A la fecha, Bolivia se encuentra próxima a encarar el tercer proceso de elección de máximas autoridades judiciales. En un primer momento el gobierno boliviano se comprometió a adoptar las recomendaciones del Relator Diego García-Sayán. Sin embargo, en días pasados y estando de visita in loco en Bolivia la CIDH, la ALP, sin tomar en cuenta las propuestas de la oposición, aprobó el Reglamento de Preselección de Candidatas y Candidatos para la Conformación del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura (2023). Este reglamento, al igual que las normas que regularon los dos anteriores procesos, otorga un papel secundario al control social y omite reglamentar la obligación de rendición de cuentas que tiene la ALP. Esto, con el argumento de que el art. 158.5 CPE le otorga al legislativo la facultad de preselección siendo dicha potestad indelegable.

Si bien lo anterior es evidente, no debe confundirse la delegación de funciones con el control social, pues es el propio art. 241.II CPE el que establece que la sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado; refiriendo, además, en el art. 242.9, que la sociedad civil participará en los procedimientos para la designación de los cargos que correspondan.

El Reglamento del 2023 reconoce esta facultad constitucional de la sociedad civil en su art. 11 y, en ese marco, en el art. 12 establece la conformación de Comités de Acompañamiento y Asesoramiento Técnico. Sin embargo, dicho reconocimiento es meramente nominal pues el art. 12.V del citado Reglamento, desarrolla como prohibición para estos Comités el que puedan emitir criterios públicos respecto a su trabajo. Además, no contempla la posibilidad de que los Comités eleven informes técnicos sobre el proceso de acompañamiento; lo que en la práctica convierte al control social en una suerte de “mecanismo decorativo” dentro del proceso de preselección.

En igual forma, el Reglamento del 2023 no establece ninguna salvaguarda para los casos en los que la ALP se aparte de las recomendaciones de los Comités Técnicos. Este hecho lesiona la obligación de rendición de cuentas que tienen todas las instituciones públicas en Bolivia, en el marco de lo previsto en el art. 235.4 CPE. Lo anterior, por cuanto no tiene sentido conformar equipos técnicos de preselección si no se establecen de manera paralela garantías de que dicho asesoramiento técnico será prioritariamente considerado al momento de la preselección de postulantes.

La importancia del control social, la participación social y la rendición de cuentas dentro de los procesos de nombramiento de máximas autoridades judiciales ha sido destacada por los estándares internacionales sobre independencia judicial como mecanismos para lograr una designación basada en la meritocracia e idoneidad. Elementos que, como se ha visto, el Reglamento 2023 no cumple cabalmente.  Además de generar un descrédito por parte de la población boliviana frente a este nuevo proceso, incide en que los profesionales meritorios e idóneos no se postulen a estos cargos pues no tienen ninguna garantía de que la preselección priorice su capacidad e idoneidad. Por el contrario, tienen la seguridad, demostrada por los dos procesos anteriores, que nuevamente en Bolivia las máximas autoridades judiciales serán elegidas sobre la base de criterios políticos y partidarios.