¡Justicia climática ya!: Estados y juventudes del mundo llevarán el cambio climático a la Corte Internacional de Justicia

7 de Febrero de 2023
¡Justicia climática ya!: Estados y juventudes del mundo llevarán el cambio climático a la Corte Internacional de Justicia
Foto de PISFCCC/WYCJ.

La Corte Internacional de Justicia podría emitir una opinión consultiva con respecto a los impactos del cambio climático, ¿qué implicancias tiene esto y cuál es su importancia?

Tal y como lo ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la emergencia climática expone y profundiza las inequidades existentes entre personas y entre Estados. En este sentido, es paradójico que quienes menos han contribuido a causar esta emergencia, son quienes sufren con mayor intensidad sus más desastrosos eventos. A su vez, los tratados internacionales sobre el clima y las negociaciones políticas que se enmarcan en ellos, no han sido efectivas en revertir los impactos más graves del cambio climático.

No debe extrañar, por lo tanto, que cada vez más personas de todo el mundo reclamen el respeto a sus derechos humanos frente a los impactos de la crisis climática, ante los tribunales nacionales y organismos internacionales. A la fecha, se contabilizan múltiples casos resueltos en el Sistema Universal de Naciones Unidas (p. ej, caso Billy y otros Vs. Australia y Teitiota y otros Vs. Nueva Zelanda del Comité de Derechos Humanos), así como varios casos pendientes de resolución ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (p. ej, Duarte Agostino y otras Vs. Portugal y otros 32 Estados, y KlimaSeniorinnen Schweiz y otras v. Suiza). En todos ellos, los demandantes alegan violaciones a sus derechos humanos por los efectos del cambio climático, así como por la inacción estatal para hacerle frente a este fenómeno.

A ello se le suman movimientos simultáneos para solicitar a tribunales internacionales aclarar las obligaciones internacionales de los Estados frente al cambio climático, como las solicitudes de opiniones consultivas al Tribunal Internacional del Derecho del Mar y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, ante la aparente fragmentación del Derecho Internacional Público concerniente al cambio climático, y frente a la urgente necesidad de un pronunciamiento contundente que coadyuve las negociaciones de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el movimiento global para solicitar una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) adquiere aún mayor relevancia.

De las aulas a la Corte: un movimiento por y para las personas jóvenes

Los pequeños Estados insulares enfrentan un verdadero riesgo de desaparición como consecuencia del alza del nivel del mar. Ello tiene implicaciones gravísimas para su población, sobre todo tomando en cuenta la relación de los pueblos indígenas con sus tierras en dichos territorios. Ya en 2012, Palau había intentado acudir a la CIJ para pedirle su opinión sobre la responsabilidad internacional que tenían los Estados, frente al daño que causa el cambio climático. Este intento fue frenado por varios países, incluyendo a los Estados Unidos de América, interesados en limitar las discusiones sobre responsabilidad y compensación frente al cambio climático.

Ocho años después, un grupo de 27 estudiantes de las islas del Pacífico, inspirados en el antecedente de Palau, iniciarían lo que se convertiría en el movimiento global de justicia climática para pedir al tribunal más importante del mundo, aclarar el derecho aplicable al cambio climático. Esta vez, la pregunta estaría centrada en los impactos del cambio climático sobre los derechos humanos de todas las generaciones presentes y futuras.

Los Estudiantes de las Islas del Pacífico Luchando contra el Cambio Climático llevaron esta idea a autoridades de Vanuatu, otro Estado insular que se convirtió en el país líder de la estrategia diplomática para tales esfuerzos. A su vez, juventudes de todos los continentes se agruparon en una red global en apoyo a este movimiento, la Juventud del Mundo por la Justicia Climática.

¿Por qué una Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia?

A diferencia de los procedimientos contenciosos, las opiniones consultivas no resuelven un caso concreto. Las opiniones consultivas buscan que un tribunal internacional aclare una cuestión jurídica no explícitamente prevista en el texto de un tratado o en una regla del Derecho Internacional consuetudinario. Si bien estas opiniones no constituyen, per se, una fuente vinculante de Derecho, constituyen guías legales importantes para el desarrollo del Derecho Internacional.

La CIJ es el tribunal internacional principal de la ONU. Como tal, sus decisiones son altamente influyentes, y cuentan con amplia legitimidad jurídica y política. Las opiniones consultivas de la CIJ pueden ser solicitadas por la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad y otras agencias de la ONU.

