Estado de Derecho en Honduras y desarrollo humano. Una relación indisoluble

12 de Octubre de 2022
Estado de Derecho en Honduras y desarrollo humano. Una relación indisoluble
Tomado de ONUHonduras

Para mejorar los indicadores de desarrollo humano en Honduras, es necesario fortalecer el Estado de Derecho.

Honduras, desarrollo humano, liderazgo transformador

El 12 de julio de 2022 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Honduras presentó el “Informe de Desarrollo Humano: Estado de Derecho Fundamento de la Transformación 2022-2030”, en el que incluye entre sus mensajes principales que el país enfrenta una multi crisis en términos sociales, económicos, políticos y ambientales, cuyo origen “se remonta al Siglo XX, a partir de problemas estructurales y rezagos profundos no resueltos y se profundizó con la llegada del COVID-19 en 2020”.

¿Qué papel juega la ausencia de un Estado de Derecho como componente transversal del contexto multi crisis?

Como un preámbulo para responder a esta pregunta es importante mencionar que, según el informe, Honduras registró un índice de desarrollo humano (IDH) de 0.634, calificándose como una nación con un desarrollo humano medio, por encima únicamente de Haití en América Latina y El Caribe. El PNUD plantea el desarrollo no sólo en función de ingresos, sino de que una persona posea las oportunidades, garantías y capacidades para alcanzar sus objetivos.      

Esto se traduce en tres dimensiones que se posicionan como la base para la medición del desarrollo humano en el informe: la capacidad de llevar una vida larga y saludable medida por la esperanza de vida al nacer; la capacidad de adquirir conocimientos calculada por los años promedio y los años esperados de escolaridad; y la habilidad de lograr un nivel de vida decente a partir del ingreso nacional bruto per cápita. 

Entre los años 2000 y 2019, el PNUD destaca que la esperanza de vida aumentó gradualmente hasta alcanzar 75 años en 2019; el promedio de escolaridad pasó de 4.3 años en 2000 a 6.6 años en 2019; y, la expectativa de años de escolaridad sufrió regresiones, pasando de 11.1 años en 2007 a 10.1 años en 2019, el mismo valor que el país registró en el año 2001.

Al hacer una relación entre desarrollo humano y Estado de Derecho, el informe identifica tres momentos que permiten alcanzar el estado actual del vínculo entre ambas figuras: la armonía de los pensamientos económicos y legales como perspectiva inicial del desarrollo a mediados del Siglo XIX; seguido de la coincidencia entre la economía, en la que el mercado se sobrepone al Estado, y la adopción de medidas de ajuste estructurales y de modernización de los Estados en los años ochenta; y, finalmente, las delimitaciones impuestas al mercado y el surgimiento de un enfoque de desarrollo equitativo e inclusivo, con perspectiva ciudadana, en los años noventa.

Las últimas dos décadas del Siglo anterior coinciden con la transición democrática que diferentes Estados atravesaron en el orden constitucional, entre ellos Honduras en 1982. En el Informe de Desarrollo Humano de 2002, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, mencionó que “los obstáculos que se oponen a la democracia tienen poco que ver con la cultura o la religión; mucho más a menudo se deben a que los que tienen el poder desean mantenerlo a toda costa”.

En esa edición del informe, se describió a la democracia como una causa que desencadena “un ciclo positivo de desarrollo, a medida que la libertad política hace posible que los ciudadanos puedan exigir políticas que amplíen las oportunidades sociales y económicas”. Casi dos décadas después, el vínculo entre el sistema democrático como condición indispensable para el desarrollo humano se mantiene, pero el PNUD enmarca a la democracia como parte de los tres pilares que componen el abordaje conceptual del Estado de Derecho, a la par de la justicia, y la seguridad y paz.

Una de las herramientas utilizadas en el informe para abordar la situación del Estado de Derecho hondureño es el Índice de Estado de Derecho de World Justice Project, que para el año 2021 ubica a Honduras en el lugar 126 de 139 países y jurisdicciones evaluadas en su adherencia al Estado de Derecho.

En América Latina y el Caribe, Honduras supera únicamente a Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela. Al profundizar en las dimensiones y subindicadores del índice, se visibiliza el contexto multi crisis, tomando en consideración que, en la mayoría de indicadores de las dimensiones que comprenden el índice, por ejemplo, límites a los poderes gubernamentales, derechos fundamentales, ausencia de corrupción, gobierno abierto, cumplimiento de la ley, justicia civil y criminal, el país se ubica por debajo de la evaluación media en América Latina.

Otra de las herramientas ilustrativas es el Informe de Latinobarómetro, en el que para el 2020, Honduras fue el país con menor apoyo a la democracia en la región. En el informe se explica que “dominan la política hondureña los problemas político-institucionales previos a la pandemia”. Este documento se publicó previo a las elecciones generales de 2021 y aun en el marco de la transición de poder en el que Xiomara Castro asumió la presidencia de la República, esos problemas político-institucionales salieron a flote en la instalación de la Junta Directiva del Congreso Nacional en enero de 2022.

Uno de los factores que explica la prevalencia de episodios así, aun en momentos de transición, es el caudillismo, que caracteriza a la cultura política hondureña, y que el informe reconoce como un fenómeno que produce un vaciado de contenido del derecho y de la representación del pueblo.

¿Qué posibilidades reales hay de revertir el deterioro del Estado de Derecho y acelerar el desarrollo humano?

En términos de percepciones sociales, el Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación explica que para un 66.7% de la población la administración de Xiomara Castro representa un cambio positivo para el país.

Sin embargo, si atendemos a la cultura predominante en el sistema de partidos políticos, debemos afrontar las expectativas que genera el nuevo gobierno con cautela, porque la llegada al poder del Partido Libertad y Refundación (Libre) sí oxigenó al Estado de Derecho, principalmente por la alternancia en el ejercicio del poder y la salida de Juan Orlando Hernández de la presidencia     ; pero los actores que intervienen en la toma de decisiones continúan siendo los mismos, en su mayoría.

El informe propone acertadamente el surgimiento de un liderazgo transformador como parte de una solución multidimensional, en atención a la naturaleza de la crisis del Estado hondureño. El reto no solo será que surjan liderazgos así, sino que puedan crecer en un contexto en el que los partidos políticos mayoritarios se reducen a tres organizaciones que han sido controladas por las mismas personas durante la última década y media. El actual contexto de ruptura con el pasado es una oportunidad para enmarcar la transición política, no como un fin, sino como un preámbulo para la inmersión de relevos con capacidad de competir en el próximo ciclo electoral.

Citación académica sugerida: Jerez Moreno, Rafael. Estado de Derecho en Honduras y desarrollo humano. Una relación indisoluble. Agenda Estado de Derecho. 2022/10/12. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/estado-de-derecho-en-honduras/

Palabras clave: Estado de Derecho, desarrollo humano, liderazgo transformador.

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ACERCA DEL AUTOR
Rafael Jerez Moreno

Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Maestro en Derecho con énfasis en América Latina y Derecho Internacional por la Universidad de Texas en Austin, miembro del Consejo Nacional Consultivo para la elaboración del Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.