A diez años del Caso “Mendoza”. La deuda del Estado Argentino con las infancias y adolescencias

6 de Julio de 2023
A diez años del Caso “Mendoza”. La deuda del Estado Argentino con las infancias y adolescencias
Foto. Pixabay

El artículo examina el grado de cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mendoza contra Argentina a diez años de la sentencia emitida por el tribunal.

El caso “Mendoza y otros vs. Argentina”: alcances de la responsabilidad del Estado

El 14 de mayo del año 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, determinó la responsabilidad internacional del Estado argentino por las violaciones de una serie de derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, CADH,  originadas en la aplicación de penas de privación perpetua de la libertad a cinco personas que, al momento de los hechos, eran adolescentes.

Las víctimas del caso fueron declaradas penalmente responsables de distintos delitos por tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Mendoza, y condenadas a penas de prisión y reclusión perpetua, antes de haber alcanzado la mayoría de edad, en virtud de lo dispuesto por la Ley 22.278 (Régimen Penal de la Minoridad).

Durante el tiempo en que los adolescentes permanecieron privados de la libertad padecieron diferentes tipos de afectaciones a su integridad personal:

i. Mientras se encontraba en el Instituto de Menores, Lucas Matías Mendoza sufrió un “pelotazo” en el ojo izquierdo y no recibió tratamiento médico oportuno, lo que acabó en una lesión irreversible. 

ii. Por su parte, el 21 de julio de 2005, Ricardo Videla fue hallado colgado en su celda del Centro de Seguridad Penitenciaría de Mendoza, y el Estado no realizó las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

iii. En 2007, Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez fueron agredidos por integrantes del cuerpo de requisa del Complejo Penitenciario Federal I, y en 2008 el Fiscal Federal Subrogante solicitó la reserva del archivo del caso, pues no era posible identificar a los agresores.

Debido a los hechos probados, la Corte IDH determinó la responsabilidad del Estado argentino por la violación del derecho a la libertad personal, a la integridad personal, las garantías judiciales y a la protección judicial, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, consagrados en la CADH. Asimismo, declaró violados los artículos 1, 6 y 8 de la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura.

La agenda reparatoria y su grado de cumplimiento

El Tribunal Interamericano fijó en la sentencia un conjunto de medidas reparatorias que, a la fecha, no se han cumplido en su totalidad, de conformidad con el siguiente detalle:

a) Brindar tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico necesario a las víctimas, de manera gratuita, inmediata y efectiva, así como el suministro gratuito de los medicamentos.

En cuanto al cumplimiento, la Corte IDH resolvió concluir el proceso de supervisión en este punto respecto de Claudio David Núñez –debido a su fallecimiento- y de César Alberto Mendoza. Por su parte, en el caso de Lucas Matías Mendoza y de Saúl Cristian Roldán Cajal, afirmó que el Estado debía continuar implementado las reparaciones. 

b) Ofrecer opciones educativas o de capacitación formales que las víctimas deseen, incluyendo educación universitaria, a través del sistema penitenciario o, de sus instituciones públicas. 

De igual modo, la Corte determinó la conclusión del proceso de supervisión en relación con Claudio David Núñez –por su fallecimiento- y decidió mantener abierto el proceso de supervisión respecto de César Alberto Mendoza, Lucas Matías Mendoza y Saúl Cristian Roldán Cajal. En términos más precisos, solicitó al Estado que presente una propuesta que mejore la ejecución de esta medida para las tres víctimas que se encuentran con vida.

c) Adecuar el derecho interno de conformidad con los estándares internacionales en materia de justicia penal juvenil, y diseñar e implementar políticas públicas para la prevención de la delincuencia juvenil.

Según lo señalado en la Resolución del 23/09/2021, estas medidas se hallan pendientes de cumplimiento y, por eso, la Corte mantiene abierto el proceso de supervisión. 

Vale la pena recuperar lo dicho por el Tribunal acerca del deber de adecuación normativa. En ese sentido, aseguró que si bien Argentina reconoció que tiene pendiente dar cumplimiento a esta obligación y ha expresado su voluntad de hacerlo, debe intensificar los esfuerzos para realizarlo a la mayor brevedad posible.

Habiendo transcurrido más de ocho años desde la emisión de la sentencia –ahora son diez-, el Estado no puede continuar alegando aspectos y dificultades de derecho interno para justificar la falta de cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Asimismo, el Tribunal recordó que la obligación no debe limitarse a impulsar el proyecto de ley correspondiente, sino que debe asegurar su pronta sanción y entrada en vigor, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico interno.

d) Asegurar que no se vuelvan a imponer penas de prisión o reclusión perpetuas por delitos cometidos siendo menor de edad.

