El proceso penal que se celebró en El Salvador en 1991 para enjuiciar la masacre fue fraudulento y diseñado para encubrir a los autores intelectuales, como así lo reconoció la Comisión de la Verdad para El Salvador de la ONU en su informe de 1993. A pesar del importante esfuerzo de la Comisión de la Verdad y de un informe valiente, tan solo cinco días después de su publicación, fue aprobada la Ley de Amnistía General para la consolidación de la Paz, bajo la falsa doctrina de que una paz frágil se evapora en el resplandor de la verdad y la responsabilidad. Este instrumento de impunidad amnistió a los únicos condenados por la masacre e impidió posteriores investigaciones efectivas de las graves violaciones cometidas durante los 12 años de guerra, en la que se estima que 75.000 salvadoreños perdieron la vida y un tercio de la población se vio forzado al exilio.

La sociedad civil salvadoreña impulsó un último intento de conseguir justicia en el país en el año 1999, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su informe sobre la masacre fallando contra el Estado salvadoreño y a favor de los derechos de las víctimas. Ello desembocó, años después, en una esperanzadora sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993 en cuanto a su aplicación a violaciones de derechos humanos. Sin embargo, y a pesar de esta decisión, el juez de lo penal negó la reapertura del caso alegando la prescripción del delito y poniendo punto final a la vía de la justicia salvadoreña.

Por todo ello, la celebración del juicio en la Audiencia Nacional española ha sido un hito histórico para las víctimas, que durante décadas han tratado de llevar ante la justicia a los miembros del Alto Mando militar por su responsabilidad criminal en la masacre. Esta vez, lo consiguieron tras un proceso iniciado en 2008 por los abogados Almudena Bernabeu, autora de este artículo, y Manuel Ollé, quienes representaban como acusación popular y particular a la Compañía de Jesús y a los familiares del jesuita fallecido, Ignacio Martín Baró.

El tribunal juzgador sentenció al excoronel y exviceministro de seguridad pública de El Salvador, Inocente Orlando Montano, a una condena de más de 133 años de prisión –de los cuales cumplirá 30 años de pena efectiva–, como coautor intelectual de cinco delitos de asesinato de carácter terrorista. La responsabilidad como coautor intelectual se basó en que tanto él como el resto de los miembros del Alto Mando militar tomaron la decisión de común acuerdo de ejecutar a los padres jesuitas a través del Batallón Atlacatl, quienes obedecerían sus órdenes de forma automática en cumplimiento de la cadena de mando en un contexto de conflicto armado interno.

La sentencia representa la primera condena dictada contra un oficial militar de tan alto rango por su responsabilidad en el asesinato. Además, marca el primer juicio en España con base a un concepto reducido de Justicia Universal, que dota de jurisdicción a los tribunales españoles para perseguir fuera del territorio nacional a los autores de graves crímenes, como el terrorismo, cuando las víctimas sean de nacionalidad española. Algo que es aún más extraordinario si se tiene en cuenta que fue Estados Unidos quien accedió a extraditar al militar para que se enfrentase a la justicia española, lo cual no tiene precedentes en un país conocido por su renuencia a participar en causas de Justicia Universal. Sin embargo, este proceso penal solo pudo sentar en el banquillo de los acusados al ex coronel, quien residía en EEUU, pero no a los otros 14 miembros de las fuerzas armadas cuya participación sigue impune, al no haber podido ser traídos ante la justicia por la negativa de las autoridades salvadoreñas a conceder la extradición.

Esta sentencia es a su vez importante pues se hace eco de toda la prueba presentada, prueba capaz de contextualizar lo ocurrido e indirectamente rendir tributo, no solo en cuanto a los hechos criminales y sus víctimas, sino a la historia de todo un pueblo, en unos de sus periodos más oscuros, algo en mi opinión clave en los efectos potencialmente restaurativos de estos esfuerzos de justicia.

La práctica de la prueba incluyó el testimonio de testigos oculares de la masacre; de miembros de las fuerzas armadas, entre ellos un suboficial que participó con el Batallón Atlacatl en el operativo de aquella trágica noche; especialistas académicos en el conflicto armado salvadoreño, miembros de la Comisión de la Verdad para El Salvador de la ONU; así como el acceso a una gran cantidad de informes y documentos desclasificados por las agencias de inteligencia estadounidenses.

Esta verdad no es sólo importante para El Salvador, sino también para los Estados Unidos. Durante la guerra civil, la administración del entonces presidente Reagan practicó el arte del autoengaño. En su mente, El Salvador fue un campo de batalla en la gran guerra global del capitalismo contra el comunismo, donde el gobierno salvadoreño representaba a los primeros y las guerrillas a los segundos. Así, Estados Unidos entregó más de mil millones de dólares a las fuerzas armadas salvadoreñas, a las que entrenó y equipó. El gobierno al que sostuvieron militar, política y financieramente practicó de forma masiva y sistemática el “terrorismo de Estado” contra su población civil, que sufrió las trágicas consecuencias de esta estrategia geopolítica considerada por las autoridades estadounidenses como un desafortunado efecto colateral.

No cabe duda de que el malestar económico y social que sufre hoy en día El Salvador hunde sus raíces en el conflicto armado. Las escasas o nulas oportunidades de su población han llevado a muchos a emigrar o dedicarse a la delincuencia. Las maras hoy son un problema endémico, que se nutre de los hijos de los refugiados que han regresado, al igual que de los antiguos guerrilleros y los soldados retirados, todos ellos desempleados y sin oportunidades. Hasta hoy, el ciclo de violencia e impunidad sigue rampante en El Salvador. En una amarga repetición de la historia, la violencia está obligando a muchos, una vez más, a huir.

Ha pasado mucho tiempo, pero la esperanza permanece. Aun cuando orgullosos, quienes hemos participado en este proceso nos damos cuenta, que lo obtenido es muy importante pero es solo el comienzo. Este esfuerzo de justicia nació en El Salvador donde Elba, Celina, los padres Jesuitas y miles de personas perdieron sus vidas, y su resultado, debe regresar a El Salvador y tras 30 años esperando, servir un proceso nacional de justicia capaz de transformar y sanar a la sociedad salvadoreña.