Elecciones en Alemania: un nuevo Bundestag y muchas incógnitas
29 de Abril de 2025
¿Qué cambió en Alemania tras las elecciones de 2025? Nuevo sistema electoral, auge de la extrema derecha y posibles efectos en América Latina.
El 23 de febrero de 2025, Alemania celebró elecciones anticipadas para renovar su Parlamento Federal (Bundestag), luego del colapso del gobierno anterior a causa de profundas discrepancias políticas. La votación se desarrolló en un escenario político y económico complejo, atravesado por tensiones geopolíticas como la guerra en territorio europeo, el cambio de gobierno en Estados Unidos, y un intenso debate interno sobre migración, situación económica, justicia social y crisis climática. Al mismo tiempo, se trató de la primera elección tras la reforma del sistema electoral aprobada en 2023, que tenía como objetivo reducir el tamaño del Bundestag y hacerlo más justo.
Antes de la reforma electoral, el sistema alemán permitía el crecimiento constante del número de escaños en el Bundestag debido a los llamados mandatos compensatorios y de sobre-representación. Los primeros ocurren cuando un partido gana más mandatos directos que escaños en el parlamento y los segundos son mandatos adicionales para los otros partidos para mantener la representación proporcional. El resultado era un parlamento que se había pasado a más de 730 escaños. Alemania tenía el parlamento democráticamente elegido más grande del mundo, lo que generaba críticas sobre su eficiencia y altos costos.
La reforma buscó limitar el número de escaños a un máximo de 630. Para ello, se eliminaron los mandatos compensatorios y de sobre-representación. Cuando los alemanes votan en las elecciones federales, tienen dos votos: con el primero, se vota para un candidato directo y con el segundo, se vota para un partido. Es este segundo voto el que ha adquirido mayor importancia para la distribución de escaños. Esta reforma significó pérdidas para partidos con una base regional fuerte, como la Unión Social Cristiana en Baviera. También generó presión sobre partidos como La Izquierda, que en el pasado lograban entrar al Parlamento gracias a victorias directas en circunscripciones, por el primer voto (candidatos directos).
La reforma no estuvo exenta de críticas y fue objeto de demandas ante el Tribunal Constitucional Federal, que sin embargo la avaló en su mayoría, cuestionando únicamente el diseño concreto de ‘umbral’ del 5% para que un partido logre entrar al Bundestag. A largo plazo, el objetivo de esta reforma es fortalecer la capacidad de acción del Bundestag. Un parlamento más pequeño puede trabajar de forma más eficiente, agilizar decisiones y fortalecer la confianza ciudadana en la política. Sin embargo, la reforma también conlleva desafíos: las particularidades regionales pierden peso, los partidos pequeños enfrentan más dificultades y los equilibrios de poder tradicionales se ven alterados.
La participación electoral alcanzó un 82,5%, un récord desde la reunificación. Para muchas personas votantes, esta elección fue claramente percibida como decisiva para el futuro del país.
Llama particularmente la atención la pérdida masiva de votos de los partidos de gobierno actuales (SPD, Verdes, FDP), mientras que el partido de la extrema derecha, la AfD, logró más que duplicar su resultado. La CDU y la CSU obtuvieron ligeros avances, La Izquierda logró superar el umbral para ingresar al Bundestag y la alianza Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) quedó apenas por debajo con un 4,97%. El BSW, fundado en 2024, quedó a 13.400 votos de superar el umbral del 5 % y solicitó al Tribunal Constitucional Federal un recuento nacional.
Es un caso inédito: ningún partido había estado tan cerca de ingresar al Bundestag sin lograrlo. Además, la ley solo permite impugnar elecciones una vez concluidas, y un recuento preventivo requiere pruebas de errores concretos. Así pues, un resultado ajustado no es suficiente. La cuestión del recuento es relevante porque, si el BSW lograra superar el umbral, la distribución de escaños cambiaría sustancialmente, afectando la mayoría prevista entre CDU/CSU y SPD.
El Tribunal ya rechazó la demanda de amparo por inadmisible, aunque el BSW aún podría presentar una queja electoral después que se confirmen los resultados. El partido además criticó que ciudadanos alemanes en el extranjero no recibieron a tiempo su documentación para votar. No obstante, resulta improbable que esto lleve a anular la elección, ya que la Ley Fundamental exige celebrar las elecciones dentro de los 60 días posteriores a la disolución del Parlamento. Como explicó la jurista Prof. Dr. Sophie Schönberger, no existe un “derecho a votar de forma cómoda” desde el extranjero.
La formación de gobierno se presenta especialmente compleja, ya que una repetición del último gobierno no es ninguna opción. El último gobierno fue una coalición de tres partidos –SPD, los Verdes y FDP, la primera alianza tripartita en la historia alemana– con intereses diferentes. Finalmente, el gobierno fracasó porque los partidos no pudieron ponerse de acuerdo sobre el presupuesto. En consecuencia, un nuevo gobierno con estos tres partidos políticamente no es posible, a pesar de que el FDP no logró ingresar al parlamento.
El SPD y los Verdes tampoco pueden formar una mayoría de gobierno, teniendo en cuenta que la SPD ha perdido 86 escaños y los Verdes, 33. Una alianza entre la Unión (CDU/CSU) y la AfD ya había sido descartada antes de las elecciones por todos los partidos democráticos del centro. Las diferencias ideológicas y programáticas entre CDU/CSU y AfD hacen esta opción inviable. Por tanto, solo quedan unas pocas opciones realistas para lograr una mayoría.
