¡Justicia climática ya!: Estados y juventudes del mundo llevarán el cambio climático a la Corte Internacional de Justicia
7 de Febrero de 2023
La Corte Internacional de Justicia podría emitir una opinión consultiva con respecto a los impactos del cambio climático, ¿qué implicancias tiene esto y cuál es su importancia?
Tal y como lo ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la emergencia climática expone y profundiza las inequidades existentes entre personas y entre Estados. En este sentido, es paradójico que quienes menos han contribuido a causar esta emergencia, son quienes sufren con mayor intensidad sus más desastrosos eventos. A su vez, los tratados internacionales sobre el clima y las negociaciones políticas que se enmarcan en ellos, no han sido efectivas en revertir los impactos más graves del cambio climático.
No debe extrañar, por lo tanto, que cada vez más personas de todo el mundo reclamen el respeto a sus derechos humanos frente a los impactos de la crisis climática, ante los tribunales nacionales y organismos internacionales. A la fecha, se contabilizan múltiples casos resueltos en el Sistema Universal de Naciones Unidas (p. ej, caso Billy y otros Vs. Australia y Teitiota y otros Vs. Nueva Zelanda del Comité de Derechos Humanos), así como varios casos pendientes de resolución ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (p. ej, Duarte Agostino y otras Vs. Portugal y otros 32 Estados, y KlimaSeniorinnen Schweiz y otras v. Suiza). En todos ellos, los demandantes alegan violaciones a sus derechos humanos por los efectos del cambio climático, así como por la inacción estatal para hacerle frente a este fenómeno.
A ello se le suman movimientos simultáneos para solicitar a tribunales internacionales aclarar las obligaciones internacionales de los Estados frente al cambio climático, como las solicitudes de opiniones consultivas al Tribunal Internacional del Derecho del Mar y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, ante la aparente fragmentación del Derecho Internacional Público concerniente al cambio climático, y frente a la urgente necesidad de un pronunciamiento contundente que coadyuve las negociaciones de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el movimiento global para solicitar una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) adquiere aún mayor relevancia.
Los pequeños Estados insulares enfrentan un verdadero riesgo de desaparición como consecuencia del alza del nivel del mar. Ello tiene implicaciones gravísimas para su población, sobre todo tomando en cuenta la relación de los pueblos indígenas con sus tierras en dichos territorios. Ya en 2012, Palau había intentado acudir a la CIJ para pedirle su opinión sobre la responsabilidad internacional que tenían los Estados, frente al daño que causa el cambio climático. Este intento fue frenado por varios países, incluyendo a los Estados Unidos de América, interesados en limitar las discusiones sobre responsabilidad y compensación frente al cambio climático.
Ocho años después, un grupo de 27 estudiantes de las islas del Pacífico, inspirados en el antecedente de Palau, iniciarían lo que se convertiría en el movimiento global de justicia climática para pedir al tribunal más importante del mundo, aclarar el derecho aplicable al cambio climático. Esta vez, la pregunta estaría centrada en los impactos del cambio climático sobre los derechos humanos de todas las generaciones presentes y futuras.
Los Estudiantes de las Islas del Pacífico Luchando contra el Cambio Climático llevaron esta idea a autoridades de Vanuatu, otro Estado insular que se convirtió en el país líder de la estrategia diplomática para tales esfuerzos. A su vez, juventudes de todos los continentes se agruparon en una red global en apoyo a este movimiento, la Juventud del Mundo por la Justicia Climática.
A diferencia de los procedimientos contenciosos, las opiniones consultivas no resuelven un caso concreto. Las opiniones consultivas buscan que un tribunal internacional aclare una cuestión jurídica no explícitamente prevista en el texto de un tratado o en una regla del Derecho Internacional consuetudinario. Si bien estas opiniones no constituyen, per se, una fuente vinculante de Derecho, constituyen guías legales importantes para el desarrollo del Derecho Internacional.
La CIJ es el tribunal internacional principal de la ONU. Como tal, sus decisiones son altamente influyentes, y cuentan con amplia legitimidad jurídica y política. Las opiniones consultivas de la CIJ pueden ser solicitadas por la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad y otras agencias de la ONU.
