¿Los candidatos a la presidencia tienen el deber jurídico de participar en debates?: un análisis a partir del caso colombiano

25 de Octubre de 2022
¿Los candidatos a la presidencia tienen el deber jurídico de participar en debates?: un análisis a partir del caso colombiano
Crédito foto: Politico microfonos focos, iStock

En el marco de las elecciones a la Presidencia en Colombia, un Tribunal ordenó a los candidatos a participar en un debate ¿Se trata de un deber jurídico?

El pasado 14 de junio de 2022, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la realización de un debate entre los dos candidatos a la presidencia que pasaron a la segunda vuelta en Colombia, Gustavo Petro Urrego y Rodolfo Hernández Suárez, que debía darse a más tardar el jueves 16 de junio de 2022 –esto es, tres días antes de la segunda vuelta de las elecciones–.

Lo que decidieron los jueces del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá

Esta determinación se tomó tras el análisis de una acción de tutela en la que los ciudadanos accionantes argumentaban que la negativa de los entonces candidatos a la presidencia de asistir a debates en el marco de la segunda vuelta, implicó una vulneración de los derechos fundamentales a participar efectivamente en la conformación del poder político y demás garantías contempladas en el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia.

En dicho fallo, la Sala Civil concluyó que los derechos a elegir, ser elegido y a acceder a medios de comunicación son también deberes de los partidos políticos, movimientos significativos de ciudadanos y de los propios aspirantes a la presidencia. De este modo, y principalmente a partir de la revisión del preámbulo y el artículo 40 de la Constitución; de la ley 996 de 2005 y de la resolución Nro. 2969 del 01 de junio de 2022, el Tribunal estableció que los debates presidenciales no solo son prerrogativas que permiten a los candidatos exponer sus ideas, sino que al tiempo son un “deber frente al conglomerado social”.

Significado de la sentencia para futuras campañas políticas

Así las cosas y pese a que el debate ordenado por el Tribunal no llegó a materializarse, lo cierto es que el fallo es de gran trascendencia. Lo anterior, no solo por las consecuencias que podrían generarse para Hernández y Petro -de las que dicho sea de paso no se tiene conocimiento de la apertura de un incidente de desacato-, sino porque esta decisión tiene el potencial de sentar un importante precedente que podría traer grandes cambios en la dinámica de las campañas políticas y en la forma en la que se adelanta la estrategia en la carrera por ocupar el puesto de Jefe de Estado y Gobierno en Colombia y eventualmente por otros cargos de elección popular.

Ahora bien, pese a que es evidente, y en eso acierta el Tribunal, que la participación de los candidatos a la presidencia en debates públicos es deseable, no parece convincente que dicha participación deba desprenderse de una obligación legal y constitucional. A mi juicio, la decisión del Tribunal deja importantes dudas frente a su interpretación del Derecho y comete, por lo menos, dos errores importantes.

En primer lugar, la interpretación que hace la Sala de la Ley 996 de 2005 –que regula la elección del Presidente de la República en Colombia– genera grandes reparos. En particular, el nexo de causalidad que propone el Tribunal entre el derecho de candidatos a acceder a medios de comunicación y realizar debates y el deber efectivo de hacer uso de tal derecho, parece casi una licencia literaria, pues a decir verdad la argumentación de la Sala Civil resulta somera y poco clara.

Por ejemplo, según el artículo 23 de la ya mencionada Ley 996 de 2005 los candidatos a la presidencia “tendrán derecho a realizar tres (3) debates de hasta sesenta (60) minutos cada uno, por parte y a petición conjunta de todos los candidatos presidenciales o de algunos de ellos”. Si uno se quedara con la interpretación literal de tal artículo, sería imposible deducir que de él se desprenda alguna obligación legal de hacer debates, pues su realización depende de la voluntad de los candidatos. Aun así, bajo el entendimiento del Tribunal, como Colombia se rige bajo los valores fundantes de la democracia y la participación, automáticamente y sin mayores explicaciones el derecho de adelantar debates se convierte en una obligación frente a la ciudadanía.

Desaciertos de la decisión

Pero, al margen de estas posibles falencias en la interpretación del derecho, uno de los desaciertos más llamativos en los que incurre el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá es asumir que hay una relación inequívoca entre la simple participación de los candidatos en un debate y el ejercicio efectivo de los derechos a elegir y ser elegido y participar de la conformación del poder público, ya que a los ojos del Tribunal tal participación es el único medio para garantizar estas prerrogativas.

