La repetición de destituciones tiene un efecto que va acumulándose. Cada nuevo presidente llega al poder sabiendo que su permanencia es incierta y eso cambia la lógica del gobierno porque un presidente fuerte podría impulsar reformas, negociar con actores políticos y asumir costos políticos. Un presidente débil se concentra solamente en sobrevivir. Así, el Ejecutivo pierde capacidad de liderazgo y el Congreso, gana poder político real: ya no solo legisla y fiscaliza, sino que además se convierte en el árbitro de la continuidad del gobierno.

Ahora bien, el problema no es que el Congreso controle al Ejecutivo, sino que ese control es esencial en cualquier democracia porque forma parte de lo que en teoría se conoce como checks and balances. Entonces, el problema surge cuando ese control se convierte en una amenaza constante. La política deja de girar en torno a programas de gobierno y pasa a girar en torno a los escándalos de corrupción y la supervivencia política. La dinámica actual genera así incentivos perversos.

Para la oposición parlamentaria, destituir a un presidente puede resultar más rentable que negociar con él, pues el juego de poderes rinde más beneficios políticos que la cooperación. Para el Ejecutivo, gobernar se vuelve una tarea defensiva. Cada decisión puede abrir un nuevo frente político. Así se instala una lógica de fuego cruzado permanente.

El sistema político entra en un círculo vicioso difícil de romper con presidentes débiles, congresos fragmentados y crisis. El debate público suele concentrarse en los nombres, se discute si recibió diferentes tipos de Rolex o si estuvo implicado en denuncias sexuales. El debate es necesario, pero insuficiente porque el problema más profundo es el institucional. El diseño constitucional peruano permite una relación conflictiva entre Ejecutivo y Legislativo. Existen múltiples mecanismos de presión mutua y está bien. El Congreso puede remover al presidente. El presidente puede disolver el Congreso en circunstancias excepcionales.

Este equilibrio busca evitar el autoritarismo; pero en la práctica se ha generado un sistema propenso a la confrontación permanente. El mayor riesgo no es la crisis política en sí misma, pues las democracias suelen atravesar este tipo de escenarios. El verdadero riesgo es cuando la crisis se normaliza.

Cuando la caída de un presidente deja de sorprender, algo profundo está fallando en la estructura esencial del sistema político. La estabilidad institucional no depende solo de las reglas, sino también de las expectativas compartidas. Los actores deben asumir que el mandato presidencial tiene una duración razonable y si esa expectativa desaparece, el horizonte temporal de la política se acorta y si la política se vuelve de corto plazo, las reformas estructurales irán desapareciendo de la agenda nacional.