Hace dos años (2023), realizamos una descripción de la difícil situación en seguridad que atravesaba Ecuador, recapitulando el pasado, presente y futuro de la crisis. Coincidentemente, ese mismo año, la organización Iniciativa Global publicó por primera vez el Índice Global de Delincuencia Organizada, y anunció que su próxima entrega sería luego de dos años (2025). Tras la publicación del nuevo informe, los resultados hablan por sí mismos: Ecuador pasó del onceavo al cuarto puesto a nivel global, sufriendo un incremento en prácticamente todas las variables de criminalidad contempladas por la metodología aplicada.  

De acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en el año 2023, las muertes violentas llegaron a 8,004. El año 2024 cerró con 7,033 homicidios intencionales (una reducción del 14.7% respecto del año anterior). Ahora bien, solo en el primer semestre del año 2025 ya se registraban 4,619 muertes violentas en el país, por lo que muchos vaticinan que de mantenerse la media se transformaría en el año más violento de la historia del Ecuador. Esa proyección no solo se cumplió, sino que fue superada: el año cerró con un total de 9.216 homicidios. La mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes de entre 18 y 29 años, y la mayor parte de los hechos ocurrieron en vías públicas, lo que confirma la normalización de la violencia extrema en los espacios cotidianos.

Antiguos y nuevos síntomas El consumo de cocaína sigue en ascenso en el mundo y Ecuador continúa siendo uno de los grandes centros de acopio de esta droga en la región por su frontera compartida con Colombia, principal productor mundial. Los grupos disidentes guerrilleros colombianos se han constituido en los principales proveedores regionales del alcaloide y tienen como clientes a organizaciones criminales transnacionales que, a su vez, mantienen alianzas con grupos delincuenciales locales, a los cuales se les continúa pagando con producto y armas.

A lo anterior se suma, en los últimos 5 años, la incursión de estos grupos en actividades de minería ilegal de oro. Por los precios recientes de este mineral, se calcula que esta actividad ya supera los réditos económicos del narcotráfico, especulándose hasta USD$ 1,300 millones de dólares. En este sentido se ha acentuado la lucha por territorios, en aras de lograr el control de los puntos de explotación aurífera.

En este contexto, en el Ecuador se han identificado, al menos, 22 organizaciones criminales, de las cuales se destacan principalmente “Choneros” y “Lobos”. Sin embargo, las condiciones antes descritas han generado un ambiente de competitividad delincuencial que se ha traducido en constantes pugnas de poder entre      estas organizaciones, además de la diversificación de actividades ilícitas como extorsiones, lo cual está desencadenando una permanente lucha de territorios para controlar rutas, que a su vez se manifiesta a través de violencia en las calles.

A lo anterior se suman altos índices de corrupción materializados en la penetración de estas organizaciones en las fuerzas del orden (caso Alto Punino), administración de justicia (Casos Metástasis, Purga y Plaga) y la cooptación de gobiernos autónomos descentralizados (Caso Municipio de Durán). En este punto, tal vez, el fenómeno más preocupante es la cantidad de candidatos de elección popular y funcionarios electos asesinados en los últimos años, lo que hace todavía más evidente el riesgo inminente para las estructuras democráticas producto de la crisis en seguridad. Todo esto sin mencionar que tanto la Corte Nacional de Justicia como la Fiscalía General del Estado tienen autoridades prorrogadas en funciones, con concursos de designación todavía pendientes.

De otra parte, y  pese a los esfuerzos de la Unidad de Inteligencia Financiera nacional (UAFE), que ha promulgado algunos proyectos de reforma al sistema de prevención de lavado de activos, la capacidad de ejecución de controles y la eventual promoción de estos a pronunciamientos judiciales en firme por delitos como enriquecimiento ilícito, testaferrismo, lavado de activos entre otros, sigue siendo marginal, traduciéndose esto en una disposición de recursos formidable para las organizaciones delictivas.

Finalmente, y tal vez la situación más alarmante, es el incremento de la participación de menores de edad en estructuras delincuenciales, así como el deterioro del sistema de rehabilitación social que enfrenta múltiples cuestionamientos a nivel internacional, principalmente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto da cuenta del impacto que tiene la delincuencia en los sectores más vulnerables y económicamente desfavorecidos.