En primer lugar, la posición actual de los Ministerios Públicos (MP) en la región. Es un hecho notorio que se trata de una institución tironeada por distintos sectores que buscan dominarlo y someterlo a los intereses facciosos, sea de la política partidaria, del mundo de los negocios, del crimen organizado o, en definitiva, de un mix de todos ellos. Tal como sostiene Binder, las Fiscalías de Latinoamérica se dirimen entre tres modelos alternativos:      

a. una organización boba atrapada en burocracias y abocada a tareas insustanciales;

b. una organización subordinada al interés de los poderes fácticos; o

c. una institución puesta al servicio de dos problemas: la tutela judicial efectiva y la persecución y desarticulación de las redes ilegales que inciden en el campo de la criminalidad.

Este tercer modelo es el norte desafiante al que deben aspirar los MP de toda la región. La tensión alrededor del MP se complementa con sistemas de investigación que aún no cuentan con infraestructura suficiente ni instrumentos modernos para la persecución de delitos de alta complejidad. En particular, la ausencia de una policía de investigación profesional y especializada en materias complejas, como análisis financiero u orientada al estudio de entornos digitales y herramientas de cooperación internacional que provean e intercambien información de alta calidad.

En segundo lugar, existen graves afectaciones a la independencia judicial que inciden claramente en el juzgamiento de la criminalidad organizada. En concreto, hablamos de la incapacidad institucional para acompañar y respaldar a jueces y juezas que tienen a su cargo la resolución de grandes casos o, por el contrario, para impedir que existan influencias que modifiquen la toma de decisiones.

En América Latina aún contamos con modelos organizacionales que concentran funciones en las cúpulas del Poder Judicial. En muchos casos, esto genera fuertes vulneraciones desde la propia institución, permitiendo manejos discrecionales que condicionan la independencia de operadores y ralentizan o frenan el curso de las investigaciones judicializadas. Este aspecto se complejiza aún más cuando se constata su extensión hacia la propia conducción de los MP.

El tercer factor está relacionado con el rol de los organismos de regulación y control. Su función es crucial, tanto desde el punto de vista preventivo como de su articulación con las funciones de investigación de casos complejos de los MP. Si la función preventiva falla -por problemas de ineficacia interna o por efecto de capturas regulatorias- la capacidad de los MP, de investigar casos complejos, también disminuye. Por otro lado, construir modelos preventivos eficaces es crucial para la generación de información sensible, que facilite la producción de evidencia de calidad sobre asuntos como el seguimiento de rutas del dinero, la localización de beneficiarios finales, el uso de estructuras societarias complejas, u otras cuestiones ligadas al funcionamiento de mercados regulados (por ejemplo, los mercados bancarios, de capitales, asegurador, etc.).

En la región no existen reglas claras de coordinación entre los fiscales y los organismos de regulación y control. Los MP no suelen construir estrategias orientadas al trabajo conjunto, ni la coordinación de esfuerzos, ni la planificación de operativos de nivel preventivo y persecutorio al mismo tiempo. Claro que existen lazos de comunicación institucional, pero concebidos bajo una lógica extremadamente burocrática y formalista que antepone el trámite por sobre la mirada estratégica de los problemas de política criminal que cada mercado enfrenta.