Los laboratorios que producen la vacuna contra el Covid-19 enfrentan una demanda sin precedentes en la historia de la humanidad: todos los Estados necesitan asegurar, y con urgencia, las dosis necesarias para sus ciudadanos. Esta demanda universal, la escasa oferta y la ausencia de una regulación internacional ha creado un mercado no ajeno al acaparamiento y la especulación. El resultado final es el empoderamiento de las grandes compañías farmacéuticas para imponer condiciones y precios en la negociación con los gobiernos.
Un contexto bastante óptimo para la proliferación de grandes casos de corrupción pública y privada en los diferentes países de la región. Desde el pago de sobreprecios con dinero público, hasta situaciones aparentemente domésticas como inoculaciones a altos funcionarios y sus familias, el manejo de listas “VIP” o incluso la sustracción o el robo de dosis de las dependencias públicas. Formas de corrupción que, a lo largo de la historia, siempre acompañan a las crisis, aunque ello no significa que sean inevitables o que debamos conformarnos con esa realidad.
En el caso del Perú, el escándalo de las vacunas inoculadas a escondidas al ex presidente Vizcarra, a su esposa, a su hermano, a la ex Canciller, a la ex Ministra de Salud y a otros funcionarios públicos, ha generado una nueva crisis de credibilidad del gobierno y ha derivado en importantes controversias jurídicas.
No se trata, como algunos han sostenido, de una simple infracción ética/moral o administrativa, sino de hechos con un potencial carácter penal, razón por la cual la Fiscalía de la Nación ya ha ordenado diligencias preliminares contra Vizcarra y contra los que resulten responsables por los delitos de concusión y negociación incompatible.
Visto de modo superficial podría entenderse que estamos ante un asunto privado, una empresa extranjera, una Universidad particular y los felices vacunados. Sin embargo, Sinopharm es una empresa estatal china que en el 2020 obtuvo las licencias del gobierno peruano (del Instituto Nacional de Salud) para probar sus vacunas experimentales en 12.000 voluntarios, e importar además 3.200 dosis de la vacuna para el equipo de investigación. Ello, además de cualquier finalidad científica y altruista, con el objetivo de cerrar acuerdos con el Estado peruano, como efectivamente ocurrió en enero de 2021 con la intervención de la ya vacunada ex Canciller. Por ende, Sinopharm era desde 2020 un potencial proveedor del Estado peruano, y ahora es una contraparte.
Por su lado, la Universidad Cayetano Heredia ha participado como administradora y garante de que estos productos importados se usen, de modo estricto, conforme al Reglamento de Ensayos Clínicos, el D.S. N° 021-2017-SA, y no sean desviados a fines privados o usos no autorizados.
Este marco regulatorio impide apreciar los ensayos como relaciones de derecho privado. Por tanto, no sólo está en juego la vigencia de las regulaciones aduaneras y sanitarias, sino también las de la emergencia ante el Covid-19, como las del derecho penal que, por ejemplo, conforme al artículo 392 del Código Penal, establecen que los particulares que administran o custodian bienes privados “destinados a fines asistenciales”, y se apropian de los mismos o permiten que otros lo hagan, cometen el delito de peculado (artículo 387), como si fueran funcionarios públicos.
La coartada de Vizcarra (“fui uno de los 12.000 voluntarios”) ha perdido verosimilitud en las últimas semanas, especialmente porque la propia Universidad Cayetano Heredia no lo reconoce como tal. La inoculación también a su esposa, a su hermano, a dos ex Ministras, etc., nos pone en el triste escenario de un mercado ilegal de vacunas, no porque hayan sido vendidas al mejor postor, sino porque han sido administradas a dedo, a escondidas, de modo arbitrario y discriminatorio, fuera del control público y violando la regulación de los ensayos clínicos prevista en el citado D.S. N° 021-2017-SA, según la cual sólo los voluntarios pueden ser inoculados con la vacuna de prueba, no terceras personas.
