Ya en noviembre 2020, en un artículo publicado por Agenda de Estado de Derecho, señalaba que el flujo migratorio venezolano hacia Colombia se había feminizado. De hecho, de acuerdo a Migración Colombia, el 51% de las personas venezolanas en ese país, son mujeres,  En Perú se presenta un fenómeno similar, de las 1.3 millones de personas venezolanas en este Estado, el 58% son mujeres.

Así mismo, ya en 2019 denunciábamos la situación de múltiple violencia que sufría la mujer venezolana en un trabajo denominado Mapa de Casos de Muerte y Desaparición de Mujeres Venezolanas Migrantes y Refugiadas en el Extranjero, siendo Colombia y Perú, respectivamente, los países con mayor incidencia de casos. Esta situación no ha mejorado, tal como lo reseña Amnistía Internacional, pues entre 2018 y 2020 en Colombia, los casos de violencia de género contra mujeres venezolanas aumentaron en un 71% y un 31% entre 2019 y 2020 en Perú, según datos oficiales recogidos en el citado informe. Esta violencia tiene múltiples facetas que va desde la violencia psicológica, física y sexual, representada en casos de acosos, riesgos de explotación sexual, trata de personas y explotación laboral, tanto en espacios públicos, privados, y/o laborales, que se manifiestan desde las rutas migratorias hasta las ciudades de acogidas.

Frente a esta situación de vulnerabilidad, existe una situación aún peor, la denegación de justicia por parte de los Estados. Tal como lo señala el mencionado informe de Amnistía, tanto Colombia como Perú, son los grandes ausentes a la hora de garantizar, proteger y respetar el derecho a una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres refugiadas venezolanas, quienes enfrentan violencia basada en género en todos ámbitos de la vida. En efecto, la Organización hace un llamado a estos Estados para combatir la estigmatización y discriminación hacia mujeres venezolanas y garantizar un acceso efectivo a la justicia.

No cabe duda de que la discriminación contra la mujer tiene efectos sobre la capacidad de estas para obtener acceso a la justicia, tal como lo demuestra el mencionado informe, el cual establece que existe un alto nivel de impunidad en las denuncias por violencia intrafamiliar. Las cifras son alarmantes en ambos países de estudio. En Colombia, solo el 0.8% de las denuncias por violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de ejecución de penas; y en el caso de delitos sexuales, solo un 0.13% se encuentra en etapa de ejecución de penas. Por su parte, en Perú, solo un 4% de los casos de feminicidios fueron sentenciados. En el caso de la mujer venezolana migrante en estos países no se tienen cifras oficiales de sentencias condenatorias y absolutorias por delitos basados violencia de género.