¿El turno de América Latina?: Secretaría General de la ONU, liderazgo femenino y la urgencia de revitalizar el multilateralismo
12 de Junio de 2026
¿Por qué la elección del próximo Secretario o Secretaria General de las Naciones Unidas constituye no solo una oportunidad histórica para América Latina, sino también una responsabilidad?
La próxima elección del/a Secretario/a General de las Naciones Unidas, que definirá el liderazgo de la Organización a partir de enero de 2027, no es una contienda burocrática más dentro del calendario multilateral. Es, como ya se ha señalado con acierto, un verdadero referéndum sobre el estado y el futuro del multilateralismo en un mundo atravesado por conflictos armados persistentes, fragmentación geopolítica, crisis climática, erosión del consenso normativo y un debilitamiento sostenido de la confianza ciudadana en las instituciones internacionales.
Desde la perspectiva del derecho internacional público, esta elección interpela a la Organización en su núcleo normativo: la vigencia efectiva de los principios de la Carta de las Naciones Unidas (la solución pacífica de controversias, la igualdad soberana de los Estados, la cooperación internacional y el respeto de los derechos humanos) en un contexto en el que esos principios son crecientemente contestados, instrumentalizados o directamente ignorados.
En ese escenario, la convergencia de dos factores —la rotación regional informal y la posibilidad histórica de un liderazgo femenino— coloca a América Latina y el Caribe en una posición singular. No se trata solo de una oportunidad política, se trata de una coyuntura que exige reflexión jurídica, sentido de responsabilidad institucional y visión estratégica.
Si bien la Carta de la ONU no establece formalmente un sistema de rotación regional para la Secretaría General, la práctica constitucional de la Organización ha consolidado ese criterio como una regla informal de equilibrio geográfico. Tras dos mandatos consecutivos del actual Secretario General António Guterres, proveniente del grupo de Europa Occidental y otros Estados, existe un consenso extendido en que América Latina y el Caribe deberían encabezar ahora la conducción de la Organización.
Este consenso no se desarrolla en abstracto, sino que encuentra una expresión concreta en la actual nómina de candidatos oficialmente presentados en el proceso 2025–2026, conforme al mecanismo previsto en el artículo 97 de la Carta y las resoluciones de la Asamblea General sobre transparencia e inclusión en la selección. A la fecha, el campo de candidaturas muestra una configuración particularmente elocuente: cuatro de los cinco candidatos oficiales provienen de América Latina y el Caribe, junto con un candidato africano.
La composición de esta lista no es meramente anecdótica. Refleja, en términos prácticos, el reconocimiento por parte de los Estados miembros de que la rotación regional tiene fuerza normativa en la práctica institucional de la ONU. América Latina no solo “reclama” su turno; lo hace respaldada por una oferta concreta de candidaturas con credenciales robustas y complementarias.
Desde el punto de vista del derecho internacional público, este fenómeno puede leerse como expresión de una regla consuetudinaria emergente dentro del funcionamiento de la Organización: la búsqueda de legitimidad a través de la representación geográfica equilibrada. En un sistema donde la autoridad del Secretario General depende en buena medida de su aceptación transversal por los Estados y, en última instancia, de su viabilidad política ante el Consejo de Seguridad, la identidad regional del liderazgo adquiere un valor jurídico-político relevante como fuente de legitimidad funcional.
América Latina, además, presenta un elemento distintivo frente a ciclos anteriores: la convergencia entre esta expectativa de rotación y la existencia simultánea de múltiples candidaturas altamente competitivas provenientes de la región. Esta circunstancia no solo refuerza el argumento de “turno”, sino que eleva el estándar de la deliberación: la discusión ya no es si la región debe liderar, sino qué tipo de liderazgo latinoamericano resulta más idóneo para una ONU en crisis de eficacia y legitimidad.
En ese sentido, la elección trasciende la geografía para situarse en el terreno más exigente del derecho internacional contemporáneo: la capacidad de articular principios universales con realidades políticas fragmentadas, de traducir legitimidad formal en capacidad de acción y, en definitiva, de reimaginar el multilateralismo desde una región que históricamente ha apostado por él como instrumento de equilibrio y cooperación.
