La agenda judicial en la nueva etapa política de la Argentina

8 de Octubre del 2020
La agenda judicial en la nueva etapa política de la Argentina

Argentina inició un nuevo ciclo político el pasado 10 de diciembre, entre cuyas tareas se encuentra discutir y ejecutar un conjunto de acciones para modernizar el sistema judicial federal. En los últimos años se ha observado un alto grado de deterioro que exige cambios muy profundos.

Recientemente, el Gobierno Nacional presentó un proyecto de reorganización de la justicia federal en todo el país, que puso en el centro de la escena la urgencia de un cambio real. Ante este escenario se hace urgente preguntarnos, ¿cuáles son los posibles ejes de una agenda de reforma judicial en la Argentina?

En primer lugar, es necesario avanzar con un calendario completo de implementación del Código Procesal Penal Federal sancionado en el 2014 e implementado en junio del 2019 en la jurisdicción de Salta y Jujuy. La urgencia del cambio podría habilitar su puesta en vigencia simultánea en todo el país o progresiva, pero con fechas ciertas que incluyan la jurisdicción federal de la Ciudad de Buenos Aires, en donde incluso podría implementarse inmediatamente. Esto exigiría una coordinación con el traspaso definitivo de competencias nacionales para poder organizar un Ministerio Público y una justicia penal netamente federal. Este nuevo Código transparenta las actuaciones judiciales, divide las funciones de acusar y juzgar y acelera los tiempos procesales, entre otras mejoras necesarias.

Un factor central para alcanzar este cambio está dado por el nombramiento del Procurador General de la Nación, quien tendrá a su cargo fijar la política de persecución penal. Es decir, diseñar y aplicar los planes para desarticular los fenómenos criminales más complejos, como el narcotráfico o la trata de personas, entre otros. El perfil del cargo exige que se trate de alguien con antecedentes y una mirada acorde a las nuevas responsabilidades que deberá asumir la institución. Si bien el Gobierno Nacional presentó un candidato, el Senado aún no ha podido darle el trámite correspondiente.

Prácticamente todos los países de Latinoamérica han implementado nuevos sistemas de justicia penal en los últimos treinta años. La experiencia comparada nos muestra que, si bien se trata de procesos complejos que requieren una enorme movilización de recursos humanos y materiales, los procesos acusatorios y adversariales transparentan las decisiones y permiten concentrar los esfuerzos en perseguir y sancionar la criminalidad que lesiona las bases del Estado de Derecho.

Un segundo ámbito es la modernización de la Justicia Civil y Comercial Nacional, que aún sustancia sus procesos de manera predominantemente escrita y lenta. Si bien, el gobierno saliente ha trabajado y presentado un anteproyecto de Código Procesal, se trata de un primer paso que requiere mejoras y perfeccionamiento bajo los últimos estándares latinoamericanos. En concreto, urge una reforma integral de la justicia civil desde la perspectiva del acceso a la justicia y evitar caer en la lógica de los planes pilotos que finalmente se terminan convirtiendo en planes permanentes.

Las provincias argentinas vienen trabajando muy bien en procesos de reforma a la justicia no penal, a través de la sanción de nuevos Códigos Procesales que establecen un sistema de audiencias orales y oficinas de gestión judicial a cargo de la administración de los Tribunales. En algunas provincias, incluso, se está discutiendo la regulación del juicio por jurados para determinadas materias como las acciones de clase o los conflictos medioambientales. Podríamos mencionar los casos de las provincias de Chubut o Tierra del Fuego, en donde existen proyectos en debate legislativo.

Por último, la Corte Suprema de Justicia también debe replantearse su lógica de funcionamiento. La alta concentración de poder y ausencia de políticas judiciales claras ha generado que el gobierno de la institución dependa casi exclusivamente de su Presidencia. Es necesario aumentar las prácticas democráticas en la conducción del Poder Judicial, como por ejemplo, ampliando la participación y deliberación con jueces y juezas que lo integran y separando claramente las labores jurisdiccionales, administrativas y de gobierno, que actualmente están fuertemente confundidas.

Hace dos años, desde el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), realizamos un estudio comparativo en cinco países de la región latinoamericana (Argentina, Chile, Paraguay, Guatemala y Colombia) el que se concluyó que la Corte Suprema Argentina adolece de políticas de gobierno judicial que sean independientes de la administración del Poder Judicial Nacional.

La Corte Suprema debiese asumir exclusivamente las funciones jurisdiccionales y bajo una lógica de construcción de criterios que vuelvan operativa la exigencia de seguridad jurídica, que en general se ha planteado como un mantra abstracto y carente de un contenido y tareas específicas. En concreto, nos referimos a la generación de precedentes judiciales. Si bien se ha planteado que esta práctica no es consistente con la lógica de los sistemas jurídicos adoptados en Latinoamérica, lo cierto es que en la actualidad opera de facto pues la jurisprudencia que emiten los Tribunales Superiores suelen orientar y condicionar el trabajo de todos los tribunales.

Claramente, estos ejes no son los únicos. Conforman un piso mínimo para modernizar los procesos penales y civiles comerciales en el país, junto con abordar la dinámica de funcionamiento de una Corte Suprema que requiere de una revisión profunda, tal como se viene planteando. Muchos de estos debates están saldados en lo académico, jurisprudencial y normativo. Por delante restan voluntades y decisiones políticas que salden deudas históricas impostergables.

La nueva etapa política es una extraordinaria oportunidad para poner fin a demandas urgentes, como la reforma de la justicia penal federal, y abrir debates históricamente acallados, como la lógica de conducción y fijación de políticas al interior del Poder Judicial. Muchos de estos cambios ya no resisten mayor justificación; es hora de cumplir y dar un mejor servicio de justicia a la ciudadanía.

Citación académica sugerida: Postigo González, Leonel: La agenda judicial en la nueva etapa política de la Argentina, 2020/10/08, https://agendaestadodederecho.com/la-agenda-judicial-en-la-nueva-etapa-politica-de-la-argentina/

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ACERCA DEL AUTOR
Leonel González Postigo

Director de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)

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Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

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Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

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Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.