Costa Rica ha sido durante décadas un referente latinoamericano en estabilidad democrática y Estado de derecho. Las mediciones académicas y los indicadores internacionales la ubican entre las democracias más consolidadas del hemisferio. No obstante, al aproximarse las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, surgen señales que demandan mayor atención: la estabilidad democrática, aunque persistente, parece enfrentarse hoy a desafíos estructurales, sociales e institucionales que podrían erosionar sus cimientos.

Existe una tensión creciente entre un marco constitucional que ha sido históricamente respetado y nuevas demandas sociales que reclaman respuestas urgentes. La Constitución costarricense fijó bases normativas claras, protegió libertades y derechos, y construyó institucionalidad sólida. Sin embargo, desde inicios del siglo, el arrastre de demandas ciudadanas diversificadas e insatisfechas, se traduce en sectores sociales más álgidos que reclaman salud y educación de calidad, mejores servicios públicos, seguridad ciudadana y menor desigualdad. La ampliación de derechos —un logro innegable del progreso democrático— convive con la dificultad institucional para garantizarlos en toda su magnitud y prestarlos en la cotidianidad.

Ese desfase cristaliza en manifestaciones de fatiga democrática: un desencanto que crece más rápido que las respuestas institucionales para frenarlo. En el pasado reciente, el país ha enfrentado estancamientos o retrocesos en varios ámbitos sociales.

Paralelamente, se aprecia una erosión simbólica de ciertos consensos básicos. La legitimidad histórica, cimentada en la tradición democrática, el civismo y la institucionalidad republicana, fue durante mucho tiempo un amortiguador frente a la conflictividad política. Ahora, choques recientes entre órganos del Estado, episodios de polarización y el deterioro del debate público muestran que esa contención simbólica ya no resulta suficiente. La mala noticia es que esas instituciones no habían desarrollado otras habilidades y capacidades de contención; ocasionando, entonces, una posición de riesgo que desafía las bases constitucionales en su Estado de Derecho. Principalmente, por una erosión tácticamente dirigida hacia pilares que sostienen la separación de poderes, la integridad electoral y la confianza de las instituciones.

Es en ese entorno en el que emerge la desinformación digital como riesgo inmediato y multiplicador. Las plataformas y redes no solo distribuyen información, sino que son utilizadas como vehículos para el posicionamiento de narrativas emocionales que refuerzan mitos, resentimientos, desencanto y polarización. La manipulación y la alteración de los ecosistemas informativos han demostrado ser herramientas de actores interesados en debilitar esa confianza pública y, en última instancia, la propia legitimidad del sistema democrático. Así, pareciera que el Estado de Derecho está presionado a desarrollar capacidades de respuesta a ese fenómeno; pero, contrario a lo que ocurre en otras latitudes (como las regulaciones específicas de la Unión Europea o en países como Brasil, Chile, Colombia y México), la omisión de Costa Rica hizo que quedara atrás en esta materia. Sus respuestas, principalmente administrativas y jurisdiccionales, son eso: reacciones sobre el momento y salvaguardas inmediatas en tutela del principio democrático.

El derecho a la democracia, entendido por el Sistema Interamericano como garantía esencial, exige sociedades bien informadas; la Corte Interamericana lo resumió con claridad: “una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre” (Opinión Consultiva OC/5-85).

El entramado jurídico costarricense, en gran medida, ha sido reactivo ante estas transformaciones sociales y tecnológicas. Las normas electorales, los mecanismos de control del discurso público, el acceso y la libertad de información, así como las responsabilidades sobre contenidos digitales no evolucionaron al ritmo de este fenómeno. Lo que antes parecía un problema asociado a eventos concretos como la COVID-19 o las campañas electorales, se ha convertido en una problemática estructural. Ahora su ordenamiento se ve presionado por incorporar medidas eficaces para enfrentar la desinformación en armonía con pilares fundamentales del Estado de Derecho. Apoyos como la Caja de Herramientas sobre desinformación en América Latina y el Caribe publicada por UNESCO podrían contribuir a este escenario.

La experiencia comparada y los debates en esta materia, requieren de una respuesta combinada entre marcos legislativos que concilien la libertad de expresión con la libertad de información, estándares de autorregulación de los sujetos privados y fortalecimiento de capacidades cívicas y judiciales.

Otro de los aspectos que, en el país y en la región, parece necesitar un reforzamiento, son las acciones estatales dirigidas para la preservación de la memoria democrática como elemento imprescindible del Estado de derecho. Las coyunturas críticas dejan como evidencia que no basta con instituciones formales, sino que se requiere una conciencia colectiva sobre logros y fragilidades pasadas para impedir la normalización de prácticas que socavan la democracia.

Cuando episodios de corrupción, abuso de poder o decisiones contrarias al interés público quedan sin sanción o sin reparación simbólica, aumenta la desconfianza social. La preservación de la memoria democrática es una salvaguarda contra la erosión del Estado de derecho; y, para ello, urge un debate crítico-reflexivo acerca de la necesidad de su constitucionalización.

Así, confluyen tres vectores que tensan el Estado de derecho costarricense de cara a sus próximos comicios: a) el arrastre de demandas y realidades sociales insatisfechas; b) un crecimiento de la desinformación digital como fenómeno disruptivo en la confianza ciudadana; y, c) el debilitamiento de los consensos simbólicos e históricos que sustentan la legitimidad democrática como resultado de haber abandonado las prácticas necesarias para la preservación de la memoria democrática. Estos factores, combinados, vuelven particularmente sensibles la dinámica electoral de 2026.

Por eso, la próxima contienda no es sólo una mera sucesión de autoridades, sino que también será una prueba sobre la capacidad del país para la autocrítica, renovación institucional y reconstrucción del vínculo entre ciudadanía y poder. Un momento clave para la renovación de sus compromisos con el Estado de derecho; o, por el contrario, para el inicio de un declive democrático no visto en el pasado reciente.