Aspectos jurídicos sobre la violencia sexual: Una pandemia sin fin

11 de Agosto de 2023
Aspectos jurídicos sobre la violencia sexual: Una pandemia sin fin
Foto. Pixabay

La violencia sexual constituye un grave problema que afecta a mujeres, niñas, niños y adolescentes. En este artículo, la autora analiza los factores que la perpetúan, así como los desafíos para erradicarla.

En abril de este año, el caso de la bebé Keibril conmocionó a Costa Rica. La niña nació por un embarazo forzado, producto de la violación del padrastro a su hijastra adolescente de 13 años. Tras la noticia de una prueba de ADN para demostrar la paternidad y el delito de violación, el agresor secuestró a la bebé, quien aún no ha sido encontrada.

La sociedad costarricense enfrenta problemas estructurales de misoginia, sexismo y racismo. A través de las instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia y el Poder Judicial se perpetúan estereotipos sobre la violencia sexual que tienden a responsabilizar a las víctimas.

Además, el aumento de las narrativas de odio y prejuicio, -llamadas erróneamente defensores de la vida- por parte de los fundamentalismos evangélicos neopentecostales en puestos de poder público, medios y redes sociales, tiende a legitimar la violación de los derechos humanos de mujeres, adolescentes y niñas, mediante la creencia de que los embarazos forzados, resultado de violaciones, nunca deben ser interrumpidos.

A pesar de que el Código Penal costarricense en su artículo 121 permite el aborto impune o terapéutico cuando la vida o salud de la madre está en peligro, el miedo, las creencias religiosas y la falta de conocimiento de algunos profesionales de la salud ha llevado a una implementación deficiente o nula de esta normativa.

En el caso planteado, las instituciones estatales le fallaron a la madre de Keibril, a pesar de su situación de vulnerabilidad, condición de pobreza y embarazo adolescente. La discriminación institucional por género y edad tuvo efectos muy graves que pudieron haber sido evitados, si le hubieran practicado la interrupción del embarazo y condenado al agresor que la violó. Como este caso, hay miles de niñas que sufren cotidianamente abusos sexuales y violaciones en nuestra región y, precisamente, ocurren en el lugar más peligroso para las mujeres: el hogar.

La violencia sexual. Factores que la perpetúan

La violencia sexual es una forma grave de discriminación cuyo bien jurídico protegido es la integridad corporal, la libertad y autonomía sexual de las víctimas.

Al igual que muchas otras formas de discriminación y violencias de género, está arraigada en la desigualdad del poder y los privilegios de género masculinos y, por ello, las niñas, niños y adolescentes de nuestro continente son las más vulnerables.

Un estudio realizado por la Organización Panamericana de Salud (OPS) sobre 12 países en América Latina y el Caribe analizó las cifras de la violencia contra las mujeres y niñas entre las edades de 15 y 49, y halló que la prevalencia de la violencia física o sexual entre parejas íntimas durante un periodo de 12 meses, era más alta entre adolescentes entre las edades de 15 y 19 años. Y, tanto en Costa Rica como en nuestra región las cifras de embarazo adolescente son muy altas.

Asimismo, el informe de Equality Now titulado Fracaso en la protección: Cómo las leyes y prácticas discriminatorias en materia de violencia sexual perjudican a las mujeres, niñas y adolescentes en las Américas, destaca las brechas legales que permiten la impunidad de los agresores. A saber:

i. La valoración de los hechos que constituyen la violación sexual calificados como estupro, a efecto de imponer penas menores y desvirtuar la gravedad de los hechos. 

ii. Las definiciones de violación y agresión sexual centradas en el paradigma del uso la fuerza y la resistencia, en lugar de basarse en el consentimiento libre y voluntario, como lo establecen los estándares regionales e internacionales.

