Contra el AL 01 de 2020 han sido presentadas múltiples demandas de inconstitucionalidad. La acción cuyo trámite ha prosperado de mejor manera (expedientes D-13915, D-13957 y D-13945 acumulados) es la que presentó el Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes. Esta agrupación resaltó la existencia de irregularidades en el proceso de formación del artículo 34 reformado, destacando vicios formales, procedimentales y de competencia. En el auto admisorio, la demanda fue rechazada respecto a los cargos formulados por vicios de procedimiento y admitida en relación con los presuntos vicios de competencia, especialmente respecto al reproche a la extralimitación del Congreso al reformar la Constitución.

El principal argumento de los demandantes es que la prisión perpetua vulnera el derecho a la resocialización (derecho innominado) y es incompatible con el derecho penal de acto y el debido proceso. Este cargo encontró un alto respaldo en muchas intervenciones ciudadanas presentadas dentro del expediente en el que se tramita la acción de inconstitucionalidad (véase entre otros concepto UNAL; concepto UJaveriana; concepto UdelRosario; concepto UdeSucre; concepto USurcolombiana; concepto UdeCaldas). 

En términos generales, se concibió la prisión perpetua como desproporcional y retributiva. Además, se entendió como una infracción al principio de dignidad humana en tanto desplaza una posibilidad real de resocialización. Esta constelación de posiciones coincide con una ya tradicional corriente global de opinión que rechaza la prisión perpetua. Incluso, encuentra respaldo en la Comisión Asesora de Política Criminal que, respecto a la modificación del artículo 34 CPC, valoró este tipo de pena como “una sustitución de la Constitución Política, toda vez que se afecta la esencia del modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, el diseño teleológico de las sanciones penales previsto por el constituyente.”.

Una posición contraria fue presentada por la Defensoría del Pueblo, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y el Ministerio de Justicia. En particular, el Ministerio de Justicia fue enfático en afirmar que la reforma no excedió la competencia del Congreso, no solo como desenlace democrático, sino, también, por el carácter excepcional de la medida adoptada. Su posición se refuerza citando a la misma Comisión Asesora de Política criminal, lo cual muestra el carácter cambiante de esta comisión. Incluso, afirma el Ministerio que las sanciones ordinarias (entre 27 y 37 años) no son proporcionales frente a los delitos sexuales contra la niñez, a pesar de que su ejecución ocupará gran parte de la vida de la persona privada de su libertad. 

El DAPRE, en tal sentido, si bien reconoce que la dignidad humana y la libertad son elementos axiales y definitorios de la CPC, entiende que aquellos no fueron sustituidos en el marco del poder de enmienda que detenta el Congreso, en tanto la reforma resulta conforme los estándares nacionales e internacionales que instan a los Estados a garantizar la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Las críticas al artículo 34 de la CPC (II. 1., 2., 3.) y el debate sobre sus problemas de constitucionalidad (III. 1. a. y b.) invitan a una breve reflexión final. Si se considera con seriedad que en el sistema de ejecución de penas colombiano no hay condiciones materiales que permitan concretar proyectos de resocialización y, de la mano de estos, límites a la perpetuidad de la pena, entonces el adjetivo “revisable” solo es un sofisma que distrae lo que en esencia es un proyecto de clausura del reo. En ese sentido, la reforma del artículo 34 CPC tiene un impacto que va más allá de una sustitución de la Constitución. No se trata solo de un castigo cruel, sino de toda una orientación del sistema penal hacia la anulación de los indeseados, sin otra racionalidad teleológica, como si la solución de las problemáticas sociales que alientan estas sanciones se lograra con la exclusión permanente de desviados.