En el caso de Guatemala, preocupa especialmente el embate directo a la libertad de prensa, una de las manifestaciones de la libertad de expresión que más repercusiones tiene para la democracia. De entrada, la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege en su artículo 13 la libertad de expresión, estableciendo al menos tres prohibiciones para los Estados: i. la censura previa, ii. las responsabilidades ulteriores desproporcionadas y iii. las restricciones indirectas a la libertad de expresión.

Una consideración especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”), es que los periodistas ejercen profesionalmente la libertad de expresión. En su Opinión Consultiva OC-5/85 sobre la colegiación obligatoria de los periodistas, la Corte señaló que el periodismo “requiere que una persona se involucre en actividades que están definidas o encerradas en la libertad de expresión garantizada en la Convención” (Párr. 72). De ahí que una protección especial deba ser asegurada para quienes hacen de este derecho su modo de vida profesional.

Es así como la criminalización de periodistas y medios de comunicación y la utilización de instituciones estatales para silenciarlos supone una violación grave a la libertad de expresión.     

Pero estas violaciones adquieren tres dimensiones:

i. constituyen una afectación directa al derecho de periodistas y columnistas;

ii. suponen una violación al derecho de todas las personas a buscar y recibir información; y

iii. provocan un efecto amedrentador para otros periodistas y comunicadores, que desincentiva la vigilancia y fiscalización de la labor de funcionarios públicos, los cuales deben estar sometidos a un escrutinio mayor por la importancia que tiene para el bien común las labores que desarrollan.

En principio, resulta evidente que tanto la censura, la imposición de responsabilidades ulteriores (como la criminalización por vía de los procedimientos penales) o las restricciones indirectas a la libertad de prensa afectan directamente a quien ejerce la profesión periodística. Sin embargo, aunque pueda resultar menos obvio, dichas limitaciones también afectan el derecho de los ciudadanos de recibir información.

En su sentencia del caso Vélez Restrepo v. Colombia, la Corte IDH señaló que “la libertad de expresión implica también el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia.” (párr. 138). El mismo criterio fue reiterado en las sentencias de los casos Mémoli v. Argentina (párr. 119) y Lagos del Campo v. Perú (párr. 89), entre otros.