El 27 de julio de 2012, el Consejo Municipal de Alcaldes Comunitarios de Comitancillo, departamento de San Marcos, Guatemala, ejerció su jurisdicción indígena para resolver un delito de violación cometido al interior de la comunidad por un adolescente contra una niña víctima. 

Las medidas de corrección que se impusieron al adolescente, implicaron que éste pidiera perdón de rodillas a sus padres, a los padres de la niña y en especial a la víctima, así como recibir de parte de sus padres de doce a veinticinco azotes (conocidos como almuda o arroba), de manera pública. También se impuso una medida económica que fue asumida por el padre de familia del ofensor, para garantizar los gastos de recuperación en la salud de la víctima. 

Si bien, el reconocimiento del pluralismo jurídico de nuestra región constituye una respuesta de diálogo y coordinación frente a la diversidad cultural y la coexistencia de sistemas jurídicos indígenas con los sistemas estatales, a fin de establecer y aplicar sus propios mecanismos o modalidades de solución de conflictos, la garantía de los derechos humanos tanto de la víctima como de la persona ofensora es una exigencia fundamental en materia penal. 

De ahí que surjan dos cuestionamientos particulares:

 ¿Los azotes a una persona ofensora pueden constituir un acto de tortura o una pena cruel, inhumana o degradante?; 

¿Se protegió adecuadamente a la niña víctima de actos de violencia sexual? 

Al respecto, la resolución del Consejo Municipal fue validada por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala en el Expediente 1467-2014, por considerar que no se violentaron derechos humanos en la aplicación de las medidas de corrección, específicamente los azotes, y que el reconocimiento del sistema jurídico indígena es congruente con la Constitución Política de la República de Guatemala (artículo 66) y con el Convenio 169 de la Organización del Trabajo sobre Pueblos Indígenas o Tribales (artículo 9).

Con relación a la legalidad de las medidas correctivas de los azotes, el uso del fuete, los pencazos o la práctica del cepo, la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que, en determinadas comunidades la utilización de estas penas corporales cumplen una labor ejemplarizante y de disuasión como elemento purificador, a diferencia del pensamiento edificado en la sociedad mayoritaria, que rechaza este tipo de castigos por atentar contra la dignidad de las personas (Sentencia T-523/97).

A su vez, la Corte Constitucional de Colombia afirmó que la prohibición de la tortura constituye una restricción que debe imperar tanto en los sistemas jurídicos consuetudinarios como en los formales. Sin embargo, no todas las sanciones que infligen sufrimientos alcanzan esta categoría prevista en la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, pues para que adquieran esa entidad deben ser graves y crueles. 

En relación a esta problemática, la Corte Europea de Derechos Humanos también ha fijado ciertos parámetros de interpretación. Como ejemplo el caso Tyrer vs. Reino Unido, en el cual un adolescente de 15 años fue condenado a sufrir tres azotes en virtud de una Ley de 1972. 

A partir de la resolución del Tribunal para menores de la Isla de Man, el adolescente tuvo que bajarse los pantalones y la ropa interior, para después ser inclinado y sujetado sobre una mesa por dos agentes de la autoridad, mientras que un tercero azotaba con una vara la parte posterior desnuda. El joven no sufrió ninguna herida propiamente dicha a consecuencia de los azotes, y estos se ejecutaron a puerta cerrada. 

A juicio de la Corte Europea de Derechos Humanos, esta escena salida de una “página de Dickens”, implicó la revisión del castigo corporal para determinar si era contrario al artículo 3º del Convenio Europeo de Derechos Humanos (nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes). En virtud de ello, se descartó que la sanción impuesta constituyera tortura y fuera considerada inhumana, pues no había alcanzado el nivel necesario para calificarse como tal.

No obstante, se resolvió que a pesar de que el demandante no sufriera lesiones graves o duraderas, el factor de la humillación producida por la ejecución de la sanción alcanzaba el nivel inherente al concepto de pena degradante, sin descartar que ésta pudiera producir consecuencias psicológicas funestas para el adolescente.

Por estas razones, aquellas medidas de corrección que pretendan imponerse en casos futuros o similares, deben analizarse conforme a la edad de la persona y los efectos que tendrá en su integridad física y moral, máxime tratándose de un adolescente, sin que ello implique criminalizar los fines preventivos y de armonía asignados al interior de una comunidad conforme a su cosmovisión. 

Respecto al segundo cuestionamiento, relacionado con la protección a la víctima con independencia del sistema normativo de que se trate (ya sea indígena o estatal), la asistencia y protección de las víctimas en casos de violencia sexual, es fundamental para que toda decisión que adopten sobre la evolución del proceso y la reparación del daño, sea realmente informada y libre de toda coacción, sobre todo cuando tratan de incorporarse mecanismos alternativos de controversias o procesos restaurativos. 

En ese sentido, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará, ha sostenido que, en casos de violencia contra las mujeres, es frecuente que exista temor fundado de la víctima y coerción del agresor, o presión de la familia o de la comunidad en la que vive para que acepte un proceso de conciliación u otorgue el perdón. 

Dicha preocupación también la comparte el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia), al señalar que determinados procesos alternativos, los cuales incluyen a los tribunales indígenas no oficiales o la intervención de líderes comunitarios, pueden traer consigo nuevas violaciones a los derechos de las víctimas, ya que estos suelen actuar con base en valores patriarcales. 

A pesar de que se hayan dictado medidas de tratamiento médico y psicológico por parte del Consejo Municipal y de la autoridad judicial formal, los aportes de las y los sobrevivientes de este tipo de hechos victimizantes nos indican que las posibles omisiones e incumplimiento de las obligaciones de protección y asistencia que tienen las instituciones, pueden considerarse violencia sexual y estructural, de acuerdo con los Principios de La Haya sobre la Violencia Sexual.

De cara a estos escenarios, conviene implementar un mecanismo de coordinación permanente entre las autoridades comunitarias y estatales, con la participación del sector académico para identificar las buenas prácticas en materia de diálogo intercultural y justicia, prestando especial atención al derecho internacional de los derechos humanos y los beneficios que trae consigo para el fortalecimiento de los sistemas normativos indígenas.  

Por último, cabe aclarar que esta reflexión trata de explorar un esquema específico de diálogo a partir del principio de progresividad, sin demeritar el contenido y legitimidad de la atribución punitiva o fuerza coercitiva comunitaria, para tomar conciencia de manera prospectiva en la obligación que tienen todos los sistemas jurídicos o normativos de ampliar la esfera de protección de los derechos humanos.