Ayotzinapa y el GIEI: La justicia mexicana ante la necesaria vigilancia internacional

1 de Diciembre de 2022
Ayotzinapa y el GIEI: La justicia mexicana ante la necesaria vigilancia internacional
GIEI Ayotzinapa. Tomado de Flickr

¿Cuál es la trascendencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en el caso de Ayotzinapa, México?

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI o el Grupo Interdisciplinario) presentó su último informe sobre el caso Ayotzinapa, unos días después de que el Fiscal Especial del caso renunció a su puesto en el contexto de un aniversario más de la desaparición forzada de los 43 estudiantes. En este artículo se abordarán los aportes de la supervisión internacional al caso Ayotzinapa.

El pasado 26 de septiembre se cumplieron 8 años de una tragedia que sacudió a México y a varias partes del mundo: la desaparición forzada de 43 estudiantes de una Escuela Rural para profesores ubicada en Guerrero, un Estado del sur de México. Según las investigaciones del GIEI que se detallan en este artículo, la desaparición fue cometida por diferentes cuerpos de seguridad y por miembros del crimen organizado en el municipio de Iguala. Además de las desapariciones, esa noche fueron asesinadas 6 personas más y otras fueron gravemente heridas.

La lucha digna y amorosa de los familiares de los estudiantes, especialmente sus papás y sus mamás, ha mantenido la exigencia al gobierno mexicano de determinar su paradero y de llevar ante la justicia a todos los responsables de las desapariciones.

Hasta hoy, la narrativa apresurada que fue construida por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto que buscó minimizar los hechos y disminuir las responsabilidades por los crímenes cometidos, sigue teniendo consecuencias nefastas. Sin embargo, la falsa verdad histórica presentada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam fue refutada con evidencia.

El GIEI y la trascendencia del caso Ayotzinapa

La trascendencia del caso Ayotzinapa se entiende a partir de la persistencia de las familias de los estudiantes, del acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos como el Centro Prodh y Tlachinollan y del empuje de la sociedad en su conjunto. La tragedia de las desapariciones atraviesa al país como una herida profunda. Actualmente, el gobierno reconoce que más de 100 mil personas permanecen desaparecidas o no localizadas.

Sin embargo, a ese contexto se suma la presencia constante de la supervisión técnica internacional en el caso Ayotzinapa, mediante diversos ejercicios pero en especial, mediante el GIEI, un mecanismo auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a partir de la medida cautelar solicitada por las familias de los estudiantes y por sus representantes desde septiembre de 2014.

La vigilancia del GIEI a las labores de búsqueda e investigación que el gobierno mexicano ha realizado ha sido clave para el caso en particular y para la agenda amplia en la lucha por mejorar el sistema de justicia en México y hacer frente al reto de las desapariciones.    

Primeros hallazgos del GIEI

En su primer informe, de septiembre de 2015, el GIEI evidenció que la ciencia no respalda la versión de que todos los estudiantes habían sido incinerados en un basurero, en la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Al mismo tiempo, el GIEI recomendó al gobierno abrir líneas de investigación destinadas a explicar la complejidad del crimen en lugar de simplificarlo. Ese informe llamó la atención de que había una situación de convivencia entre el crimen y el Estado al más alto nivel y una red de trasiego internacional de estupefacientes entre Chicago e Iguala que debería investigarse.

Desde esa fecha, el Grupo Interdisciplinario mostraba su preocupación por las abundantes denuncias de tortura y de otras violaciones a derechos humanos de las personas detenidas y acusadas de desaparecer a los estudiantes. Ese dato fue central porque demostró la forma en que las autoridades mexicanas cometieron crímenes, especialmente tortura y detenciones arbitrarias para investigar un crimen, es decir, cometieron una doble injusticia como lo llamó la ONU-DH.

Segundo informe del GIEI

En su segundo informe, de abril de 2016, el GIEI dio a conocer evidencias de la participación de policías de los tres niveles de gobierno en la desaparición de los estudiantes, por acción y por omisión. Asimismo, mostró un video donde se observaba a un alto funcionario del gobierno ingresando ilegalmente a una escena de crimen con un detenido. El GIEI reveló al país la manipulación y el desaseo que las autoridades mexicanas cometieron al investigar el caso Ayotzinapa.

Segundo mandato del GIEI en México

El GIEI concluyó su mandato en abril de 2016 cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto se negó a renovarlo. Sin embargo, en mayo de 2020, ya con el gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, la CIDH y el gobierno acordaron que el GIEI regresara. Esta vez las condiciones cambiaron porque el gobierno creó una Comisión para investigar el caso encabezada por el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez. También, la Fiscalía General de la República (FGR) creó una Unidad Especial de Investigación para el caso, con facultades amplias y respaldo del más alto nivel.

En esta etapa, nuevamente la intervención del GIEI ha sido fundamental. Primero, para fortalecer los trabajos de la Comisión gubernamental y de la Unidad Especial en la búsqueda de los estudiantes y en la investigación de todos los responsables, no sólo de la desaparición de los estudiantes, sino de haber manipulado y desviado la investigación.

Segundo, la vigilancia del Grupo Interdisciplinario ha sido clave para denunciar las presiones inaceptables de la FGR a las labores del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, que lo orillaron a renunciar a su puesto. Asimismo, su seguimiento a la investigación que se refleja en su tercer y cuarto informe reafirma la participación de otros cuerpos de seguridad en la desaparición, incluyendo a autoridades militares.

A 8 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, la impunidad en el caso es una de las tareas pendientes. Hasta hoy, ninguna persona ha sido sentenciada por los hechos. Al respecto, el GIEI ha identificado obstáculos que han permitido que la impunidad prevalezca. En primer lugar, la práctica de la tortura ha sido un factor de impunidad. En segundo lugar, ha habido intromisiones inexplicables de la Fiscalía General de la República en la labor de la Unidad Especial del caso, lo que se ha conjugado con la resistencia de la Fuerzas Armadas para entregar información clave relacionada con la actuación de los militares en los hechos.

Conclusiones

La presencia del GIEI, como mecanismo independiente de supervisión internacional que vigila y fortalece, pero no sustituye la investigación del gobierno mexicano, ha sido un ejercicio sin precedentes en México. La importancia de su labor, fruto de la resiliencia de las madres y los padres de los estudiantes para mantener su exigencia de verdad y justicia viva, se ha materializado de forma constante a lo largo de los años.

Hay varias lecciones para analizar el caso mexicano a partir de la intervención del GIEI. Estas lecciones son necesarias para el futuro del caso Ayotzinapa, para fortalecer la respuesta institucional frente a las desapariciones y para la agenda que pugna por un sistema de justicia que combata la impunidad mediante el esclarecimiento de los delitos y el respeto los derechos humanos.

Citación académica sugerida: Tapia Olivares, Luis Eliud: Ayotzinapa y el GIEI: La justicia mexicana ante la necesaria vigilancia internacional. Agenda Estado de Derecho. 2022/12/01. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/ayotzinapa-y-el-giei/

Palabras clave: Familiares de los estudiantes, desaparición forzada, supervisión internacional, impunidad, búsqueda.

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ACERCA DEL AUTOR
Luis Eliud Tapia Olivares

Abogado mexicano. Actualmente estudia una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en American University Washington College of Law.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.