• Gran coalición (CDU/CSU + SPD): contaría con una mayoría cómoda, pero existen reticencias dentro del SPD respecto a una nueva colaboración con la CDU/CSU.
• Coalición Kenia (CDU/CSU + SPD + Verdes): tendría una mayoría, pero las diferencias de contenido — especialmente entre conservadores y verdes— podrían dificultar la gestión gubernamental.
Inicialmente no se sabía si alguna de estas opciones se concretaría o si Alemania enfrentará un periodo prolongado de incertidumbre. No obstante, el CDU/CSU y SPD iniciaron conversaciones exploratorias para evaluar una posible cooperación. Finalmente, el CDU/CSU y SPD han formulado un acuerdo de gobierno para formar otra coalición conjunta. No obstante, esta vez evitan llamarlo “Gran coalición” y prefieren presentarlo como una “coalición de responsabilidad” con el objetivo de destacar su compromiso con la estabilidad política y el interés común del país. La CSU ya ha aprobado el acuerdo por unanimidad. Ahora, el resto de los partidos deben someter el acuerdo a votación interna. A continuación, tendrá lugar la elección del Canciller Federal por el Bundestag.
Las elecciones además demostraron que especialmente el comportamiento de los votantes jóvenes es preocupante. Según un análisis, la AfD obtuvo un sorprendente 21% entre los menores de 24 años. La Izquierda alcanzó un inesperado 26 % en este grupo etario. En conjunto, los partidos ubicados en los extremos del espectro político, incluido el BSW, recibieron el 53% de los votos de los votantes más jóvenes.
Este resultado es una señal de alarma para el centro político: muchos jóvenes no se sienten representados ni tomados en serio por los partidos tradicionales ya sea en cuestiones de seguridad social, educación, cambio climático o su futuro económico. Si el centro político no se toma en serio estos signos de alejamiento, corre peligro el vínculo entre una generación y la democracia parlamentaria.
Las elecciones tienen repercusiones tanto nacionales como internacionales, especialmente en Europa y en regiones socias como América Latina. Se espera que Friedrich Merz se perfile como el próximo canciller, lo que podría marcar un giro hacia políticas más conservadoras, centradas en la disciplina fiscal, recortes presupuestarios y una administración más austera. Al mismo tiempo, el acuerdo de coalición prevé la creación de un nuevo fondo especial de hasta 1.000.000 millones de euros destinado a inversiones estratégicas, lo que muestra una disposición a endeudarse de forma controlada fuera del presupuesto regular. Tras la fuerte reducción de la ayuda al desarrollo por parte de Estados Unidos, queda por ver si Alemania también ajustará su cooperación al desarrollo por razones presupuestarias, o si esta se reorientará más claramente hacia intereses nacionales, como lo plantea el programa electoral de la CDU.
También estaba en debate el futuro de la política de desarrollo alemana, aunque el acuerdo de colación confirma que el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) se mantendrá como entidad independiente. No obstante, se prevén recortes presupuestarios en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria, lo que podría llevar a una diminución del compromiso financiero internacional de Alemania, similar a la ocurrida recientemente en el Reino Unido. En este sentido, es probable que la cooperación alemana con América Latina no continúe bajo los mismos términos.
Para América Latina, esto podría significar una redefinición de las prioridades temáticas y geográficas de la cooperación alemana. En particular, es posible que el nuevo gobierno privilegie proyectos que promuevan la estabilidad regional, así como iniciativas orientadas al interés económico alemán, como la seguridad de materias primas, la transición energética o la apertura de nuevos mercados. En este sentido, el acuerdo de coalición expresa el compromiso de Alemania con una rápida ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el MERCOSUR, lo que refleja una clara voluntad política de fortalecer los lazos económicos con la región. Por otro lado, proyectos ejecutados por organizaciones de la sociedad civil, think tanks, universidades y actores locales podrían enfrentarse a mayores exigencias de alineación con intereses alemanes o a la necesidad de demostrar beneficios concretos para Alemania.
En resumen, este cambio político podría reconfigurar la cooperación internacional en América Latina, lo que impulsaría a diversos actores a revisar y ajustar sus estrategias, prioridades y formas de colaboración, en función de las nuevas dinámicas políticas y de financiamiento. Mucho dependerá de la composición final del gobierno alemán y de cómo defina sus prioridades en materia de cooperación internacional en el nuevo contexto global.
Citación académica sugerida: Vicaría Barker, Isabel y Richter, Niklas. Elecciones en Alemania: un nuevo Bundestag y muchas incógnitas. Agenda Estado de Derecho. 2025/04/29. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/elecciones-en-alemania-un-nuevo-bundestag-y-muchas-incognitas/
Palabras clave: Alemania, Elecciones 2025, Gobernabilidad
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Jurista, colaboradora científica y candidato doctoral en la Universidad Bundeswehr de Múnich. Completó parte de su formación jurídica con el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer en Bogotá.
Niklas Richter estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el King’s College London, la Universidad Renmin de China, la Universidad de Viena y la Universidad de Granada. Profesionalmente se dedica – en el marco de su trabajo en la Comisión Europea – a temas de política comercial europea, en particular al acceso a mercados en terceros países, la aplicación de normas comerciales y el apoyo a empresas europeas. Además, ha adquirido experiencia en cooperación internacional y comunicación política, entre otros, a través de su trabajo con la Fundación Konrad Adenauer en asuntos de política exterior y desarrollo.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
