El ataque a la prensa en Guatemala: algunas implicaciones para la democracia en el marco de los estándares interamericanos

18 de mayo de 2023
El ataque a la prensa en Guatemala: algunas implicaciones para la democracia en el marco de los estándares interamericanos
Foto. Pixabay

¿De qué manera los ataques a la prensa en Guatemala afectan la calidad de la democracia y el derecho de los guatemaltecos a estar informados?

Libertad de prensa bajo ataque

Para los autoritarismos, la prensa independiente es siempre una amenaza. La eterna vigilancia y fiscalización son obstáculos para su proyecto de diluir la democracia, de reducirla a su mínima expresión, al mero conteo de votos. Sin embargo, para las democracias, la prensa independiente es un órgano de fiscalización, una garantía de legitimidad de la autoridad.

En su libro “Cómo mueren las democracias” Steven Levitsky y Daniel Ziblatt exponen que la predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluyendo la libertad de expresión, es una de las formas en que se materializa el detrimento a la democracia. En Guatemala, esto está ocurriendo, el autoritarismo va en ascenso y la democracia se está resquebrajando. Los últimos embates a la prensa dan cuenta de ello.

A finales de julio de 2022, el periodista guatemalteco José Rubén Zamora fue detenido en medio de un proceso sumamente controvertido. Aunque las autoridades lo acusaban de lavado de dinero y aseguraban que el caso no tenía nada que ver con su labor periodística, las cuentas bancarias de elPeriódico, el medio de comunicación que dirigía, fueron congeladas y varios de sus empleados detenidos y procesados.

Desde entonces, la comunidad y organizaciones internacionales han mostrado con insistencia su preocupación (también aquí, aquí y aquí) por este caso que tiene mucho de alarmante, y que se gestó no sólo en contra de un periodista (que ya contaba con medidas cautelares de la CIDH, organización que también se mostró preocupada), sino que era además un mensaje claro hacia la prensa y líderes de opinión disidentes. 

Persecución y criminalización como política de Estado

En Guatemala, la criminalización como medida autoritaria no es nada nuevo. Al menos once operadores de justicia han enfrentado proceso penal, más de veinte han sido destituidos de manera ilegítima y al menos veinticuatro han tenido que abandonar el país. Ahora que los abogados, jueces y fiscales que enfrentaron la corrupción se encuentran en el exilio, quiénes se encuentran en riesgo son los medios de comunicación y los periodistas.

A finales de febrero, en medio del proceso judicial, la fiscalía pidió investigar a ocho columnistas y periodistas del mismo medio de comunicación, acusándolos de afectar el honor y reputación de la fiscalía, al escribir sobre las irregularidades del caso Zamora. De acuerdo con la fiscalía, las críticas al proceso pueden constituir un delito de obstrucción a la justicia, castigado hasta con ocho años de prisión.  En respuesta, el juez autorizó la investigación y estas personas podrán ser perseguidas penalmente.

Esto sucede en un contexto complicado a nivel regional: la escalada sin precedentes de la represión periodística en Nicaragua,  el cierre del año pasado como el más mortífero para los periodistas en México, los 15 asesinatos y un número ascendiente de periodistas exiliados en El Salvador, luego de recibir amenazas de funcionarios e instituciones del Estado por su trabajo periodístico . Aunque el deterioro de la democracia en la región no es novedad para nadie, todas estas demostraciones de autoritarismo esconden violaciones a derechos humanos que no deben perderse de vista.

Ataque a la libertad de prensa en Guatemala desde una lectura interamericana

En el caso de Guatemala, preocupa especialmente el embate directo a la libertad de prensa, una de las manifestaciones de la libertad de expresión que más repercusiones tiene para la democracia. De entrada, la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege en su artículo 13 la libertad de expresión, estableciendo al menos tres prohibiciones para los Estados: i. la censura previa, ii. las responsabilidades ulteriores desproporcionadas y iii. las restricciones indirectas a la libertad de expresión.

Una consideración especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”), es que los periodistas ejercen profesionalmente la libertad de expresión. En su Opinión Consultiva OC-5/85 sobre la colegiación obligatoria de los periodistas, la Corte señaló que el periodismo “requiere que una persona se involucre en actividades que están definidas o encerradas en la libertad de expresión garantizada en la Convención” (Párr. 72). De ahí que una protección especial deba ser asegurada para quienes hacen de este derecho su modo de vida profesional.

Es así como la criminalización de periodistas y medios de comunicación y la utilización de instituciones estatales para silenciarlos supone una violación grave a la libertad de expresión.     

Pero estas violaciones adquieren tres dimensiones:

i. constituyen una afectación directa al derecho de periodistas y columnistas;

ii. suponen una violación al derecho de todas las personas a buscar y recibir información; y

iii. provocan un efecto amedrentador para otros periodistas y comunicadores, que desincentiva la vigilancia y fiscalización de la labor de funcionarios públicos, los cuales deben estar sometidos a un escrutinio mayor por la importancia que tiene para el bien común las labores que desarrollan.

En principio, resulta evidente que tanto la censura, la imposición de responsabilidades ulteriores (como la criminalización por vía de los procedimientos penales) o las restricciones indirectas a la libertad de prensa afectan directamente a quien ejerce la profesión periodística. Sin embargo, aunque pueda resultar menos obvio, dichas limitaciones también afectan el derecho de los ciudadanos de recibir información.

En su sentencia del caso Vélez Restrepo v. Colombia, la Corte IDH señaló que “la libertad de expresión implica también el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia.” (párr. 138). El mismo criterio fue reiterado en las sentencias de los casos Mémoli v. Argentina (párr. 119) y Lagos del Campo v. Perú (párr. 89), entre otros. 

¿Qué podemos hacer?

Esta reflexión es sumamente importante para entender cómo los desmanes autoritarios pueden provocar detrimentos a la democracia: los procesos penales arbitrarios contra periodistas con el fin de criminalizarlos constituyen una violación al derecho de los individuos y comunidades de recibir información.

Siempre que exista una opresión al ejercicio periodístico, se afecta también a aquellas personas hacia quienes se dirige la comunicación de noticias, reportajes y opiniones.

En ese sentido, que la fiscalía guatemalteca instrumentalice procesos penales para silenciar a los medios de comunicación que son independientes o critican al gobierno, o la labor de los operadores de justicia constituye una violación al derecho a la libertad de expresión, que abarca la libertad de prensa. Estos ataques debilitan gradualmente la democracia hasta desaparecer, en la medida en que sin prensa independiente no hay límites al poder de los servidores públicos.

Por ello, es urgente que no solo los medios de comunicación, sino toda la población denuncie los embates a la libertad de prensa. Esta denuncia es una defensa no solo del derecho de un grupo de periodistas, sino el de toda la población a recibir información. En suma, la democracia misma está en juego. Sin vigilantes del poder, no hay democracia, y sin democracia no hay derechos.

Citación académica sugerida: Gálvez H, José Javier: El ataque a la prensa en Guatemala: algunas implicaciones para la democracia en el marco de los estándares interamericanos. Agenda Estado de Derecho. 2023/05/18. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-ataque-a-la-prensa-en-guatemala/

Palabras clave: Guatemala, Libertad de prensa, Corte IDH

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ACERCA DEL AUTOR
José Javier Gálvez Hernández

Guatemalteco, estudiante de derecho en la Universidad Rafael Landívar, investigador en materia de derechos humanos, seguridad y justicia.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.