Ayotzinapa y el GIEI: La justicia mexicana ante la necesaria vigilancia internacional
1 de Diciembre de 2022
¿Cuál es la trascendencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en el caso de Ayotzinapa, México?
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI o el Grupo Interdisciplinario) presentó su último informe sobre el caso Ayotzinapa, unos días después de que el Fiscal Especial del caso renunció a su puesto en el contexto de un aniversario más de la desaparición forzada de los 43 estudiantes. En este artículo se abordarán los aportes de la supervisión internacional al caso Ayotzinapa.
El pasado 26 de septiembre se cumplieron 8 años de una tragedia que sacudió a México y a varias partes del mundo: la desaparición forzada de 43 estudiantes de una Escuela Rural para profesores ubicada en Guerrero, un Estado del sur de México. Según las investigaciones del GIEI que se detallan en este artículo, la desaparición fue cometida por diferentes cuerpos de seguridad y por miembros del crimen organizado en el municipio de Iguala. Además de las desapariciones, esa noche fueron asesinadas 6 personas más y otras fueron gravemente heridas.
La lucha digna y amorosa de los familiares de los estudiantes, especialmente sus papás y sus mamás, ha mantenido la exigencia al gobierno mexicano de determinar su paradero y de llevar ante la justicia a todos los responsables de las desapariciones.
Hasta hoy, la narrativa apresurada que fue construida por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto que buscó minimizar los hechos y disminuir las responsabilidades por los crímenes cometidos, sigue teniendo consecuencias nefastas. Sin embargo, la falsa verdad histórica presentada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam fue refutada con evidencia.
La trascendencia del caso Ayotzinapa se entiende a partir de la persistencia de las familias de los estudiantes, del acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos como el Centro Prodh y Tlachinollan y del empuje de la sociedad en su conjunto. La tragedia de las desapariciones atraviesa al país como una herida profunda. Actualmente, el gobierno reconoce que más de 100 mil personas permanecen desaparecidas o no localizadas.
Sin embargo, a ese contexto se suma la presencia constante de la supervisión técnica internacional en el caso Ayotzinapa, mediante diversos ejercicios pero en especial, mediante el GIEI, un mecanismo auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a partir de la medida cautelar solicitada por las familias de los estudiantes y por sus representantes desde septiembre de 2014.
La vigilancia del GIEI a las labores de búsqueda e investigación que el gobierno mexicano ha realizado ha sido clave para el caso en particular y para la agenda amplia en la lucha por mejorar el sistema de justicia en México y hacer frente al reto de las desapariciones.
En su primer informe, de septiembre de 2015, el GIEI evidenció que la ciencia no respalda la versión de que todos los estudiantes habían sido incinerados en un basurero, en la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Al mismo tiempo, el GIEI recomendó al gobierno abrir líneas de investigación destinadas a explicar la complejidad del crimen en lugar de simplificarlo. Ese informe llamó la atención de que había una situación de convivencia entre el crimen y el Estado al más alto nivel y una red de trasiego internacional de estupefacientes entre Chicago e Iguala que debería investigarse.
Desde esa fecha, el Grupo Interdisciplinario mostraba su preocupación por las abundantes denuncias de tortura y de otras violaciones a derechos humanos de las personas detenidas y acusadas de desaparecer a los estudiantes. Ese dato fue central porque demostró la forma en que las autoridades mexicanas cometieron crímenes, especialmente tortura y detenciones arbitrarias para investigar un crimen, es decir, cometieron una doble injusticia como lo llamó la ONU-DH.
En su segundo informe, de abril de 2016, el GIEI dio a conocer evidencias de la participación de policías de los tres niveles de gobierno en la desaparición de los estudiantes, por acción y por omisión. Asimismo, mostró un video donde se observaba a un alto funcionario del gobierno ingresando ilegalmente a una escena de crimen con un detenido. El GIEI reveló al país la manipulación y el desaseo que las autoridades mexicanas cometieron al investigar el caso Ayotzinapa.
El GIEI concluyó su mandato en abril de 2016 cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto se negó a renovarlo. Sin embargo, en mayo de 2020, ya con el gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, la CIDH y el gobierno acordaron que el GIEI regresara. Esta vez las condiciones cambiaron porque el gobierno creó una Comisión para investigar el caso encabezada por el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez. También, la Fiscalía General de la República (FGR) creó una Unidad Especial de Investigación para el caso, con facultades amplias y respaldo del más alto nivel.
En esta etapa, nuevamente la intervención del GIEI ha sido fundamental. Primero, para fortalecer los trabajos de la Comisión gubernamental y de la Unidad Especial en la búsqueda de los estudiantes y en la investigación de todos los responsables, no sólo de la desaparición de los estudiantes, sino de haber manipulado y desviado la investigación.
Segundo, la vigilancia del Grupo Interdisciplinario ha sido clave para denunciar las presiones inaceptables de la FGR a las labores del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, que lo orillaron a renunciar a su puesto. Asimismo, su seguimiento a la investigación que se refleja en su tercer y cuarto informe reafirma la participación de otros cuerpos de seguridad en la desaparición, incluyendo a autoridades militares.
A 8 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, la impunidad en el caso es una de las tareas pendientes. Hasta hoy, ninguna persona ha sido sentenciada por los hechos. Al respecto, el GIEI ha identificado obstáculos que han permitido que la impunidad prevalezca. En primer lugar, la práctica de la tortura ha sido un factor de impunidad. En segundo lugar, ha habido intromisiones inexplicables de la Fiscalía General de la República en la labor de la Unidad Especial del caso, lo que se ha conjugado con la resistencia de la Fuerzas Armadas para entregar información clave relacionada con la actuación de los militares en los hechos.
La presencia del GIEI, como mecanismo independiente de supervisión internacional que vigila y fortalece, pero no sustituye la investigación del gobierno mexicano, ha sido un ejercicio sin precedentes en México. La importancia de su labor, fruto de la resiliencia de las madres y los padres de los estudiantes para mantener su exigencia de verdad y justicia viva, se ha materializado de forma constante a lo largo de los años.
Hay varias lecciones para analizar el caso mexicano a partir de la intervención del GIEI. Estas lecciones son necesarias para el futuro del caso Ayotzinapa, para fortalecer la respuesta institucional frente a las desapariciones y para la agenda que pugna por un sistema de justicia que combata la impunidad mediante el esclarecimiento de los delitos y el respeto los derechos humanos.
Citación académica sugerida: Tapia Olivares, Luis Eliud: Ayotzinapa y el GIEI: La justicia mexicana ante la necesaria vigilancia internacional. Agenda Estado de Derecho. 2022/12/01. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/ayotzinapa-y-el-giei/
Palabras clave: Familiares de los estudiantes, desaparición forzada, supervisión internacional, impunidad, búsqueda.
Abogado mexicano. Actualmente estudia una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en American University Washington College of Law.
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Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
