La política exterior feminista en Argentina en el diario de hoy: de la institucionalización a la incertidumbre
29 de Octubre de 2024
La eliminación del cargo de Representante Especial para la Política Exterior Feminista en Argentina marca un giro inesperado en una política que había sido aplaudida internacionalmente. ¿Qué implica este cambio para la igualdad de género y los compromisos internacionales del país?
En diciembre de 2022, Argentina había dado un paso significativo al crear el cargo de Representante Especial para la Política Exterior Feminista (REPEF), dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta iniciativa se justificó en la necesidad de coordinar las acciones externas del país bajo un enfoque de género, abordando temas como la cooperación para el desarrollo, los desafíos económicos y la paridad de género. Tras las elecciones del año 2023, el cargo fue eliminado, lo que puso en duda la continuidad de estos esfuerzos.
La creación del REPEF fue un hito clave en el compromiso de Argentina con la igualdad de género. Su objetivo era integrar la perspectiva feminista en la política exterior, promoviendo la participación de las mujeres en foros multilaterales y asegurando que la paridad de género fuese un principio transversal en la acción internacional. Sin embargo, la renuncia de la primera titular del cargo en diciembre de 2023, seguida por la decisión del nuevo gobierno de eliminar el puesto, representó un retroceso en una historia breve de avances.
La Política Exterior Feminista de Argentina se construyó sobre un marco normativo robusto. Tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana de Belem do Pará fueron fundamentales. Estos compromisos obligan a los Estados a eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres, estableciendo un marco claro de acción para la política exterior del país.
Además, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género fueron referencias clave en la planificación de la REPEF. Estos compromisos internacionales exigen a los Estados trabajar por la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el desarrollo inclusivo. En este contexto, Argentina presentó su política exterior feminista como una herramienta para alinear sus acciones internas y externas, desde la cooperación al desarrollo hasta los desafíos diplomáticos y culturales.
La institucionalización de la Política Exterior Feminista en Argentina le otorgó a la REPEF el rango de Secretario o Secretaria dentro del organigrama del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su labor consistía en coordinar las acciones externas de Argentina y transversalizar la perspectiva de género en las políticas internacionales. Entre sus responsabilidades, destacaban la cooperación internacional y la promoción de la igualdad en ámbitos diplomáticos, culturales y educativos.
En 2023, la REPEF desarrolló un plan de acción anual basado en seis ejes prioritarios:
1. La sociedad del cuidado es igualdad.
2. La autonomía económica es igualdad.
3. El desarrollo sostenible es igualdad.
4. El conocimiento científico y la innovación tecnológica es igualdad.
5. Un mundo sin violencia y sin impunidad es igualdad.
6. La democracia es igualdad.
Este plan fue elaborado de manera participativa, con la colaboración de diversas áreas del gobierno, como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) y el Gabinete Nacional de Transversalización de las Políticas de Género. Además, la REPEF trabajó con organizaciones de la sociedad civil para definir una agenda que priorizara la erradicación de la violencia y la promoción de la igualdad de género, tanto a nivel nacional como internacional.
Uno de los logros más importantes de la REPEF fue la coordinación interinstitucional. Trabajó junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad para abordar temas como la violencia política contra las mujeres y la promoción de los derechos de las mujeres en el ámbito internacional. Esta colaboración facilitó la creación de redes de trabajo regionales y globales, como la Red Regional Intergubernamental de Representantes de Política Exterior Feminista de América Latina y el Caribe, integrada por Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.
Argentina también destacó en iniciativas internacionales como la cumbre COP 27, donde la REPEF lideró la iniciativa “Despertemos humanidad”. Este esfuerzo, centrado en la intersección entre género, derechos humanos y cambio climático, contó con el apoyo técnico de la CEPAL y ONU Mujeres, y resultó en la creación de una red interinstitucional para desarrollar políticas públicas en materia de cambio climático con un enfoque feminista.
Otro tema clave en la agenda de la REPEF fue el trabajo no remunerado y los cuidados. En el Foro de Igualdad de Género EU-LAC, Argentina propuso la creación de un Pacto Bi-regional de Políticas de Cuidado entre la Unión Europea y la CELAC, cuyo objetivo era promover la cooperación entre ambas regiones y avanzar en políticas que reconocieran el trabajo de cuidados como un derecho fundamental para lograr la igualdad de género.
La decisión de eliminar el cargo de REPEF en diciembre de 2023 generó gran preocupación entre organizaciones feministas y de derechos humanos. El Decreto N° 87/2023, que derogó el Decreto N° 881/2022, dejó sin efecto la figura de la Representante Especial, lo que supuso un retroceso en la institucionalización de la perspectiva de género en la política exterior argentina. Esta decisión también reflejó un cambio en la orientación del nuevo gobierno, que disolvió el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, sustituyéndolo por una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género bajo el Ministerio de Capital Humano.
La eliminación del REPEF no solo afectó la coordinación de las políticas feministas, sino que también dejó un vacío en la representación de Argentina en foros internacionales sobre igualdad de género. Aunque el nuevo gobierno se comprometió a mantener algunos de los principios de la política exterior feminista, la supresión del cargo plantea interrogantes sobre cómo se implementarán estos compromisos a futuro.
A pesar de los retrocesos recientes, la experiencia de la REPEF dejó valiosas lecciones. En su breve existencia, la Política Exterior Feminista en Argentina demostró el valor de integrar la perspectiva de género en la política internacional y la importancia de una sólida coordinación interinstitucional. Sin embargo, también expuso las dificultades de implementar políticas feministas en contextos de cambio gubernamental.
Argentina no participó activamente en la III Conferencia Ministerial sobre Política Exterior Feminista celebrada en México en julio de 2023. Su reciente actuación en foros como Naciones Unidas y la OEA refleja una tendencia a alejarse de estos compromisos, lo que podría afectar su participación en la IV Conferencia Ministerial sobre Política Exterior Feminista en Francia en 2025.
El futuro de la política exterior feminista en Argentina es incierto. La eliminación del cargo de REPEF y la disolución del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad son señales preocupantes. No obstante, la sociedad civil y los actores internacionales siguen comprometidos con la promoción de la igualdad de género. Será esencial que el Estado argentino renueve su compromiso con los derechos de las mujeres y la igualdad de género, tanto a nivel interno como en su acción exterior, para no perder los avances logrados.
Citación académica sugerida: Correa, Agustina Giuliana. La política exterior feminista en Argentina en el diario de hoy: de la institucionalización a la incertidumbre. Agenda Estado de Derechos. 2024/10/29. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-politica-exterior-feminista-en-argentina/
Palabras clave: Argentina, Política Exterior Feminista, Agenda de género.
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Abogada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), especializada en Derecho Internacional Público, migraciones y estudios de género. Integra el área jurídica de ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de UBA y acompañante en el Consultorio Social y Jurídico del Buen Samaritano.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
