La ley para una vida libre de violencia para las mujeres en El Salvador está en riesgo de ser derogada

13 de Mayo de 2022
La ley para una vida libre de violencia para las mujeres en El Salvador está en riesgo de ser derogada
Foto: Pixabay

Estas son las razones por las que la ley integral para una vida libre de violencia para las mujeres de El Salvador no debería derogarse.

La ley especial, integral para una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV), es posiblemente, la legislación salvadoreña más avanzada en materia de violencia contra las mujeres. Su aprobación y puesta en vigencia es el resultado de un largo recorrido de organizaciones sociales, así como de la incidencia de instancias internacionales que han trabajado por la armonización de leyes nacionales con normas internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ambas ratificadas por El Salvador

Esta ley tiene como punto de partida, el reconocimiento de las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, que muchas veces se expresan mediante el ejercicio de formas de violencia contra las mujeres, que constituyen una negación de sus derechos humanos y libertades fundamentales. De esta manera, a las      salvadoreñas se les reconoce el derecho a vivir libres de violencia y el Estado asume la responsabilidad de detectar, prevenir, atender, proteger, reparar y sancionar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones.

Más allá de sus aspectos formales, la divulgación y aplicación de la LEIV ha visibilizado diferentes tipos y modalidades en que se manifiesta la violencia contra las mujeres y con ello, muchas de ellas han podido reconocer en su propia experiencia de vida, que estaban viviendo situaciones de violencia que antes simplemente normalizaban y toleraban en soledad y en silencio.

Esta ley, también se ha convertido en una herramienta potente para que organizaciones que defienden derechos de las mujeres, puedan exigir el cumplimiento de los derechos. Al reconocer a las mujeres el derecho a “ser libres de toda forma de discriminación, ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación” (art. 2 LEIV), se abrió un campo de aspiraciones y transformación social de las mujeres, que si bien está aún lejos de convertirse en realidad, creó posibilidades para la construcción de cambios cotidianos y en los imaginarios sociales encaminados hacia la igualdad.

Uno de los mandatos de la LEIV es la creación de la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (art. 16 y 17 LEIV) con la definición de programas en diferentes ámbitos de aplicación. Su carácter integral se ha traducido en el establecimiento de responsabilidades a un amplio número de entidades públicas, como los Ministerios de salud, educación, educación superior, gobernación, trabajo y previsión social, a instituciones colegiadas y a los Concejos Municipales.

Además, ordenó a siete instituciones públicas la creación de Unidades Institucionales de Atención Especializada para las mujeres que enfrentan hechos de violencia. Todo ello, con la responsabilidad explicita de desarrollar procesos de formación de su personal, donde las personas capacitadoras “deberán conocer y transmitir el enfoque de género, enfatizando en las causas estructurales de la violencia contra las mujeres, las causas de desigualdad de relaciones de poder entre hombres y mujeres, y las teorías de construcción de las identidades masculinas” (art. 27 LEIV)

El establecimiento de la Jurisdicción Especializada y la creación de los Tribunales Especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres ha sido otro paso significativo que ha buscado dar “respuesta inmediata a los casos de violaciones de derechos, cometidas en contra de las mujeres”.

Desafíos para su implementación

Diez años de aplicación de la LEIV ponen en evidencia que su cumplimiento exige una profunda transformación de las instituciones del Estado, desde sus titulares hasta los niveles de atención y prestación de servicios directos a la población. Algunas evaluaciones como la realizada en el marco de la Iniciativa Spotlight sostienen la necesidad de incluir la violencia política y obstétrica y      hacer visibles los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Además, recomiendan “mejoras de política públicas, acceso a la justicia, reparación y con la importancia de reflejar la mirada interseccional de las mujeres en leyes y políticas de servicios y administración de justicia”

Este es un desafío al que las organizaciones que defienden derechos de las mujeres, especialmente organizaciones feministas, contribuyen con diferentes herramientas y recursos, formando personal, apoyando la creación de unidades especializadas, construyendo y aplicando indicadores de verificación y monitoreo ciudadano. Esta labor realizada en el marco de la participación ciudadana que son reconocidos en la misma ley.

