La posible reanudación de la investigación sobre la ‘situación de Venezuela I’ ante la Corte Penal Internacional
6 de Febrero de 2023
¿En qué va la situación de Venezuela en la Corte Penal Internacional? ¿Qué sigue?
En 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH; pára. 388) registró que en Venezuela 43 personas fueron asesinadas, mientras que 3.120 personas fueron detenidas arbitrariamente y 878 resultaron lesionadas, supuestamente por el oficialismo o grupos cercanos al oficialismo, mientras que el Comité de Tortura de la ONU documentó 437 ataques en contra de opositores. A su vez, en las protestas ocurridas en el año 2017, Human Rights Watch contabilizó 163 fallecidos y más de 5.400 detenciones arbitrarias, entre otros crímenes.
Estos crímenes cometidos en Venezuela desde el año 2014 están siendo objeto de investigación por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) , que desde el 8 de febrero de 2008 decidió abrir un examen preliminar por los hechos ocurridos en Venezuela, en el contexto de protestas ciudadanas, desde al menos abril de 2017. Posteriormente, el 27 de septiembre de 2018, los Estados de Argentina, Canadá, Colombia, Chile Paraguay y Perú realizaron una remisión conjunta de la situación de Venezuela pero alcanzando los hechos ocurridos desde el año 2014. En este contexto, en el informe del año 2020, la Fiscalía de la CPI recalcó que con “la información disponible” tenía un ·fundamento razonable para creer” que al menos desde abril de 2017 se habían cometido crímenes de lesa humanidad.
Primeramente, se debe hacer mención a que en el último informe público sobre el examen preliminar de Venezuela, en el año 2020, la Fiscalía de la CPI señaló que la información analizada permitía derivar la existencia de un “fundamento razonable” para creer que, “al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad” de encarcelación y/u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos perpetrados en contra de opositores o personas percibidas como tal en contra del gobierno venezolano durante las protestas registradas en ese año. La Fiscalía describió en ese informe que los presuntos responsables serían fuerzas civiles y militares del Estado venezolano.
Posteriormente, el 03 de noviembre de 2021, durante una visita a Venezuela, el Fiscal anunció que el examen preliminar había concluido y que se había decidido iniciar una investigación. A la fecha se desconoce públicamente el alcance de la investigación. En ese mismo momento, se acordó firmar un memorándum de entendimiento entre la Fiscalía y dicho país. La finalidad de este acuerdo es el de facilitar ‘el impulso de medios y mecanismos para apoyar y promover un verdadero proceso nacional’, así como establecer ‘los mecanismos necesarios para mejorar la cooperación entre las partes en aras de facilitar el mandato del Fiscal en el territorio venezolano’.
Si bien este acuerdo representa un primer paso dirigido a facilitar la cooperación del Estado con la CPI –obligación derivada del artículo 88 del Estatuto de Roma y respecto de la cual Venezuela tiene una deuda histórica, puesto que nunca aprobó una ‘ley de cooperación’ tal como lo impone el Estatuto en ese artículo–, todavía queda mucho camino procesal y de cooperación entre la Corte y el Estado que no está amparado por dicho Memorándum.
Tras esta notificación, el Estado venezolano solicitó a la Fiscalía de la CPI, bajo el artículo 18 del Estatuto de Roma, el aplazamiento de la investigación indicando que estaba realizando las diligencias necesarias de conformidad con sus obligaciones nacionales e internacionales; requerimiento que, el 16 de abril de 2022, el Fiscal notificó a la Sala de Cuestiones Preliminares. A la par, el Fiscal hizo saber que, luego de evaluar la información recibida y el fundamento de esta, solicitaría lo antes posible reanudar las investigaciones (para. 8) –solicitud presentada finalmente por el Fiscal el 01 de noviembre de 2022 a la Sala de Cuestiones Preliminares–(SCP).
El documento presentado por el Fiscal es un serio llamado de atención a la realidad que se vive en el sistema judicial venezolano. El Fiscal presentó un documento de 62 páginas en donde refutó cada uno de los argumentos esgrimidos por el Estado venezolano. En particular, destacó la ausencia de una investigación genuina de los crímenes ocurridos, de la protección de los altos mandos en el marco de las investigaciones, la falta de imparcialidad de los jueces venezolanos, y las reformas legales consideradas insuficientes.
De todo esto resalta, además, en el documento presentado por el Fiscal, que el Estado venezolano se ha centrado en juzgar a los perpetradores directos sin que se hagan mayores investigaciones en las líneas de mando (ver párrafo 105). De hecho, la legislación venezolana no cuenta con los mecanismos para juzgar ‘la responsabilidad del superior’, tal como está entendida en el Estatuto de Roma puesto que, al menos, en el Código Orgánico de Justicia Militar de Venezuela (COJMV), tal responsabilidad se configuraría simplemente por ‘emitir’ órdenes (ver artículo 394), acción que vendría más bien a realizar un ‘participante’ o inclusive ‘autor del crimen’ comparándolo con el artículo 25 del Estatuto.