La pregunta central no es solo de dónde debe provenir el próximo liderazgo, sino qué tipo de visión puede aportar. En ese sentido, la experiencia latinoamericana ofrece una combinación particularmente relevante para el momento actual de la Organización. América Latina ha debido desenvolverse históricamente en un escenario internacional marcado por la presencia de grandes potencias, defendiendo normas multilaterales no desde posiciones de poder duro, sino a través de la negociación, la mediación y el derecho. Esa trayectoria resulta especialmente valiosa en un contexto de bloqueo recurrente del Consejo de Seguridad y de creciente unilateralismo, donde la capacidad de construir acuerdos sin renunciar a los principios adquiere una importancia central.
A ello se suma una sensibilidad particular frente a las desigualdades estructurales. La región conoce de primera mano la tensión entre desarrollo, derechos humanos y soberanía, lo que le permite contribuir a una agenda internacional capaz de reconstruir consensos entre el Norte y el Sur sin caer en dicotomías simplistas. Desde esa perspectiva, una mirada latinoamericana puede aportar no solo equilibrio político, sino también una comprensión más compleja de los desafíos que enfrentan los Estados en materia de desarrollo, justicia social y protección de derechos.
Finalmente, la tradición jurídica latinoamericana, marcada por la codificación, la adhesión al derecho internacional, el desarrollo de tribunales regionales y la búsqueda de mecanismos de solución pacífica de controversias, ofrece insumos relevantes para revitalizar la función preventiva y mediadora del Secretario General. En un escenario global atravesado por conflictos persistentes, fragmentación normativa y debilitamiento del multilateralismo, esa cultura jurídica del compromiso puede constituir un aporte distintivo para fortalecer el rol de la ONU en el siglo XXI.
En este sentido, la candidatura de figuras con fuerte anclaje regional y experiencia multilateral refleja no solo ambiciones nacionales, sino también una disputa legítima sobre el sentido político del multilateralismo contemporáneo.
Ochenta años después de la fundación de las Naciones Unidas, el hecho de que la Organización nunca haya sido encabezada por una mujer constituye una anomalía institucional difícil de justificar. La actual carrera por la Secretaría General corrige —al menos parcialmente— esa deuda histórica: por primera vez, varias candidaturas femeninas con sólida trayectoria están en el centro del proceso.
Desde una lectura jurídica y política, el liderazgo femenino no es un gesto simbólico vacío. Numerosos estudios y experiencias empíricas muestran que las mujeres en cargos de liderazgo multilateral han impulsado enfoques más integrales en materia de prevención de conflictos, derechos humanos, desarrollo sostenible y reconstrucción institucional. La agenda de mujeres, paz y seguridad, por ejemplo, es hoy parte estructural del sistema normativo de la ONU, pero requiere una conducción que la entienda no como un eje sectorial, sino como un enfoque transversal de la gobernanza global.
Que ese liderazgo femenino provenga, además, de América Latina, suma una capa adicional de legitimidad política: rompe simultáneamente dos techos de cristal, el de género y el geográfico, en una Organización cuestionada por su representatividad.
Uno de los riesgos recurrentes en el debate sobre la ONU es caer en una falsa dicotomía entre idealismo normativo y realismo político. El/la próximo/a Secretario/a o Secretaria General deberá navegar un entorno internacional en el que las reglas existen, pero su cumplimiento es selectivo; los principios son invocados, pero frecuentemente relativizados.
Aquí, la experiencia latinoamericana vuelve a ser clave. La región ha aprendido que defender el derecho internacional exige, paradojalmente, un profundo sentido de realidad política: comprender los límites del poder, identificar ventanas de negociación y construir consensos mínimos sin abdicar de los valores esenciales de la Carta.
El liderazgo que emerja de este proceso deberá ser capaz de ejercer una diplomacia normativa pragmática: insistir en la legalidad internacional, incluso cuando su aplicación plena no sea inmediata; sostener el lenguaje de los derechos humanos, incluso cuando resulte incómodo; y promover la paz no como consigna retórica, sino como política pública internacional basada en prevención, mediación y reconstrucción de confianza.
Otro elemento central para la legitimidad del próximo liderazgo es la combinación de experiencia multilateral sólida con conocimiento directo de la gestión estatal. La Secretaría General no puede reducirse a una función tecnocrática ni a un rol meramente simbólico. Requiere comprensión profunda de cómo las decisiones multilaterales impactan, y a veces tensionan, las capacidades, limitaciones y prioridades de los Estados.
