La desaparición forzada constituye un delito continuado cuya consumación se prolonga mientras no se determine la suerte o el paradero de la víctima, conforme al artículo 8(1)(b) de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y a la jurisprudencia interamericana, que la ha caracterizado como una violación múltiple y continuada de derechos fundamentales desde Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1988, párr. 155), reiterada en Godínez Cruz vs. Honduras (1989, párr. 163) y Radilla Pacheco vs. México (2009, párr. 146).

La Corte Interamericana ha sostenido que los Estados no pueden invocar amnistías, prescripción u otras medidas equivalentes para impedir la investigación y sanción, de los responsables de violaciones graves a los derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias, y las desapariciones forzadas. Estas conductas están prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Las amnistías y figuras similares han sido utilizadas por algunos Estados como obstáculos para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de estos delitos.

Tanto la Corte Interamericana como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órganos de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales de protección de derechos humanos se han pronunciado sobre la incompatibilidad de las leyes de amnistía respecto a graves violaciones de derechos humanos con el derecho y las obligaciones internacionales asumidas por los Estados. No obstante, esta prohibición no es absoluta; en el Derecho Internacional Humanitario también existe una obligación de investigar y juzgar crímenes de guerra. Por ello, las personas sospechosas, acusadas o condenadas por crímenes de guerra no pueden beneficiarse de amnistías, criterio establecido desde Barrios Altos vs. Perú, La Cantuta vs. Perú, Gelman vs. Uruguay y Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador.

La violencia sexual y de género ha sido reconocida como una de las manifestaciones más graves de ataques sistemáticos contra civiles, como lo documentó la Comisión de Expertos de Naciones Unidas sobre la ex Yugoslavia (UN Doc. S/1994/674, 1994), mientras que la persecución por motivos políticos, raciales, étnicos, culturales o de género, así como el apartheid, reflejan la diversidad de formas que puede adoptar la violencia organizada, tal como reconoce la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (1973, art. II).

La jurisprudencia interamericana ha desarrollado criterios robustos sobre la responsabilidad estatal en contextos de desaparición forzada. La Corte Interamericana ha declarado la responsabilidad del Estado no solo por la participación directa de agentes estatales, sino también por la omisión en prevenir, investigar o sancionar desapariciones, conforme al artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al aplicar el principio del effet utile, la Corte busca optimizar la protección de los derechos humanos, garantizando que los tratados internacionales no se limiten a ser declaraciones programáticas, sino obligaciones jurídicas efectivas.

Un precedente emblemático es Gomes Lund y otros (“Guerrilha do Araguaia”) vs. Brasil, donde la Corte concluyó que la desaparición sistemática de opositores políticos formaba parte de un patrón estructural de represión estatal caracterizado por la negación de información, la obstrucción de investigaciones y la impunidad persistente.