El 18 de octubre de 2019 quedó registrado en Chile como una fecha histórica. Centenares de estudiantes se organizaron para realizar actos de evasión en el metro de Santiago como reacción a las alzas de las tarifas del sistema de transporte público. Se sumaron después una serie de manifestaciones ciudadanas en diferentes lugares del país que centraban su malestar en el alto costo de la vida, las bajas pensiones, el elevado costo de la salud y el descrédito de las instituciones. Con el correr de los días se sumaron actos de desobediencia civil y paros que fueron aplacados violentamente por las fuerzas policiacas, dejando en su haber más de 3.000 heridos producto del uso indebido de la fuerza y más de 41.000 casos ingresados al sistema penal, según cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público.

En paralelo a las legítimas manifestaciones, tuvo lugar una seguidilla de actos de vandalismo, hurtos, daños, saqueos e incendios que se focalizaron en bienes públicos y privados. A las imágenes de ciudadanos manifestándose legítimamente en las calles y siendo reprimidos desproporcionadamente por la fuerza policial, se agregaba la de ciudadanos que aprovechaban el momento histórico que vivía el país como una ocasión para cometer delitos comunes.

Las secuelas del 18 de octubre han sido variadas. Las más conocidas son el plebiscito que aprobó decididamente la idea de redactar una nueva Constitución y la elección de un grupo de constituyentes que se encargarán de elaborar un nuevo texto constitucional. Pero también se ha discutido de forma intensa en torno a la puesta en libertad de las personas detenidas durante el estallido social, grupo al cual le han asignado el carácter de presos políticos.

Frente a este tipo de iniciativas el Código Penal chileno ha propuesto, en su artículo 93 N°3 y 4, como estrategia de pacificación la amnistía y el indulto. La naturaleza jurídica de ambas instituciones así como sus efectos son diferentes y se debe estar especialmente atento a lo que se desea lograr para elegir la mejor estrategia. Esta primera cuestión no es baladí, dado que la amnistía se ha utilizado después de períodos históricos convulsionados, lanzando un velo de olvido general sobre un grupo de acciones constitutivas de delito que acaecieron en un periodo determinado, extinguiendo completamente la pena y sus efectos.

Por su parte, el indulto, de efectos más acotados, concede el perdón del Estado a un beneficiado o grupo de beneficiados, solo en lo que respecta a la obligación de cumplir la pena, pero manteniendo los efectos simbólicos y legales de la condena. Como se aprecia, en la primera estrategia de pacificación, el manto de olvido no permite determinar responsabilidades penales, mientras que en el indulto, el perdón permite la investigación, determinación de responsabilidad y condena, eximiendo el cumplimiento de la pena.

Otro aspecto determinante gira en torno a qué hechos serán objeto de la amnistía o indulto. En la amnistía se han aceptado tradicionalmente los delitos que atacan el orden, la seguridad y las instituciones fundamentales del Estado. En el caso del indulto, la aplicación no tiene restricciones, puede ser cualquier delito, porque se focaliza más en la persona que recibirá el beneficio.