En su sentencia, la Corte declaró la inaplicabilidad del artículo 144 del COIP a los procedimientos eutanásicos únicamente cuando: (i) sean realizados por un médico; (ii) a petición de una persona que padezca un intenso sufrimiento proveniente de una lesión corporal grave e irreversible, o de una enfermedad grave e incurable, ya sea terminal o no, y (iii) siempre que exista el consentimiento inequívoco, libre e informado de la persona, o de su representante en caso de que no pueda expresarlo.

Para llegar a esa conclusión, la Corte analizó la cuestión a partir de dos derechos consagrados en la Constitución ecuatoriana: la vida digna (artículo 66.2) y el libre desarrollo de la personalidad (artículo 66.5). Siguiendo precedentes judiciales de la región, esta decisión profundizó en la interdependencia entre ambos derechos en el contexto de la muerte digna. Según la Corte, el acceso a condiciones que garanticen una calidad mínima en las circunstancias que rodean a la persona (vida digna) es indispensable para que esta pueda diseñar y perseguir su plan de vida, y desarrollar sus capacidades individuales dentro de un ambiente de dignidad (libre desarrollo de la personalidad).

En este punto, la Corte subrayó que el sufrimiento intenso derivado de enfermedades o lesiones graves e incurables puede generar limitaciones sustanciales para que las personas puedan llevar a cabo sus proyectos de vida. La decisión precisa que, en tales situaciones, el derecho a la vida no puede utilizarse como pretexto para imponer a las personas la obligación de mantenerse con vida, ya que «vivir no es un deber u obligación (…) y porque decidir quitarse la vida propia no transgrede los derechos de terceros o su protección». En estas condiciones, la privación de la vida con la aquiescencia y solicitud expresa del titular de ese bien jurídico no puede considerarse arbitraria, sino que se encuentra justificada en atención a la satisfacción de los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a una vida digna.

Otra particularidad de la decisión es la respuesta a la clásica objeción sobre la supuesta incompatibilidad entre la despenalización de la eutanasia y los deberes estatales de protección reforzada hacia ciertos grupos, como las personas con discapacidad y las personas mayores. La Corte sugiere que esta tensión es sólo aparente, ya que la despenalización no implica, en ningún caso, una conclusión anticipada de que cierta persona será automáticamente elegible. Siguiendo las líneas interpretativas del derecho internacional, la Corte precisó que, por el contrario, los requisitos y salvaguardias que rodean a este procedimiento buscan asegurar, precisamente, que el recurso a la eutanasia no se basará en motivos discriminatorios, sino únicamente en la presencia de las condiciones de acceso previamente establecidas por la autoridad.

Siguiendo la línea de otras altas cortes de la región –identificadas al inicio de este texto– la Corte Constitucional del Ecuador no solo definió los parámetros en los cuales la sanción penal no sería aplicable, sino que también encargó a los demás poderes del Estado la creación de un marco regulatorio estricto para la eutanasia. La decisión establece una serie de pisos mínimos, y destaca la necesidad de prever mecanismos para: (i) evaluar la existencia de un sufrimiento intenso proveniente exclusivamente de una lesión corporal grave e irreversible, o de una enfermedad grave e incurable; (ii) verificar el consentimiento, incluyendo pautas claras para el consentimiento por sustitución, y (iii) determinar al médico/a que llevará a cabo la intervención, previendo la obligación de derivar al paciente a otro médico/a no objetor/a en casos de objeción de conciencia. La sentencia explicita que la objeción de conciencia sólo podrá ser individual y no institucional.

Este caso establece un precedente importante en la regulación de la eutanasia en la región y en el mundo. Al igual que otros países, Ecuador hoy reconoce la importancia de garantizar la autonomía al final de la vida, permitiendo que las personas decidan si quieren o no poner fin a su vida cuando ésta ya no sea compatible con su concepto personal de dignidad. Ahora le corresponde a los demás poderes del Estado hacer lo propio para garantizar el acceso a este servicio de salud para que Paola y otras personas puedan morir con dignidad.