El reconocer la afectación al derecho al domicilio adquiere relevancia en los casos de despojo de las tierras, especialmente en las medidas de reparación que ordena la Corte IDH. Cuando se consideran los elementos del territorio como constitutivos del domicilio –el agua, los bosques, los cultivos, los animales, entre otros–, asegurar a los pueblos indígenas el derecho de propiedad sobre sus tierras, así como garantizar su devolución para su uso efectivo, adquiere otra dimensión, puesto que la ausencia de acciones en ese sentido tendría como resultado la afectación a los aspectos básicos para su subsistencia, así como a una serie de derechos especiales que se reconocen para los pueblos indígenas.

La Corte IDH ha reconocido, en el caso J. vs. Perú, que existe un ámbito personal dentro de la protección de la vida privada, la vida familiar y el domicilio que “debe estar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias”. Este reconocimiento protege elementos fundamentales para su subsistencia más allá de la propiedad en sí, puesto que el domicilio considera cualquier perturbación del territorio y los elementos constitutivos reconocidos por el Comité como una posible violación al derecho, mientras que, en el caso del territorio, se considerarían solamente aquellas afectaciones a la posesión y disposición de las tierras, dejando por fuera este ámbito personal.  

La Corte IDH, a partir del artículo 21 de la CADH, ha establecido el territorio como parte del derecho que tienen los pueblos indígenas a la propiedad colectiva, ordenando en varias sentencias “materializar los derechos territoriales” por medio de “medidas legislativas y administrativas” que resulten en un mecanismo de reconocimiento y devolución de las tierras para su efectivo goce. Esta materialización responde al derecho que tienen las comunidades a controlar y habitar de manera efectiva el territorio, sin interferencias externas.

En el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina, por ejemplo, la Corte encontró responsable al Estado por no haber garantizado el acceso a las tierras y evitado las interferencias arbitrarias en el territorio al pueblo indígena. En estos casos resulta pertinente traer a colación el reconocimiento realizado por el Comité –es decir, la relación entre las tierras y el domicilio en el caso de pueblos indígenas–.

En cuanto al precedente argentino, el Estado había reconocido formal y legalmente el derecho de propiedad. Por lo que el reto consistió  en dotar de seguridad jurídica dicho derecho, adquiriendo aún más preponderancia reconocer el derecho al domicilio que tienen los pueblos indígenas para con su territorio, puesto que implica proteger aquellos aspectos básicos para la supervivencia de estos.

El reconocimiento del CDHNU del domicilio como parte de la relación especial que tienen los pueblos indígenas con sus territorios es una oportunidad para la Corte IDH de considerar este derecho en aquellos casos de pueblos indígenas relacionados con el despojo o perturbación de sus tierras. Ello podría tener como resultado medidas de reparación que resulten en un abordaje integral del territorio indígena y no, como ha sido hasta el momento, como un aspecto únicamente de posesión, tratando de manera aparte los elementos constitutivos del territorio, como lo son los recursos forestales, el agua, la alimentación y las viviendas.

Al considerar el territorio como constitutivo del ámbito personal para los pueblos indígenas –y parte de la vida privada, familia y domicilio– se visibiliza otra dimensión de la tierra y la obligación de los Estados parte de tomar medidas positivas para la protección de esta relación, así como de abordar el territorio desde una perspectiva amplia y no meramente administrativa y legal. Reparar las perturbaciones o despojos de las tierras conllevaría eventualmente programas estatales complejos que integren seguridad jurídica, alimentaria, ambiental y de salud para los pueblos indígenas, todos estos aspectos esenciales para su supervivencia como pueblos y, finalmente, para una vida digna.