Uno de los retos que tiene el Estado a la hora de abordar la libertad de expresión de estas personas es la falta de una definición en términos legales, más allá de posturas como la de Urban Dictionary. ¿Qué tienen en común Rodríguez, Villegas, Dannan y Westcol? La Corte colombiana se fijó en el aspecto más básico al resolver el caso de Westcol: personas con “una importante cantidad de seguidores”.

Ese es un paso simple pero importante. En una sentencia hito de 2016, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que los “usuarios populares de las redes sociales” pueden jugar un papel tan importante como el de la prensa en su rol de “perros guardianes” de la democracia, aspecto clave para analizar su libertad de expresión. Extrapolado al caso de Westcol, quien tiene más de un millón de seguidores, la Corte colombiana dice que un aspecto clave de la responsabilidad del influencer por su publicación homofóbica es “el medio masivo y el impacto que tuvo la publicación”.

Esta capacidad de impacto de los influencers es una herramienta que puede ser explotada por grupos malintencionados. Una forma actual de censura es la de inundar el debate público para ahogar expresiones legítimas. Esto suelen hacer las famosas “bodegas” o “ejércitos de trolls”. Este aspecto fue tocado por el Tribunal Supremo en Brasil, el cual abrió una investigación en 2019, de la cual surgieron varias órdenes de suspensión de cuentas de influencers en Twitter y Facebook que habrían actuado de forma coordinada para crear y viralizar “noticias falsas, acusaciones falsas, amenazas”, entre otras cosas, contra “la honorabilidad y seguridad del Tribunal Supremo”, la de sus miembros y sus familias. Este proceso ha sido criticado porque el Tribunal parece no tener jurisdicción para actuar en este tipo de investigación o para las órdenes que dicta.

A pesar de dichas críticas, lo hecho por el Tribunal Supremo repara en los ataques coordinados como un aspecto crítico en el debate público en línea. La Corte colombiana también se refirió a esto en una sentencia de 2023. La Corte analizó una acción de nueve mujeres periodistas contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por no actuar para controlar a los partidos políticos que usaban estrategias de violencia digital contra ellas. La acción mostraba que las periodistas sufrían, como respuesta a su trabajo crítico o de denuncia, campañas de desprestigio disparadas por trinos de políticos populares en redes.

Aunque la Corte dijo que el CNE no estaba facultado para hacer verificaciones previas de las publicaciones de miembros o afiliados a los partidos políticos, existe un “patrón de violencia en línea ejercido por terceras personas contra las mujeres periodistas” y un uso de las redes sociales como “instrumento de violencia contra las mujeres”. A partir de esto, la Corte exhortó a los partidos para que creen Códigos de Ética que aborden esta problemática, ordenó al CNE a publicar información para que la gente pueda presentar quejas sobre estos temas en los Comités de Ética de los partidos y exhortó al Congreso para que regule sobre la materia.