas para presentar alegatos y argumentos a los que la Corte IDH deberá responder, contextualizar los hechos e impulsar el desarrollo de nuevos estándares. Este rol cobra una relevancia mayor frente a las realidades y violaciones estructurales de derechos humanos que se viven en la región.

Diversos mecanismos de las Naciones Unidas han expresado preocupación en años recientes por la continuidad de la tortura bajo custodia policial y la falta de debida diligencia en la investigación de denuncias de tortura en Paraguay, además de la grave situación actual en las cárceles paraguayas mencionada al inicio de este artículo. Esto demuestra la actualidad de las violaciones abordadas en la sentencia de López Sosa, así como la importancia de que se den respuestas integrales para prevenir su repetición.