La Corte Penal Internacional ya reconoció que la fuerza no constituye un elemento per sé de la violación, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) estableció en la sentencia del caso Angulo Losada vs. Bolivia que las normativas penales relacionadas con la violencia sexual deben contener la figura del consentimiento como su eje central, es decir, para que se perpetre una violación, no se debe exigir la prueba de amenaza, uso de la fuerza o violencia física, bastando para ello que se demuestre, mediante cualquier medio probatorio idóneo, que la víctima no consintió con el acto sexual.

Esto significa que la judicatura, al momento de valorar las pruebas, siempre debe analizar el contexto de las circunstancias coercitivas, así como las dinámicas de desigualdad de poder o autoridad, donde se explotan las situaciones de vulnerabilidad, confianza, influencia y dependencia, como en este caso donde, legalmente, jamás puede presumirse que hubo consentimiento de la madre de Keibril.

iii. Los plazos de prescripción para los delitos sexuales discriminan a las víctimas, ya que éstas necesitan un tiempo, más allá de la mayoría de edad, para romper el silencio y denunciarlos. Para que el derecho de acceso a la justicia sea una realidad, los delitos de violencia sexual deberían ser imprescriptibles.

 

Así lo estableció la Corte IDH en los casos Fernández Ortega et. al. vs. México y Linda Loaiza López Soto vs. Venezuela, donde determinó que la violación puede ser equiparada a tortura en ciertos casos.

Al comparar la imprescriptibilidad de la tortura, como un delito grave de lesa humanidad, con la violación, podemos concluir que es necesario impulsar urgentemente la imprescriptibilidad de los delitos sexuales como una reforma esencial. Sin estas reformas, las adolescentes violadas, como la madre de Keibril, no podrán acceder a la justicia.

¿Cómo cerrar las brechas?

Los desafíos para cerrar las brechas entre la ley y su implementación son enormes. Reformar la legislación no es suficiente, ya que existen creencias, mitos y estereotipos de género arraigados en el personal encargado de hacer cumplir la ley, como la policía, la fiscalía, los médicos forenses y los jueces que, a menudo, resultan en procesos legales viciados por su falta de credibilidad en el testimonio de las sobrevivientes.

Es importante destacar que, tanto la reforma legal como la creación de protocolos de atención integral, deben basarse en la obligación legal de los funcionarios estatales de incorporar los estándares regionales e internacionales en la materia.

Finalmente, sin la aplicación de una perspectiva de género e interseccional no será posible erradicar la discriminación y violencia institucional contra las sobrevivientes de violencia sexual.

Por esa razón, el Comité de la CEDAW en su Recomendación General N. 28, reconoció que la discriminación de las mujeres por motivos de sexo y género está indivisiblemente unida a otros factores como la raza, el origen étnico, las creencias políticas y religiosas, la salud, el estatus, la edad, la clase, la casta, la orientación sexual y la identidad de género, que afectan desigualmente a las mujeres en toda su diversidad.

Los Estados deben reconocer ambas perspectivas en sus leyes y aplicarlas en cada proceso judicial para evitar perpetuar las múltiples formas de discriminación que afectan gravemente la vida, salud e integridad física, sexual y psicológica de mujeres, adolescentes y niñas.

La implementación efectiva de los estándares y la jurisprudencia regional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es clave para contribuir a desmantelar la violencia institucional, la cultura patriarcal y la misoginia estructural que corroen los sistemas de justicia en nuestro continente.

Citación académica sugerida: Obando M, Ana Elena. Aspectos jurídicos sobre la violencia sexual: Una pandemia sin fin. Agenda Estado de Derecho. 2023/08/11. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/aspectos-juridicos-sobre-la-violencia-sexual/

Palabras clave: violencia sexual, violación, violencia de género.

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ACERCA DE LA AUTORA
Ana Elena Obando M

Abogada, Master en Género y Derecho, y actualmente trabaja como asesora legal de Equality Now-LAC . Tiene más de 38 años como activista por los derechos humanos de las mujeres, y ha sido consultora para organismos internacionales de Naciones Unidas, así como para ONGs regionales. Ha sido docente en derecho e investigadora.

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