cinco grandes errores de la reforma a la justicia en México
10 de Septiembre de 2024
El artículo aborda cinco grandes errores de la propuesta de reforma judicial en México. Critica la elección popular de jueces, la malinterpretación de resultados electorales, la falta de atención a expertos, el intento de captura del poder judicial, y la figura de jueces sin rostro. Propone un diálogo genuino para una reforma verdadera.
El 30 de agosto se llevó a cabo un Space de X organizado por AeD. En este espacio de discusión se reflexionó sobre los riesgos que la reforma a la justicia supone para la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en México. De los aspectos que me llamaron la atención está la construcción del contexto de la reforma, mismos que quiero retomar como punto de partida para este análisis.
i. Se destacó que las reformas fueron propuestas por el presidente de la República, es decir, que no fueron precedidas por un diagnóstico, ni por un debate nacional, sino que nacen desde la voluntad del poder.
ii. Se señaló que la presentación de esta propuesta se vio motivada por una serie de resoluciones que dictaron los diferentes órganos del poder judicial federal para frenar proyectos impulsados por el gobierno de la 4T. Es decir, que la propuesta para reformar al poder judicial puede ser un acto de revanchismo.
iii. Se advirtió que la presentación de dicha propuesta fue precedida, incluso, ha sido acompañada de un contexto caracterizado por hostigamiento, chantajes y amenazas al Poder Judicial y a personas juzgadoras, en lo que identifica como ataques sin precedentes a la justicia en México.
Todos los argumentos precedidos dan cuenta de que no se trata de una reforma que busca fortalecer la justicia en el país en beneficio de los justiciables, ni para atender los problemas estructurales de la justicia en México, sino más bien, que se trata de una reforma diseñada desde el poder para cooptar al sistema de justicia y aniquilar su independencia, pues este poder ha sido hasta ahora último reducto de la independencia de poderes en México.
Desde la Academia Neolonesa de Ciencias Penales que tengo el honor de presidir, hemos advertido en comunicado del 22 de agosto y del 07 de septiembre la gravedad de esta reforma, y hemos llamado constantemente al diálogo genuino. Apostamos por un poder judicial independiente, autónomo y libre de influencias políticas. En este contexto, este artículo busca advertir los cinco errores que han cometido y siguen cometiendo quienes impulsan y apuestan por esta propuesta que pone en riesgo el sistema de justicia en México.
La reforma tal y como está propuesta es logística y presupuestariamente inviable. Ésta supondría la remoción de todas las personas juzgadoras del poder judicial federal y estatales, desde el eslabón más bajo hasta el más alto, y la elección popular de nuevos integrantes.
En primer orden, en lo que respecta a la remoción de las personas juzgadoras que han sido seleccionadas mediante concursos y que gozan de estabilidad laboral e inamovilidad constitucional, los dos problemas que se presentan son:
a. Por un lado, el problema jurídico relacionado con la violación de los estándares sobre su remoción, lo que puede provocar que México sea llevado ante organismos como la Corte Interamericana por incumplir sus compromisos, y
b. Por otro, el problema económico relacionado con el pago de indemnizaciones de miles de personas que administran justicia y que serán removidas de sus puestos.
Es decir que los costos políticos y económicos de la reforma son altos.
En segundo lugar, en lo que respecta a la elección popular de personas juzgadoras, no se han dimensionado los problemas de fondo y de forma.
a. El problema de forma ya fue advertido por la presidenta del Instituto Nacional Electoral, quién señaló que no es lo mismo la elección de senadores o presidente, que la elección de personas juzgadoras, y que esta elección podría ser más grande y desafiante. Además, advirtió que hay puntos poco claros y que representan una debilidad estructural de la propuesta, como el periodo, forma y regulación de la campaña, así como el financiamiento electoral de las personas candidatas (de dónde saldrá, quién lo hará). Además, la lista de personas candidatas es extensa.
b. El problema de fondo -y más grave aún- es que, por su naturaleza, la función judicial no responde a una mayoría electoral, sino más bien al mandato de la Constitución y la Ley. Los riesgos que supone supeditar al poder judicial al mandato de “mayorías” es que se abren puertas al populismo judicial y al populismo punitivo, teniendo que dictar sentencias a la medida de las demandas y preferencias de los electores, lo que genera una inseguridad jurídica. A diferencia de este esquema, los jueces profesionales no dependen de presiones externas, sino de un juicio imparcial en el que la sentencia depende de las pruebas aportadas por las partes y de un análisis a conciencia de la legislación.