En el caso específico del cambio climático, solicitar a la CIJ una opinión consultiva puede resultar más estratégico que iniciar procedimientos contenciosos, los cuales presentan dificultades excepcionales de jurisdicción. Además, mediante un criterio consultivo, no es requerido establecer relaciones de causalidad específicas para determinar la posible responsabilidad internacional de un Estado por los efectos del cambio climático. Al respecto, en el caso Sacchi y otros Vs. Argentina, el Comité de los Derechos del Niño fue enfático al señalar que la naturaleza colectiva de la causación del cambio climático no absuelve a los Estados de su responsabilidad individual.
Los gobiernos de Vanuatu, Costa Rica y Alemania, junto con otros Estados, han redactado el borrador de resolución que será presentada a la Asamblea General. En dicho borrador, se pide a la CIJ interpretar distintos tratados internacionales, incluyendo los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la CMNUCC, y el Acuerdo de París.
En concreto, se pide a la CIJ responder:
“(1) ¿Qué obligaciones tienen los Estados, conforme al derecho internacional, para garantizar la protección del sistema climático y otros elementos del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras?;
(2) ¿Cuáles son las consecuencias legales, conforme a estas obligaciones, para los Estados que, con sus actos y omisiones, han causado un daño considerable al sistema climático y otros elementos del medio ambiente, con respecto a: (a) los pequeños Estados insulares en desarrollo y otros Estados que, debido a su ubicación geográfica y su grado de desarrollo, se ven perjudicados o especialmente afectados por —o son particularmente vulnerables a— los efectos adversos del cambio climático; (b) los pueblos y las personas de las generaciones presentes y futuras que sufren las consecuencias de los efectos adversos del cambio climático?”.
Esta iniciativa deberá contar con el voto afirmativo de una mayoría simple de la Asamblea General de la ONU (cerca de 97 votos). Hasta ahora, el movimiento ha sido formalmente respaldado por más de 90 Estados y más de 1500 organizaciones de la sociedad civil. Cuenta con un sólido respaldo institucional, incluyendo al Relator Especial sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, y Christiana Figueres, arquitecta del Acuerdo de París.
En noviembre de 2022, el borrador fue presentado a los Estados miembros de la ONU para negociar el contenido final de la resolución, a ser votada en el primer trimestre del 2023.
Existen múltiples beneficios de que la CIJ se pronuncie sobre el cambio climático, pues ello puede: (i) brindar claridad jurídica sobre las obligaciones en materia de derechos humanos que tienen los Estados frente al cambio climático, especialmente en lo que concierne a la equidad intergeneracional; (ii) empoderar a la sociedad civil para exigir mayor ambición climática a sus Estados; y, (iii) proporcionar una guía legal autorizada para cortes regionales y nacionales frente a litigios climáticos. Además, la opinión de la Corte coadyuvaría a los procesos de negociación en el marco de las COP, integrando los derechos humanos y la justicia climática en su centro.
El gobierno de Vanuatu ha anunciado el apoyo de más de 90 Estados a la resolución, por lo que el panorama político es alentador para conseguir una mayoría simple de la Asamblea General de la ONU y trasladar las preguntas a la CIJ. Sin embargo, es preocupante que, en América Latina, únicamente la República de Costa Rica ha anunciado públicamente su apoyo incondicional a la consulta. En los próximos meses, la presión de la sociedad civil y la academia será clave para mantener la ambición en las preguntas planteadas y garantizar el éxito de la iniciativa, así como para involucrar a los Estados latinoamericanos en este importante debate sobre la justicia climática.
Una vez aprobada la resolución, esta es comunicada por el Secretario General de la ONU a la CIJ. Luego, la Corte invita a todos los Estados miembros de la ONU a presentar observaciones escritas en un plazo flexible y prorrogable, pudiendo también invitar a organizaciones internacionales a hacerlo. Asimismo, las ONG pueden presentar observaciones escritas en los procedimientos consultivos, pero estas son tratadas como publicaciones académicas. Luego, se les invita a una audiencia pública, en el Palacio de la Paz, en La Haya. El procedimiento culminaría con la emisión de la opinión por parte de la Corte, probablemente en el año 2024.
Citación académica sugerida: Rodríguez, José Daniel. ¡Justicia climática ya!: Estados y juventudes del mundo llevarán el cambio climático a la Corte Internacional de Justicia. Agenda Estado de Derecho. 2023/01/07. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-cambio-climatico-a-la-corte-internacional-de-justicia/
Palabras clave: Derechos humanos, Cambio climático, Medio ambiente, Corte Internacional de Justicia, Justicia climática.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
