En Guatemala, por lo menos 11 operadores de justicia han sido llamados a proceso penal, como manera de poner en entredicho las funciones que desarrollaron en el legítimo cumplimiento de su función pública.    

Como patrón común en los casos de criminalización se observa: un ambiente de preparación que se gestiona por vía de las redes sociales, utilizando cuentas anónimas o bien por anuncios realizados por la Fundación Contra el Terrorismo, persona jurídica, creada con el propósito de cuestionar los casos de justicia transicional, pero que posteriormente se ha convertido en la herramienta utilizada para atacar el trabajo anticorrupción.

A continuación, el Ministerio Público realiza peticiones ante los tribunales de justicia y judicializa los casos, asimismo utiliza las cuentas oficiales de la institución para estigmatizar a los servidores judiciales afectos a la campaña de criminalización. Inmediatamente después, se realiza el anuncio de que las investigaciones se encuentran en reserva.(ver y ver)

Una vez las personas han sido detenidas, se producen retrasos en la celebración de audiencias de imputación de hechos, lo que tiene como consecuencia de que los procesados prolonguen la incertidumbre de resolver su situación jurídica, como en el caso de Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.

El trasfondo de la reserva judicial es que la ciudadanía no audite la deficiencia probatoria de las investigaciones, ya que se trata de hechos que no merecerían en condiciones normales la persecución penal y que están cargados de implantación probatoria y mala fe procesal. Es de esa manera que se desarticuló la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.    

Paralela a la criminalización está el escenario de la justicia en el exilio, que da cuenta de más de dos decenas de funcionarios judiciales quienes han debido salir de Guatemala, por el temor a que se atente contra su vida e integridad física.    

La criminalización, materializada mediante la privación de libertad, es otra manera de poner en riesgo la vida e integridad física de los operadores judiciales afectos a la persecución penal. No existe ningún centro de detención en Guatemala que garantice la vida de los privados de libertad, sumado a que la mayoría de las prisiones tienen detenidos que fueron procesados en investigaciones a cargo de los hoy perseguidos.

Algunos de los señalamientos realizados, tienen que ver con la función directa de los fiscales, al haber descubierto grandes casos de corrupción por vía de la herramienta de colaboración eficaz, o porque se obtuvo información de señalados en graves casos de corrupción, quienes han sido presionados para retractarse o para señalar de que fueron coaccionados por los fiscales que en su momento investigaron.

El mensaje es claro, no puede haber personas que se arrepientan de su participación en organizaciones criminales y pretendan colaborar con la justicia, no puede haber fiscales que sean estrictos en los interrogatorios. En forma paralela, se ha quebrantado la autonomía del Ministerio Público, señalada en el artículo 251 de la Constitución Política de la República y confirmada en la Ley Orgánica del Ministerio Público, pero hoy la institución está alineada con los designios del Ejecutivo y dirigida a proteger a actores corruptos, y la persecución totalmente enderezada contra cualquier actor involucrado en la lucha contra la impunidad.

Más de veinte funcionarios han sido destituidos de las distintas fiscalías, sin haber sido sometidas a procedimiento administrativos en los que se garantizara el debido proceso, quebrantando de esa forma normativa constitucional, laboral y administrativa, con el único objetivo de debilitar al Ministerio Público.

Las paradojas en el actual sistema judicial de Guatemala, es que quién debe ser el guardián del sistema legal, utiliza ese andamiaje jurídico para perseguir a sus mejores funcionarios. La criminalización de quiénes lucharon contra la impunidad en Guatemala, ha sido la herramienta utilizada para detener sus acciones, paralizarlos, desprestigiarlos, utilizando abusivamente las instancias judiciales, manteniendo apariencia de legalidad.