En las elecciones generales del 02 de julio el partido Morena obtuvo una mayoría abrumadora que le permite la continuidad al proyecto político iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La narrativa gubernamental hasta ahora ha sido señalar que la mayoría del pueblo votó por las reformas al poder judicial propuestas el cinco de febrero. Pero ¿Qué fue lo que realmente votó la población? Las personas eligieron a los titulares del ejecutivo y legislativo, en abstracto, sin respaldar una propuesta en específico.
Antes de iniciar los diálogos para implementar la reforma, el partido Morena llevó a cabo una encuesta nacional. Los resultados de esa encuesta desmienten el argumento de que las personas votaron por la reforma, sobre todo cuando el mismo gobierno ha reconocido que más del 50 por ciento de la población desconocía el contenido de la reforma.
En esta encuesta, aunque la mayoría respondió que está a favor de la elección popular de las autoridades judiciales, se ha cuestionado la metodología y que la misma se haya llevado a cabo por un órgano partidario y no por una institución imparcial o gubernamental.
Para legitimar la reforma, también se llevaron a cabo diálogos a nivel nacional, sin embargo, las propuestas y las voces de las personas que se oponen a la propuesta no fueron escuchadas e incorporadas al texto, el cual fue aprobado casi en los términos en los que fue recibido. Esto muestra, que los diálogos no fueron procesos genuinos de democracia participativa, sino verdaderos actos de simulación.
Lo anterior ha causado malestar en la comunidad jurídica y ha provocado una ola de protestas a nivel nacional, lideradas principalmente por estudiantes y docentes de derecho, así como por integrantes de los poderes judiciales federal y estatales.
El poder judicial tiene una función que no es representativa. Las personas juzgadoras por su naturaleza deben obedecer a la Constitución y al marco normativo del país, así como a los tratados internacionales. No dependen de la opinión o preferencias de la mayoría. Supeditar al poder judicial al mandato popular a través de una elección es desnaturalizarlo, considerando que los nuevos juzgadores tendrían que ser fieles a las preferencias de su electorado. Esto significa que podrían verse arrinconados a tomar decisiones populares, aún y cuando estas decisiones sean contrarias a la ley o los derechos humanos.
El caso boliviano que ha sido paradigmático deja muchas experiencias de las que México debería aprender. Un error que han cometido los legisladores en México es exaltar el caso boliviano como ejemplo y buena práctica, cuando en la realidad las investigaciones demuestran que en Bolivia la elección de las autoridades de las altas cortes derivó en la politización de la justicia y en un descrédito aún mayor de ésta. En Bolivia incluso se discute volver a un sistema de elección basado en los méritos y no en la popularidad.
Otro error que agrava aún más el escenario descrito es la inclusión en la reforma de la figura de los jueces sin rostro que ya se ha implementado en otros países como Perú. Sobre la experiencia peruana la Corte Interamericana ha tenido la oportunidad de pronunciarse y declarar esta figura como contraria a la Convención Americana.
México se encuentra en un momento crucial para la historia. La reforma judicial tal y como está propuesta (o de aprobarse como está) pone en riesgo la independencia, la imparcialidad y la autonomía del poder judicial, afecta la seguridad jurídica en el país y compromete seriamente los derechos humanos. Es necesario una reflexión profunda y un diálogo sincero entre el gobierno, las fuerzas políticas, la comunidad jurídica, la academia y la población mexicana para construir con seriedad y compromiso una reforma judicial sólida que verdaderamente esté orientada a mejorar la justicia en México. La elección popular de jueces no es el camino.
Citación académica sugerida: Martínez Garza, Julio César. Cinco grandes errores de la propuesta de reforma a la justicia en México. Agenda Estado de Derecho. 2024/09/10, Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/errores-de-la-reforma-a-la-justicia-en-mexico/
Palabras clave: México, reforma judicial, justicia, Estado de derecho
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Presidente de la Academia Neolonesa de Ciencias Penales, cuenta con un Doctorado en Derecho con orientación en Derecho Penal y Criminología, obtenido con mención sobresaliente Cum Laude por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Además, ha sido distinguido con el título de Doctor Honoris Causa por el Colegio de Especialidades Jurídicas. Es Investigador Nacional Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de CONAHCYT para el periodo 2023-2027. Asimismo, recibió la mención sobresaliente como investigador por la Universidad Pablo de Olavide. Su destacada trayectoria académica y profesional incluye la autoría de múltiples obras jurídicas en materia penal, y su labor como socio fundador de la Academia ha sido clave en la consolidación de este espacio de estudio e investigación en ciencias penales. Su experiencia y compromiso con la promoción del derecho penal y criminología lo posicionan como un referente en su campo.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