En ese sentido, las candidaturas latinoamericanas con trayectoria tanto en gobiernos nacionales como en organismos internacionales reflejan un perfil particularmente adecuado: dirigentes que conocen el funcionamiento interno del sistema de Naciones Unidas, pero que también han enfrentado las más altas magistraturas, con las consecuentes dificultades que eso conlleva, con restricciones presupuestarias, crisis políticas y sociales, y necesidad de construir grandes acuerdos, entregan un valor agregado único para el liderazgo que Naciones Unidas espera; se trata del mundo real, y no solo de la alta diplomacia de Nueva York, Ginebra o Viena.
Este doble anclaje es esencial para avanzar en reformas realistas de la Organización, evitando tanto la parálisis institucional como las promesas irrealizables.
Una de las crisis más profundas que enfrenta hoy la ONU no es solo geopolítica, sino cultural y comunicacional. Para amplios sectores de la ciudadanía global, el multilateralismo aparece lejano, abstracto y desconectado de la vida cotidiana. Esta percepción erosiona la legitimidad del sistema y facilita el avance de discursos nacionalistas y antiinstitucionales.
El/la próximo/a Secretario/a General deberá asumir una tarea clave: hacer pedagogía del multilateralismo. Explicar, con claridad y honestidad, cómo las decisiones adoptadas en foros multilaterales inciden en la salud pública, el comercio, el clima, la seguridad alimentaria o los derechos laborales. Reivindicar la ONU no como un espacio elitista de diplomacia, sino como un instrumento imperfecto pero indispensable para la vida diaria de millones de personas.
América Latina, con su tradición de diplomacia pública y su sensibilidad social, puede aportar una narrativa más cercana, menos tecnocrática y más humana del multilateralismo.
Finalmente, la elección del/a próximo/a Secretario/a General está indisolublemente ligada a la necesidad urgente de reconstruir consensos que tributen a una paz duradera. La proliferación de conflictos armados, las guerras prolongadas sin salida política y la creciente normalización de la violencia como herramienta de política exterior plantean un desafío existencial para la ONU.
El derecho internacional ofrece herramientas —negociación, mediación, arbitraje, construcción de confianza— que requieren liderazgo político para ser activadas. No bastan las resoluciones ni los informes: se necesita una Secretaría General capaz de articular voluntades, facilitar diálogos incómodos y recordar, incluso cuando resulte impopular, que no existe sustituto viable para la cooperación internacional en la gestión de los conflictos globales.
Que América Latina encabece la Secretaría General de la ONU en este momento histórico no debe leerse como una concesión simbólica, sino como una apuesta estratégica por un multilateralismo renovado, realista y profundamente comprometido con los principios de la Carta. Que ese liderazgo sea ejercido por una mujer amplifica su potencial transformador.
Para quienes trabajamos y reflexionamos desde el derecho internacional público, esta elección no es ajena. Es una oportunidad, y una responsabilidad, de reafirmar que las normas importan, que el multilateralismo sigue siendo relevante y que la ONU, con todas sus limitaciones, aún puede ser un espacio central para la construcción de una paz duradera y compartida.
América Latina tiene hoy la palabra. Y el mundo, necesidad de escucharla.
Citación académica sugerida: Pascual, Tomás. ¿El turno de América Latina?: Secretaría General de la ONU, liderazgo femenino y la urgencia de revitalizar el multilateralismo.. Agenda Estado de Derecho. 2026/06/12. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/el-turno-de-america-latina-secretaria-general-de-la-onu/
Palabras clave sugeridas: Secretaría General de la ONU; América Latina y el Caribe; multilateralismo; liderazgo femenino; derecho internacional público.
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es profesor del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Es abogado por la Universidad de Chile, Máster en Derecho con mención en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la London School of Economics and Political Science y diplomado por el Programa de Estudios Avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de American University.
Ha desarrollado una destacada trayectoria en el ámbito público y diplomático, incluyendo su reciente función como embajador y representante Permanente de Chile ante la Organización de los Estados Americanos y director de Derechos Humanos de la Cancillería.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