La Corte consideró que el Estado ha venido dando cumplimiento al deber de asegurar que no se vuelvan a imponer penas perpetuas por delitos cometidos por personas menores de edad. Agregó que Argentina deberá continuar implementando esta reparación adecuadamente e impulsando las necesarias reformas normativas.

e) Adecuar, dentro de un plazo razonable, el ordenamiento jurídico interno de conformidad con los parámetros establecidos en la sentencia.

Sobre este aspecto, en su última resolución la Corte afirmó que el cumplimiento de esta garantía de no repetición será valorado en otra oportunidad, por lo que quedó abierto el procedimiento de supervisión.

f) Implementar programas o cursos obligatorios sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y de la niñez, incluyendo aquéllos relativos a la integridad personal y tortura.

En relación con esta medida, la Corte recordó al Estado que no solo debe limitarse a presentar documentos o mencionar cursos o capacitaciones en sus informes, sino que es indispensable que explique clara y detalladamente cuáles son las acciones que ha implementado para dar cumplimiento a la reparación y cómo éstas cumplen con componentes de la medida. En efecto, el Tribunal determinó que también respecto de este punto el proceso de supervisión continuará abierto.

g) Investigar los hechos que pudieron contribuir a la muerte de Ricardo David Videla. Y, las torturas sufridas por Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza.

En primer lugar, la Corte se expidió sobre la investigación de la muerte de Ricardo David Videla. Manifestó que, si bien se valoran las acciones implementadas con posterioridad a la Sentencia, no se indagó suficientemente acerca de la posible omisión por parte de las autoridades penitenciarias en la adopción de medidas menos restrictivas que modificarán las condiciones del aislamiento al que estaba sometido Ricardo David Videla. Por las anteriores razones, el Tribunal consideró que el Estado no dio cumplimiento a dicha reparación y, debido a que no puede continuar exigiendo a Argentina su cumplimiento, declaró concluida la supervisión.

En segundo término, en referencia a las torturas sufridas por Lucas Mendoza y Claudio Núñez, el Tribunal solicitó al Estado que realice todos los esfuerzos para continuar avanzando en la ejecución de esta reparación. Decidió, por tanto, mantener abierto el proceso de supervisión de cumplimiento.

h) Realizar las publicaciones de la sentencia y pagar las indemnizaciones por concepto de daños materiales e inmateriales, de acuerdo con la Sentencia.

Estas dos medidas son las únicas consideradas cumplidas en su totalidad por la Corte IDH.

Conclusiones y perspectivas

Tras diez años de la emisión de esta sentencia, tal como se exhibió, el Estado argentino no ha cumplido con la totalidad de las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH. Quizás, el saldo más significativo radique en la omisión de adecuación de la normativa vigente en materia penal juvenil, de origen antidemocrático y con contenidos adversos a los estándares internacionales de nuestro tiempo.

Como siempre, los casos de esta envergadura representan, además de un escenario de reconocimiento para las víctimas, una oportunidad de resonancia general. En particular, este aniversario no puede sino conducir a repensar la insistencia por la configuración de políticas de niñez y adolescencia que se detengan en los proyectos de vida de las personas, en sus necesidades y adversidades, y no en la reacción punitiva como única alternativa frente a condiciones estructurales desalentadoras.

Citación académica sugerida: Gatti, Franco. A diez años del Caso “Mendoza”. La deuda del Estado argentino con las infancias y adolescencias. Agenda Estado de Derecho. 2023/07/06. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/a-diez-anos-del-caso-mendoza/

Palabras clave: Argentina; Niñez y adolescencia; Prisión perpetua

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ACERCA DEL AUTOR
Franco Gatti

Abogado (Diploma de honor) por la Universidad Nacional de Rosario, (Argentina) y Especialista en Derecho Público Global (UCLM, España). Ha cursado el Master in Global Rule of Law and Constitutional Democracy (Universidad de Génova). Se desempeña como Profesor adjunto, por concurso, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) y como Profesor de posgrado de Universidades nacionales y del exterior. Dirige Proyectos de Investigación acreditados vinculados al Derecho Constitucional, los Derechos Humanos y la Filosofía del Derecho. Ha sido visitante profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2017) y Becario de Investigación del Consejo Interuniversitario Nacional (2016). Es co- autor de libros, autor de partes de libros, textos científicos y artículos de divulgación

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.