Comunicación sobre Chile a la Corte Penal Internacional. ¿y ahora qué?

18 de Mayo del 2021
Comunicación sobre Chile a la Corte Penal Internacional. ¿y ahora qué?

El 29 de abril de 2021 se conoció la noticia de que cuatro ONG (la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Fundación Internacional Baltasar Garzón, el Centro de Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia y la Asociación Americana de Juristas) presentaron una comunicación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), respecto de la situación en Chile, que involucra miles de casos de violencia institucional denunciados desde el 18 de octubre de 2019 a la fecha, entre las que ha llamado especialmente la atención la elevada incidencia de lesiones oculares, pero que incluye también denuncias por lesiones producto de disparos en otras partes del cuerpo, torturas, tratos inhumanos, detenciones, violencia sexual y homicidios, entre otras conductas cometidas en el marco de la movilización social masiva que ha tenido lugar a contar de entonces. Esta situación ha sido documentada no solo por organismos públicos en Chile, sino también por distintas entidades internacionales como las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Este texto pretende ayudar a entender mejor la naturaleza de esta comunicación, su contenido, qué implica para la CPI y cuáles son sus eventuales efectos para Chile.

¿Se ha iniciado un proceso penal ante la Corte Penal Internacional?

(Todavía) no. Lo que se ha hecho es remitir información a la Fiscalía de la CPI, que, de encontrar mérito para ello, puede iniciar primero un examen preliminar y luego eventualmente una investigación (artículo 53 del Estatuto de la CPI) respecto de la situación de Chile. Es recién en el marco de la etapa que técnicamente se llama investigación, que la Fiscalía de la CPI puede imputar conductas concretas a personas determinadas, dando inicio así a procesos penales contra quienes encuentre que haya mérito para perseguir (artículos 58 y siguientes del Estatuto de la CPI). Para esta decisión, la Fiscalía sigue ciertas políticas que tiene publicadas. Este es un aspecto en el que el proceso ante la CPI se distingue del proceso ante tribunales nacionales: en el primero hay una etapa referida a una situación (conjunto de casos unidos por unos mismos parámetros de espacio y tiempo), y solo una vez que el proceso ha avanzado, llegando a abrirse una investigación en sentido técnico, la Fiscalía de la CPI (y solo ella) puede acusar a personas determinadas. 

¿Cuál es el contenido de la comunicación?

Se trata de una comunicación extensa (141 páginas más anexos) que presenta los antecedentes en virtud de los cuales quienes la suscriben entienden que, desde el 6 de octubre de 2019, se han cometido crímenes de lesa humanidad en el marco de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y se solicita a la Fiscalía de la CPI que inicie una investigación y que acuse al Presidente de la República de Chile “y demás autoridades civiles, políticas y policiales”, que habrían tenido conocimiento de dicho ataque, por las responsabilidades que tendrían en tales crímenes.

Luego de una primera parte de antecedentes, cuenta con una segunda parte dedicada a los hechos que se entienden constitutivos de crímenes de lesa humanidad, con referencia a informes y recomendaciones de organizaciones de derechos humanos que visitaron Chile y a antecedentes de casos concretos, destacando el (magro) nivel de avances de los procesos. Se tratan separadamente casos de homicidio, vulneraciones a la integridad física, violencia sexual, privación de libertad y ataques a la prensa. Una tercera parte de la comunicación está dedicada al derecho chileno e internacional en materia de crímenes de lesa humanidad, lo mismo que a aspectos procesales, en particular en lo relativo a la actuación del Ministerio Público (Fiscalía) de Chile y el principio de complementariedad de la CPI, señalándose que la mayoría de las 11.488 investigaciones relevantes estaría concluida. Se anexan documentos y querellas (acciones penales privadas) presentadas en Chile.

¿Qué implica para la Corte Penal Internacional?