Así pues, el COJMV no sanciona al superior que no previno o investigó el crimen cometido por sus subordinados, sino que más bien tiende a proteger a las cadenas de mando, puesto que además se exige una ‘obediencia debida’ por parte de los militares subalternos. A su vez, destaca de manera especial, lo establecido en los artículos 54 y 55 del COJMV puesto que responsabilizan a las máximas autoridades ejecutivas del país de ‘autorizar’ el enjuiciamiento de los oficiales Generales y de los Almirantes. En el Código Penal ordinario, tampoco existen normas que regulen las responsabilidades de los superiores ‘civiles’ por su omisión de investigar y sancionar los crímenes cometidos por subalternos. En todo caso, el documento del Fiscal de la CPI ya hace un primer acercamiento a la protección de los máximos superiores en la legislación venezolana ante la falta de investigación de superiores civiles y militares en Venezuela.
El 14 de noviembre de 2022, el Estado venezolano presentó su respuesta a la solicitud realizada por el Fiscal y el 18 de noviembre de 2022, la Sala de Cuestiones Preliminares emitió una orden en donde se invita a las posibles víctimas a presentar sus observaciones sobre la situación de ‘Venezuela I’.
Esto, además de ser un hecho emblemático, debido a la activa participación de las víctimas, permitirá a estas narrar desde su visión lo ocurrido en Venezuela y permitiría, en principio, a la Sala evaluar si considera ampliar los crímenes perpetrados en Venezuela. A los efectos, se habilitó un cuestionario con la información necesaria para que estas puedan presentar sus observaciones hasta abril del 2023 a la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS). Dicho cuestionario destaca porque, por primera vez, a diferencia de lo ocurrido en Afganistán y Filipinas, se pregunta directamente a las presuntas víctimas si están de acuerdo en que se inicie la investigación ante la CPI.
El documento del Fiscal puede ser evaluado como muy técnico y apegado a los lineamientos del Estatuto, así como a la jurisprudencia de la Corte, por lo que se considera altamente probable que la SCP autorice la reanudación de la Investigación. Dicha autorización, podría suscitar el escenario de que el Estado venezolano no esté de acuerdo con una posible autorización de la investigación. A los efectos, el artículo 19 del Estatuto de Roma permite a los Estados volver a presentar otra ‘solicitud de aplazamiento de la investigación’. No obstante, para que tal solicitud tenga efecto, el Estado debe presentar “hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias” (véase artículo 18.7 del Estatuto).
La posible aplicación o no de los artículos 18 y 19 del Estatuto de Roma en la situación de Venezuela podrían abrir un gran abanico de posibilidades. Uno de ellos sería el de la ampliación de los plazos procesales entre la solicitud y la autorización. Por ejemplo, se puede apreciar como primer antecedente la situación de Afganistán en donde transcurrió un año desde la solicitud para reanudar la investigación hasta la autorización de la Corte.
Se destaca que, en caso de que se reanude la investigación, la Fiscalía podría emitir órdenes de captura o de presentación ante la Corte, así como cualquier otra solicitud procesal, ante lo cual podrían suscitarse dificultades de cumplimiento efectivo a falta de una ley de cooperación en Venezuela que delimite cada una de esas actuaciones. Se suma que la investigación de la CPI buscará, en la mayor medida, alcanzar a los altos mandos, así se desprende de la solicitud presentada por la Fiscalía en noviembre de 2022; por lo tanto, los desarrollos posteriores a una posible autorización de investigación podrían tener grandes implicaciones en el aparato estatal venezolano. Lo indicado no puede ser evaluado sin considerar el entorno, tanto nacional como internacional, en el que está inmerso Venezuela, entre estos destaca la grave crisis humanitaria. Otro escenario a ser considerado es evaluar en qué medida la ‘complementariedad positiva’ y la apertura de una oficina de la Fiscalía en Venezuela, de acuerdo con el Memorándum, serán realmente exitosas en el país sudamericano. Finalmente, habrá que evaluar en qué medida el Estado venezolano adoptaría una ley para ilegalizar las organizaciones no gubernamentales, en especial aquellas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, puesto que tales acciones pueden ser evaluadas por la Corte como un elemento probatorio sobre la existencia de una política de persecución (véase párrafo 40 Policy Paper on case selection and prioritisation).
Citación académica sugerida: Moya, Thairi. La posible reanudación de la investigación sobre la ‘situación de Venezuela I’ ante la Corte Penal Internacional. Agenda Estado de Derecho. 06/02/2023. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-posible-reanudacion-de-la-investigacion-sobre-la-situacion-de-venezuela-ante-la-corte-penal-internacional/
Palabras clave: CPI, Venezuela, crímenes de lesa humanidad
Abogada. Doctora en Derecho (mención honorífica) por la Universidad Central de Venezuela. Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Nottingham (Ex becaria Chevening). Cuenta con estudios en la Universidad de Harvard, la Academia de Derecho Internacional de La Haya y el Instituto Internacional de los Derechos Humanos René Cassin-Francia. Ha sido investigadora invitada por el Centro Noruego de Derechos Humanos. Actualmente, es investigadora Postdoctoral y profesora de derecho internacional público en la Universidad Complutense de Madrid.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