En el caso específico del cambio climático, solicitar a la CIJ una opinión consultiva puede resultar más estratégico que iniciar procedimientos contenciosos, los cuales presentan dificultades excepcionales de jurisdicción. Además, mediante un criterio consultivo, no es requerido establecer relaciones de causalidad específicas para determinar la posible responsabilidad internacional de un Estado por los efectos del cambio climático.  Al respecto, en el caso Sacchi y otros Vs. Argentina, el Comité de los Derechos del Niño fue enfático al señalar que la naturaleza colectiva de la causación del cambio climático no absuelve a los Estados de su responsabilidad individual.

Las preguntas en negociación

Los gobiernos de Vanuatu, Costa Rica y Alemania, junto con otros Estados, han redactado el borrador de resolución que será presentada a la Asamblea General. En dicho borrador, se pide a la CIJ interpretar distintos tratados internacionales, incluyendo los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la CMNUCC, y el Acuerdo de París.

En concreto, se pide a la CIJ responder:      

“(1) ¿Qué obligaciones tienen los Estados, conforme al derecho internacional, para garantizar la protección del sistema climático y otros elementos del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras?;

 (2) ¿Cuáles son las consecuencias legales, conforme a estas obligaciones, para los Estados que, con sus actos y omisiones, han causado un daño considerable al sistema climático y otros elementos del medio ambiente, con respecto a: (a) los pequeños Estados insulares en desarrollo y otros Estados que, debido a su ubicación geográfica y su grado de desarrollo, se ven perjudicados o especialmente afectados por —o son particularmente vulnerables a— los efectos adversos del cambio climático; (b) los pueblos y las personas de las generaciones presentes y futuras que sufren las consecuencias de los efectos adversos del cambio climático?”.

Esta iniciativa deberá contar con el voto afirmativo de una mayoría simple de la Asamblea General de la ONU (cerca de 97 votos). Hasta ahora, el movimiento ha sido formalmente respaldado por más de 90 Estados y más de 1500 organizaciones de la sociedad civil. Cuenta con un sólido respaldo institucional, incluyendo al Relator Especial sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, y Christiana Figueres, arquitecta del Acuerdo de París.

En noviembre de 2022, el borrador fue presentado a los Estados miembros de la ONU para negociar el contenido final de la resolución, a ser votada en el primer trimestre del 2023.

El potencial de la Opinión Consultiva

Existen múltiples beneficios de que la CIJ se pronuncie sobre el cambio climático, pues ello puede: (i) brindar claridad jurídica sobre las obligaciones en materia de derechos humanos que tienen los Estados frente al cambio climático, especialmente en lo que concierne a la equidad intergeneracional; (ii) empoderar a la sociedad civil para exigir mayor ambición climática a sus Estados; y, (iii) proporcionar una guía legal autorizada para cortes regionales y nacionales frente a litigios climáticos. Además, la opinión de la Corte coadyuvaría a los procesos de negociación en el marco de las COP, integrando los derechos humanos y la justicia climática en su centro.

El gobierno de Vanuatu ha anunciado el apoyo de más de 90 Estados a la resolución, por lo que el panorama político es alentador para conseguir una mayoría simple de la Asamblea General de la ONU y trasladar las preguntas a la CIJ. Sin embargo, es preocupante que, en América Latina, únicamente la República de Costa Rica ha anunciado públicamente su apoyo incondicional a la consulta. En los próximos meses, la presión de la sociedad civil y la academia será clave para mantener la ambición en las preguntas planteadas y garantizar el éxito de la iniciativa, así como para involucrar a los Estados latinoamericanos en este importante debate sobre la justicia climática.

Una vez aprobada la resolución, esta es comunicada por el Secretario General de la ONU a la CIJ. Luego, la Corte invita a todos los Estados miembros de la ONU a presentar observaciones escritas en un plazo flexible y prorrogable, pudiendo también invitar a organizaciones internacionales a hacerlo. Asimismo, las ONG pueden presentar observaciones escritas en los procedimientos consultivos, pero estas son tratadas como publicaciones académicas. Luego, se les invita a una audiencia pública, en el Palacio de la Paz, en La Haya. El procedimiento culminaría con la emisión de la opinión por parte de la Corte, probablemente en el año 2024.

Citación académica sugerida: Rodríguez, José Daniel. ¡Justicia climática ya!: Estados y juventudes del mundo llevarán el cambio climático a la Corte Internacional de Justicia. Agenda Estado de Derecho. 2023/01/07. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-cambio-climatico-a-la-corte-internacional-de-justicia/

Palabras clave: Derechos humanos, Cambio climático, Medio ambiente, Corte Internacional de Justicia, Justicia climática.

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ACERCA DEL AUTOR
José Daniel Rodríguez Orúe

Abogado costarricense. Coordinador del Frente para América Latina de la Juventud del Mundo por la Justicia Climática (World’s Youth for Climate Justice – WYCJ).

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

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Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

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Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.