SIMPOSIO ESPECIAL DE AGENDA ESTADO DE DERECHO Y CIL DIALOGUES

Recordar para reimaginar: perspectivas histórico-jurídicas a 50 años del golpe de Estado en Chile

Foto. Bombardeo al Palacio de La Moneda, 11 de septiembre de 1973. Foto. Flickr.

Este simposio se publica como producto de la alianza de Agenda Estado de Derecho y el Centre for International Law (CIL) Dialogues.

Hace cincuenta años, un golpe militar puso fin brutalmente al experimento democrático socialista liderado por el presidente Salvador Allende en Chile. El golpe inauguró una época de terror y una férrea reestructuración socioeconómica. Al conmemorar este medio siglo, este simposio tiene como objetivo no solo lamentar la violencia y sus cicatrices. También pretende recuperar las ideas y la imaginación jurídica internacional que sustentaron algunas de las iniciativas y ambiciones del gobierno de la Unidad Popular, esclarecer cómo se frustraron estos proyectos y desenterrar lecciones que puedan señalar hoy nuestro camino hacia el futuro.

Al preparar este simposio, un colega nos comentó, casi al pasar: “Buena idea. Todo el mundo conoce a Pinochet, pero no todo el mundo conoce a Allende”. En efecto, gran parte de lo que comenzó hace cincuenta años en Chile se ha convertido en material estándar de los manuales y cursos de derecho internacional: Augusto Pinochet, violaciones de los derechos humanos, inmunidad e impunidad, justicia y reconciliación – todo ello forma parte de esta historia. Pero este relato no es la historia completa de Chile; existen también historias olvidadas de tragedia, heroísmo y quizás incluso de utopía. El derecho internacional no está menos entrelazado en estas otras historias. Así que, si como estudiantes nos invitaron a hablar de Pinochet en nuestras clases de derecho internacional, como académicos ahora elegimos hablar de Allende.

En la academia del derecho internacional, la antipatía generalizada hacia la situación del Sur Global ha disminuido en las últimas décadas, en gran parte gracias al trabajo de los académicos asociados a lasAproximaciones del Tercer Mundo al Derecho Internacional’ (mejor conocidas por su acrónimo en inglés, TWAIL). Sin embargo, la marginación de las experiencias y perspectivas del Sur Global en el derecho internacional continúa, y por lo tanto también persiste la necesidad de criticar y reconfigurar la producción de conocimiento jurídico internacional. La observación casual de que Pinochet es más famoso que Allende refleja la continuidad de esta marginación.  La narrativa de los manuales presenta a Chile como otro espectáculo más de atrocidades contra los derechos humanos que exige más derecho internacional del que ya conocemos. En respuesta, tomamos la decisión deliberada de estudiar a Chile como un agente altamente capaz de generar cambios en el derecho internacional, de mostrarnos otro derecho internacional.

El Chile de Allende representa uno de los intentos más decididos y complicados de lograr un cambio radical tanto a nivel doméstico como internacional. Fue un punto culminante de las ambiciones tercermundistas y su caída marcó el fin de una era. Desde empoderar a los trabajadores de fábricas y dar leche gratuita a los niños, hasta nacionalizar sectores económicos clave y resistir a las grandes empresas transnacionales, pasando por fortalecer la integración regional a través del Pacto Andino y ser anfitrión de la UNCTAD III para ayudar a construir un nuevo orden económico internacional, el experimento socialista de Allende intento quizás una revolución de más. Y precisamente por ello, aparecen numerosas preguntas del tipo:¿qué hubiera pasado si?”. Estas preguntas no son meras especulaciones; son ejercicios de imaginación de  alternativas – una praxis inherentemente política y urgente en la era de la policrisis planetaria y de “la extraña no-muerte del neoliberalismo”. La urgencia se siente también – y quizás especialmente – ahora en Chile, cincuenta años después del golpe, cuando el país se encuentra dividido nuevamente por diferentes caminos a seguir, cada uno construido no sólo por proyecciones opuestas del futuro sino también por diferentes interpretaciones del pasado. Nunca ha sido más evidente la importancia política de cómo nosotros (es decir, abogados internacionalistas políticamente comprometidos) nos acercamos a la historia, qué elegimos conmemorar, y cómo derivamos significados del pasado y damos nuevos significados a este.

¿Y entonces qué? Para los juristas internacionalistas, estas son, en última instancia, preguntas sobre cómo el derecho internacional se relaciona con el cambio social y qué proyectos globales ha ayudado y podría ayudar a crear o sostener. Como mostrará este simposio, la experiencia chilena está marcada por dos enfoques aparentemente independientes hacia el derecho. En el ámbito nacional, el gobierno de Allende se propuso promulgar reformas socialistas adhiriéndose a – y demostrando visiblemente respeto por – los procedimientos legales existentes. En el ámbito internacional, Allende buscó explícitamente reescribir el derecho internacional para permitir la redistribución de riqueza y poder entre el Norte y el Sur. Sin embargo, en última instancia, el derecho internacional del Chile de Allende, como muchas otras agendas legales anticoloniales de la década de 1970, también era muy deferente al derecho y las instituciones internacionales existentes. Por lo tanto, expresaba un cierto optimismo en la posibilidad de cambio a través de los mecanismos existentes y la posibilidad de apropiarse de aspectos clave como la soberanía y la propiedad, así como la distinción entre lo público y lo privado. De esta manera, podría decirse que el experimento de la Unidad Popular reforzó el poder del derecho internacional en constituir el terreno de acción. Estas experiencias hacen del internacionalismo del Chile de 1970-1973 un caso de estudio crucial para quizás la pregunta más importante en el pensamiento jurídico crítico: cómo hacer realidad el potencial progresista del derecho. Este simposio no ofrece respuestas definitivas, pero traza algunas nuevas direcciones y áreas en las que buscarlas.