Al recibir comunicaciones, la Fiscalía de la CPI, de acuerdo con el artículo 15 de su Estatuto, analiza su veracidad, y podría decidir avanzar en las distintas fases del examen preliminar o no hacerlo. Es importante tener presente que tal decisión de avanzar o no en el examen preliminar no depende solo de esta comunicación, sino de todos los antecedentes con los que cuente la Fiscalía. En efecto, se conoce al menos una comunicación anterior, presentada por Ricardo Bachmann, y podría haber más, ya que la Fiscalía no hace públicas todas las comunicaciones que recibe (se conocen más bien las que hacen públicas quienes las entregan). Además, la Fiscalía podría recabar más información de cualquier fuente que considere apropiada. Para esta fase del procedimiento no se prevén plazos en el Estatuto de Roma. 

Si el examen preliminar avanzara a su fase 2 (donde se examina si existe fundamento razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad), la situación de Chile pasaría a darse a conocer en la parte que la página web de la CPI dedica a esa clase de exámenes, junto con otras situaciones en la región: Colombia, Venezuela I y II, y Bolivia (además de otras en otros continentes). Dos de estas situaciones han avanzado hasta la fase 3 del examen preliminar (Colombia y Venezuela I), en la que se hace un examen prospectivo de admisibilidad de acuerdo con los criterios del artículo 17 del Estatuto de la CPI, para lo cual es crucial determinar si los hechos han sido investigados y juzgados de manera real y genuina. 

¿Qué implica para Chile?

En primera línea, implica una alerta en cuanto a que una jurisdicción distinta de la chilena está examinando si hay mérito para intervenir.

La jurisdicción de la CPI es complementaria respecto de las jurisdicciones estatales. Como una consecuencia de ello, si el Ministerio Público (Fiscalía) y el Poder Judicial investigan y juzgan los miles de casos de violencia institucional denunciados con la debida diligencia, la CPI no estará facultada para intervenir respecto de ellos. Sin embargo, por el volumen y características de los casos involucrados, sería un error que el resto del Estado se desentendiera. Su priorización y adecuadas investigación y juzgamiento requerirán de recursos adicionales a aquellos de los que se dispone para una situación de normalidad. Asimismo, otras reparticiones estatales también están llamadas a actuar, facilitando la información de la que dispongan, dejando atrás conductas que elevan el riesgo de comisión de futuros crímenes, y favoreciendo en cambio conductas tendientes a su prevención, represión y puesta en conocimiento de quienes son competentes para su investigación y juzgamiento. 

Así como la reacción que hace algo más de 20 años tuvo el Estado chileno cuando constató que había un tercer Estado dispuesto a investigar y juzgar torturas cometidas en Chile sirvió de inspiración para la denominación “efecto Pinochet”, el país podría nuevamente tener una reacción que siente un precedente. 

Un primer indicio acerca de la conducta del Estado puede ser el anuncio del Fiscal Nacional de Chile de 28 de abril de 2021 (un día antes de que se conociera públicamente la comunicación que motiva esta nota) en cuanto a revisar las causas archivadas, pero habrá que ver los efectos que se siguen del anuncio. Por otra parte, parece poco probable que el Estado chileno tenga una reacción frontalmente contraria a la CPI, ya que Chile no solo participa activamente en su Asamblea de Estados Partes, sino que el mismo Presidente Piñera remitió en 2018, junto a otros jefes de Estado, la situación de Venezuela a la Fiscalía de la CPI (hoy examen Preliminar Venezuela I), demostrando reconocer su legitimidad para investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad en situaciones que envuelven represión violenta de manifestaciones masivas.

Citación académica sugerida: Cárdenas, Claudia. Comunicación sobre Chile a la Corte Penal Internacional. ¿Y ahora qué?, 2021/05/18, https://agendaestadodederecho.com/chile-a-la-corte-penal-internacional/

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ACERCA DE LA AUTORA
Claudia Marcela Cárdenas Aravena

Profesora asociada del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile, Licenciada por la misma Universidad, LL.M. y Doctor juris por la Humboldt Universität zu Berlin.

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