Aunque el Tribunal insiste en que los debates están marcados por una suerte de grandilocuencia producto del intercambio de ideas, a decir verdad, los que han tenido lugar en el marco de los últimos comicios prueban lo contrario. Con escenarios permeados por los señalamientos personales, mentiras y falacias, los encuentros entre candidatos han dejado mucho que desear en términos de discusiones de fondo y están lejos de ser la tribuna ideal que se imagina la Sala Civil. De hecho, y tristemente, tanto campañas como debates en Colombia parecen orbitar más alrededor de las emociones y menos de las políticas públicas.

Esto no quiere decir que estos encuentros de los aspirantes a la presidencia sean inservibles y deban suspenderse definitivamente, por el contrario, son insumos importantes –pero, lo que resulta claro es que no es el único medio para promover las discusiones democráticas e, incluso, no es el más ideal–.. Pese a que, en ocasiones, resultan ser asidero de discusiones de fondo, estos foros no han demostrado ser una fuente inmejorable e irremplazable de información sobre los programas de gobierno que compiten y, en ese orden de ideas,un debate obligado como el que ordena la providencia del Tribunal parece un sinsentido, pues en sí mismo no se constituye como garantía automática del derecho de los ciudadanos a participar efectivamente de la conformación del poder político y, en consecuencia, tampoco del derecho a elegir y ser elegido.

Otras medidas de informarse sobre campañas políticas

Como aclara el magistrado Manuel Alfonso Zamudio en su salvamento de voto, ya existen otros medios que permiten a los electores conocer el talante, las ideas y las propuestas de los candidatos, como: páginas web, redes sociales, publicaciones en medios de comunicación, discursos en plazas públicas, entrevistas en radio, televisión y periódicos, foros e incluso alocuciones. Estos medios, vale la pena señalar, representan alternativas que bien pueden facilitar a la ciudadanía, tenga internet o no, el acceso a la información necesaria para el ejercicio de sus derechos y que no exigen ir en contra de la voluntad, libertad y demás derechos de quienes disputan la presidencia.

Ahora ¿partidos y candidatos deberían estar obligados por ley a hacer uso de estas alternativas? Por supuesto que no. De hecho, si un aspirante a un cargo público de elección popular dejase a un lado tales formas de difundir su programa y su imagen misma, no estaría en campaña y con seguridad el precio o sanción por esa decisión será su derrota en las urnas.

Nuevo espectáculo mediático

Ahora bien, si se revisara en retrospectiva la decisión, quedaría en evidencia otro error fundamental de la Sentencia: contrario a procurar un intercambio de ideas sobre programas de gobierno de cara a la ciudadanía, el Tribunal logró someter a los votantes a un nuevo espectáculo mediático. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá a tan solo cinco días profirió su orden –sin considerar las complejidades técnicas y logísticas que demanda la realización de un debate presidencial–; por lo que, en el marco de su imposible o muy difícil cumplimiento, lo que generó fue un escenario de incertidumbre; caracterizado por un clima de opinión muy alejado de la discusión sobre la visión de país de los candidatos.

Claro que la participación en debates de los aspirantes a primer mandatario de la república es saludable para el juego democrático. Pero estos encuentros son una entre varias oportunidades para que los electores conozcan a sus candidatos y para que estos últimos  muestren su disposición a ser controvertidos; reflejen su capacidad retórica y argumentativa y, por supuesto, que desarrollen sus propuestas. Pero, el mejor camino para que estos escenarios tengan lugar no fue, ni es, ordenarlos a través de una sentencia y bajo la amenaza del desacato, dado quela ciudadana ansiosa de ejercer su derecho a elegir y ser elegida, siempre podrá castigar en las urnas a los candidatos, partidos y movimientos que pretendan negarles esa prerrogativa

Citación académica sugerida: Avellaneda, Daniel. ¿Los candidatos a la presidencia tienen el deber jurídico de participar en debates?: un análisis a partir del caso colombiano. Agenda Estado de Derecho. 2022/10/25. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/candidatos-a-la-presidencia-tienen-el-deber-juridico-de-participar-en-debates/

Palabras Clave: Colombia, Debate, Tribunal Superior de Bogotá

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ACERCA DEL AUTOR
Daniel Andrés Avellaneda Pulido

Politólogo de la Universidad de La Sabana de Colombia, monitor de la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de La Sabana.

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Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Su investigación se enfoca en temas relacionados con Governanza Multinivel e Integración de Mercados, Regionalismo Comparado y Derecho Internacional Público. Obtuvo su PhD en la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Ha publicado en inglés y castellano, en Latinoamérica e internacionalmente.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.