Tras esta introducción, el simposio profundiza en la interacción entre la política doméstica de Allende y su agenda (jurídica) internacional. La contribución de Claerwen O’Hara y Valeria Vázquez Guevara explica cómo la política “centrada en el pueblo” de Allende en casa allanó naturalmente el camino para su “derecho internacional de la solidaridad”, poniendo en primer plano a los “pueblos” de América Latina, el Sur y el mundo. A continuación, el artículo de Anna Saunders se centra en una preocupación central, pero olvidada, del gobierno popular de la Unidad Popular: la cooperación tecnológica. Saunders ilumina la aspiración de Chile de modificar los fundamentos que rigen la investigación, el desarrollo y la comercialización tecnológica como parte de su objetivo más amplio de remodelar las relaciones económicas internacionales. Al igual que O’Hara y Vázquez Guevara, Saunders revela las dimensiones interrelacionadas pero distintas –nacional, regional e internacional– de la “diplomacia tecnológica” de Chile.

Continuamos enfocándonos en las poco exploradas luchas jurídicas internacionales del Chile de Allende. Fabia Fernandes Carvalho y João Roriz abordan un tema central, a saber, la nacionalización del cobre por parte de Allende, a través de la mirada de Eduardo Novoa Monreal, el arquitecto de la defensa jurídica planificada por Chile. Esta experiencia, muestran, moldeó profundamente el pensamiento jurídico de Novoa Monreal, llevándole a desarrollar una pionera doctrina crítica que merece nuestra atención. Posteriormente, Wanshu Cong demuestra que Chile no fue sólo un promotor central de un sistema económico internacional más justo y equitativo, sino también un pionero en la lucha por un paradigma democrático y empoderador de los pueblos en el flujo de internacional la información. Cong demuestra que los esfuerzos de Allende fueron fundamentales para el movimiento del Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC), que, al igual que las enseñanzas de Novoa Monreal, se extendió mucho más allá del tiempo de Allende.

El simposio amplía su alcance con dos contribuciones que toman la década de 1970 en Chile como punto de partida para discusiones más amplias. André Dao regresa al apasionado llamado de Salvador Allende ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde acusó al International Telephone & Telegraph (ITT) de intentar “provocar una guerra civil en mi país”. Dao no solo resalta las advertencias premonitoria en el discurso de Allende sobre la influencia descontrolada de grandes corporaciones transnacionales, sino que también analiza sus limitaciones. Sostiene que nuestras dificultades actuales como abogados y académicos internacionalistas para determinar qué constituye una corporación “mala”, o cómo regularlas bajo el derecho internacional, son síntomas de una carencia más amplia en la teorización sobre qué exactamente es una corporación bajo el derecho internacional. Francisco-José Quintana, a su vez, explora la respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al golpe y a la extraordinaria violencia de la dictadura de Pinochet. Contrariamente a las explicaciones convencionales, Quintana argumenta que las acciones de la CIDH en Chile no solo inauguraron una nueva era de protección de los derechos humanos en las Américas. Mientras que la CIDH jugó un papel central en denunciar los peores abusos de la dictadura, Quintana sostiene que había una política detrás de la bandera de la antipolítica, y una que expone al regionalismo interamericano como un marco muy limitado para la reforma política.

Finalmente, la contribución de Jorge Contesse nos guía a través de cincuenta años de constitucionalismo y derechos humanos en Chile. Partiendo de las ruinas del referéndum constitucional chileno de 2022, que había cautivado las esperanzas de los progresistas antes de su colapso final, Contesse emite un veredicto sombrío: “vamos mal”. Capturando la esencia de este proyecto colectivo, Contesse combina este diagnóstico con un llamado razonable a la acción: en el compromiso de Allende de garantizar la igual dignidad en y a través del derecho internacional, podemos encontrar los rudimentos para realizar las promesas esquivas de la democracia constitucional para los pueblos de todo el mundo.

Al revisitar el Chile de Allende en este simposio conjunto de CIL Dialogues y Agenda Estado de Derecho, expresamos que diversificar la investigación en derecho internacional va más allá de provincializar Europa o descentralizar Occidente. Es igualmente crucial compartir perspectivas no occidentales y construir entendimientos mutuos entre diversas regiones posicionadas en la periferia epistémica del derecho internacional. Por esto, agradecemos sinceramente al equipo de ambos blogs por aceptar y organizar este simposio, y también esperamos que el evento genere más interés desde la región Asia-Pacífico para futuros diálogos interregionales entre Asia y América Latina en el ámbito del derecho internacional.

(Traducido del inglés por Esteban Oyarzún Gómez)

Encuentra de manera íntegra la serie de artículos (en inglés) de este simposio, en el sitio de web de CIL Dialogues: clic aquí. Muy pronto podrás leer los artículos (en español) en nuestra web de Agenda Estado de Derecho.

Citación académica sugerida: Cong, Wanshu y Quintana, Francisco-José. Recordar para reimaginar: perspectivas histórico-jurídicas a 50 años del golpe de Estado en Chile. Agenda Estado de Derecho. 2023/12/19. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/a-50-anos-del-golpe-de-estado-en-chile/

Palabras clave: Golpe de Estado en Chile; Salvador Allende; Dictadura militar chilena; Derechos humanos en Chile.

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ACERCA DE LOS AUTORES
Francisco José Quintana

Max Weber Fellow en la European University Institute y Editor asociado en European Journal of International Law (EJIL).

Wanshu Cong

Académica en la Australian National University y Editora asociada en European Journal of International Law (EJIL).

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.