Pese a que esta ley ha sido reconocida nacional e internacionalmente como un cuerpo normativo progresista, su aprobación y aplicación no han ocurrido sin resistencias e intentos de retrocesos. Por ejemplo, cuando se aprobó la LEIV y se establece el delito de feminicidio y de la violencia feminicida, uno de los puntos de debate era, si desde el Estado se estaba promoviendo un valor diferente a la vida de las mujeres respecto a la vida de los hombres, y si en ese sentido, se trata de una legislación discriminatoria.

Con el tiempo, en debates y explicaciones, estas interpretaciones sesgadas se han ido superando, pues lo que ha pasado en la práctica, es que paulatinamente la LEIV ha permitido sacar de la oscuridad muchas realidades de violencia que las mujeres viven y que han permanecido silenciadas.

En la sociedad salvadoreña continúa predominando una cultura machista, con ello, las reacciones de hombres acostumbrados a no ser cuestionados por “expresiones de violencia contra las mujeres” terminan coincidiendo con algunos debates legislativos recientes en los que parlamentarios argumentan que “la LEIV no sirve y debe ser derogada”.

La violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas es una realidad lacerante que está lejos de ser superada, pero la LEIV es un instrumento que les protege y con el que pueden acudir a exigir el respeto a sus derechos. En este marco resultan sumamente riesgosas las declaraciones de la bancada legislativa oficialista, que, aparentemente con el afán de negar cualquier avance legal o político alcanzado en períodos de gobierno y legislativos que les precedieron, amenacen públicamente con derogar o reformar lo esencial y sustantivo de esta ley, que tanto ha costado a las mujeres.

Pese a todas resistencias y agravios que esta ley ha enfrentado, la LEIV delimita claramente hechos de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas tipificándolas no sólo como conductas indebidas, sino como delitos que deben judicializarse y procesarse mediante sistemas judiciales, políticos y administrativos. Un proceso de revisión y reforma de esta ley podría mejorar su aplicación teniendo como punto de partida los avances que ha significado su existencia para la vida de la población femenina en El Salvador; pero esto sólo será posible si en dicho proceso se involucran y participan activamente quienes estuvieron implicados en su gestación, que conocen y tienen registros de los vacíos en su puesta en marcha.

Organizaciones feministas que acompañan a mujeres que han recurrido a la LEIV consideran que no es una ley perfecta, que sin duda necesita reformas para mejorarla como incluir otras formas de violencia y promover cambios, sobre todo en lo que se refiere a su aplicación, pero que no por eso debería ser derogada. La Bancada Cyan tiene la correlación de votos para derogarla, pero en este caso, aunque tengan los votos, no tienen la razón. Como se sabe, un principio de los derechos humanos es la no regresividad en el reconocimiento y la protección acordada.

Citación académica sugerida: Herrera, Morena. Riesgos ante posible derogatoria de la LEIV en El Salvador, Agenda Estado de Derecho, 2022/03/29. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-ley-para-una-vida-libre-de-violencia-para-las-mujeres-en-el-salvador-esta-en-riesgo-de-ser-derogada/

Palabras clave: El Salvador; LEIV; Violencia de Género

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ACERCA DE LA AUTORA
Morena Herrera

Feminista y activista en la defensa de derechos humanos, participante de diferentes organizaciones nacionales y redes regionales que hacen defensa de los derechos humanos de las mujeres. Socia fundadora de Las Dignas e integrante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local donde actualmente coordina procesos de formación y gestión de conocimientos. Presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto en El Salvador. Egresada de Estudios de Doctorado en Filosofía Iberoamericana en la Universidad de El Salvador la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, con Maestría en Relaciones de Género por la Universidad de Gerona y Maestría en Desarrollo Local UCA. Docente en diferentes procesos de formación universitaria y no formal.

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