En ese sentido, aunque a la Embajada de China en Perú no le guste, como lo manifestó en su comunicado del pasado 15 de febrero, las vacunas, de facto, han sido suministradas como “cortesías” o “prebendas”, expresiones nada exageradas si se tiene en cuenta que el artículo 8.2 del Código de Ética de la Función Pública, Ley N° 27815, prohíbe expresamente a las autoridades “[o]btener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia”.
En este contexto, la respuesta del derecho penal depende en gran medida del grado de participación de la empresa Sinopharm. En el escenario hipotético, negado por la embajada China en el citado comunicado, de que esas vacunas se hubieran asignado con conocimiento de la empresa, podría cobrar valor el delito de colusión desleal que sanciona la defraudación del Estado en los contratos públicos (artículo 384), o incluso el propio delito de cohecho (artículo 393), siempre que sea interpretado como la sola recepción de un beneficio por parte del funcionario público. A su turno, si Sinopharm estuvo completamente al margen de estos hechos y el funcionario vacunado ha favorecido intereses privados ante la administración pública, podría investigarse los delitos de patrocinio ilegal (artículo 385) y negociación incompatible (artículo 399).
Por último, conforme con ambas hipótesis, la administración fraudulenta de las vacunas podría perseguirse como peculado por extensión (artículos 387 y 392), siempre que se consideren bienes con “fines asistenciales”. Ello, sin perjuicio de las falsedades que hubieren podido cometerse para “justificar” la sustracción e inoculación de esto que ahora se conoce como las vacunas “VIP”.
La defensa de un derecho penal liberal, aquello que conocemos como ultima ratio, cobra precisamente sentido cuando la respuesta punitiva es necesaria frente a situaciones como esta: el abuso del más alto poder público, en un contexto de grave crisis sanitaria y en torno a bienes escasos y vitales como las vacunas. Pero estamos, sin embargo, ante hechos y situaciones que pudieron preverse y evitarse, prevenirse desde una perspectiva de public compliance.
El Estado no debe limitarse a aprobar declaraciones y normas anticorrupción, administrativas, penales, etc., y exigir a los privados que inviertan dinero en programas de prevención de la corrupción, incluso como condición para competir en el mercado. Si el Estado y el Gobierno demandan compliance a los privados y no la aplican a sus propias instituciones y acciones, entonces el Estado se conduce como un freeloader, lo cual significa que se sirve libremente y gratis de los mecanismos de la inversión privada para prevenir la corrupción cuando estamos ante potenciales delitos de encuentro, entre el corruptor y el corrompido, o de corrupción activa y pasiva, si se prefiere esa denominación.
El peso de la corrupción, de lo delictivo y su prevención, no puede cargarse solo sobre el sector privado. El Estado y el Gobierno deben asumir su cuota de riesgo e implementar en todos sus estamentos programas de prevención y de integridad. A estos procesos se les viene llamando compliance gubernamental, compliance público (public compliance), compliance estatal o compliance oficial.
El compliance gubernamental implica una labor bastante profesional, un mercado de trabajo para auditores, abogados, administradores; es decir, un alto costo para el contribuyente y para el Estado. No obstante, es el costo de prevenir o administrar el riesgo de corrupción, el muro necesario que las empresas y los particulares, más allá de la ética o la autorregulación privada, necesitamos para una libre competencia en el acceso a los bienes y servicios públicos. Una verdadera asociación público-privada, el Estado y las empresas previniendo la corrupción con las armas del compliance.
Citación académica sugerida: Velasco-Ibarra, Eugenio: COVID 19 in Mexico: A year in review, VerfBlog, 2021/02/25, https://verfassungsblog.de/covid-19-in-mexico-a-year-review/, DOI: 10.17176/20210225-153833-0.
Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Profesor de Derecho Penal y Compliance en la Universidad de Lima. Socio Fundador de Caro & Asociados. Director del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Presidente de la Asociación Peruana de Compliance. Presidente del Grupo Peruano de la AIDP.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
