Entre los aspectos más relevantes de esta resolución de la CIDH destaca la importancia de que la impunidad supera la idea de mera ausencia de condena, y que el acceso a la justicia en cuanto derecho requiere que se imponga una sanción adecuada a los responsables, en respeto al principio de proporcionalidad, a la finalidad de la pena, e insistiendo en el cumplimiento efectivo de la sanción impuesta. Afirmaciones que en este caso en concreto constituyen una consolidación de la jurisprudencia ya esbozada por la Corte Interamericana en el caso de la Masacre de La Rochela vs Colombia. 

La CIDH centró su resolución en la importancia del respeto al principio de la proporcionalidad como elemento integrante de la obligación de sancionar, proporcionalidad que debe guardar relación con los bienes jurídicos afectados, la culpabilidad y la gravedad de los hechos, requisitos que de no concurrir generan “impunidad de facto”.

A juicio de la CIDH, la “impunidad de facto” surgiría cuando se fijan sanciones desproporcionalmente leves e inadecuadas a la gravedad de los crímenes, asegurando que los responsables no fueran encarcelados, situación que califica de incompatible con la Convención. Tales afirmaciones son contribuciones importantes para la consolidación del contenido de la obligación de sancionar adecuadamente a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, no solo respecto de Chile, sino de nuestra región y del mundo, especialmente en el contexto de procesos transicionales, donde no es poco frecuente que se propongan soluciones alternativas o de aparente sanción para dar por superados conflictos internos. La afirmación desde la CIDH y como expresión de la evolución del propio Sistema Interamericano parece ser clara a la luz de lo dispuesto en la Convención: el acceso a la justicia y la obligación de sancionar, es decir, las penas impuestas a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, para cumplir con su finalidad, deben ser efectivas y proporcionales. 

En el caso concreto y a raíz de las referidas vulneraciones, la CIDH recomendó al Estado chileno dictar nuevas sentencias que aseguren que las penas impuestas a los responsables no consideren la aplicación de la prescripción gradual. Chile y en particular su Corte Suprema serán nuevamente instados a revisar el contenido de sus sentencias, como se realizó en el caso Almonacid y en el caso Norín Catrimán y otros.  

La resolución también llama a Chile a revisar su legislación, aspecto que es especialmente relevante toda vez que, durante su proceso transicional, Chile se ha caracterizado por no haber hecho modificaciones a su marco legal en lo relativo a los crímenes de Estado perpetrados desde la dictadura. Esta resolución, que surge en medio de un proceso constituyente, puede ser  especialmente relevante en atención al principio de la proporcionalidad de la sanción de aquellos crímenes estatales perpetrados durante el estallido social, y que obligaría al legislador y a los juzgadores a alejarse de figuras normativas y procesales que salvaguarden la existencia de sanciones desproporcionales en beneficio de los responsables.

Adicionalmente, la CIDH concluye que hubo vulneración de los artículos I.b y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, reconociendo el carácter permanente del ilícito. Ello es especialmente relevante en un país donde la desaparición de personas sigue estando ausente de su código penal. 

Por último, otro aspecto importante que puede plantear esta resolución y el tránsito que probablemente le espera al interior del SIDH —es decir, que el Estado realice un informe de cumplimiento de las recomendaciones, se escuche a la parte peticionaria y que la CIDH, en caso de que no exista un cumplimiento, decida eventualmente remitir el informe a la Corte IDH, ya que las víctimas han solicitado que sea remitido a la Corte IDH— se relaciona con las reparaciones, especialmente aquellas que se conocen como simbólicas. En este caso, es crucial que se reconozca la lucha de las familias por la justicia, su esfuerzo y contribución al desarrollo de la jurisprudencia nacional e internacional en materia de derechos humanos a partir de una contienda que no ha reconocido límites ni en el tiempo ni en el territorio.