La seguridad pública y el derecho a la educación. Un análisis de la realidad cotidiana en las favelas de Brasil

12 de Julio de 2023
La seguridad pública y el derecho a la educación. Un análisis de la realidad cotidiana en las favelas de Brasil
Foto. Pixabay

El artículo examina cómo los operativos policiales en las favelas impactan negativamente el acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes en Brasil, especialmente en las poblaciones afrodescendientes y de escasos recursos.

Los efectos de la política de seguridad pública respecto a tasas de mortalidad en las favelas de Brasil son bien conocidos. Poco se habla, sin embargo, de las consecuencias que las operaciones policiales tienen sobre la garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de las personas que allí viven, especialmente del derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes (NNA).

Los expertos defienden que, para que el país muestre mejoras en el sector social, una de las principales medidas a adoptar es invertir en educación de calidad para todos y todas. Ocurre que, en un país donde el racismo está tan arraigado, garantizar este derecho a los NNA de las favelas se convierte en una cuestión verdaderamente compleja para el Estado brasileño. Además de la falta de recursos materiales para los estudios, los jóvenes tienen que superar incluso dificultades logísticas para llegar a los exámenes y a las escuelas.

¿Cómo afectan las políticas de seguridad represivas el derecho a la educación en Brasil?

En noviembre de 2021, hubo una violenta operación policial en la favela de Salgueiro, en São Gonçalo (Río de Janeiro), que duró 33 horas y dejó al menos 8 muertos. Además del pánico y el terror que afligieron a los habitantes de la zona, la operación tuvo lugar el segundo día del Examen Nacional de Enseñanza Media (Enem), lo que hizo imposible que los estudiantes que viven en la comunidad acudieran al lugar de la prueba.

El Enem es el examen más importante del país, ya que permite a millones de jóvenes acceder a la mayoría de las universidades públicas, así como a numerosas instituciones privadas de enseñanza superior.

Ante la denuncia de que centenares de estudiantes fueron perjudicados por esta operación policial, la Defensoría Pública de la Unión solicitó al Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (Inep) – responsable por el examen – la aplicación de una nueva prueba a los moradores de Salgueiro que estaban inscritos y no pudieron llegar al lugar (se calcula que fueron aproximadamente 500). El Inep, en este caso, no dudó y, dos días después de la petición de la Defensoría, anunció la posibilidad de que estos jóvenes pudieran realizar el examen.

No obstante, no se trata de un caso aislado: el año siguiente, en 2022, hubo una operación policial en la favela de Jacarezinho, en la ciudad de Río de Janeiro, que dejó al menos 6 heridos y 1 muerto. El intercambio de disparos duró todo un fin de semana, extendiéndose hasta el domingo, día en el que estaba prevista la realización del Enem. Así, una vez más, numerosos estudiantes no pudieron acudir al lugar para realizar el examen.

También en este caso, la Defensoría Pública coordinó esfuerzos para garantizar el derecho a la educación de estos jóvenes. Tras cierta resistencia por parte del Inep, la Justicia ordenó la repetición de las pruebas para los candidatos de Jacarezinho afectados.

Estos dos episodios ilustran bien que, además de sufrir daños en su integridad física y psicológica debido a acciones policiales, los jóvenes de las favelas de Río ven constantemente violado su derecho a la educación. Datos oficiales indican que, a pesar del ritmo al que se está superando la desigualdad racial en la enseñanza superior, todavía no hay suficientes personas afrodescendientes con estudios superiores completos (32% accedan a la universidad, en cuanto las personas blancas suman 66%, y solo 9,3% de las personas afrodescendientes la completan).

El derecho a la educación como vía al desarrollo y la falta de acceso en Brasil

El acceso de estos jóvenes a la enseñanza superior es esencial, dado que la educación es el principal medio que tienen los adultos y los NNA vulnerables económica y socialmente para salir de la pobreza. No en vano, la Observación General n.º 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC) afirma que la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para la realización de otros derechos humanos.

El documento también se ocupa de la accesibilidad de la educación, es decir, la necesidad de que el derecho a la educación sea impartido por instituciones educativas que sean suficientes en cantidad, accesibles a todas las personas sin discriminación y asequibles, culturalmente apropiadas, pertinentes y aceptables para los estudiantes y los padres y madres, y adaptables a los diversos orígenes de los estudiantes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso González Lluy c. Ecuador (sentencia de 2015) y en la sentencia del caso Guzmán Albarracín c. Ecuador (2020), decidió en el mismo sentido del Comité DESC al también indicar que la educación debe ser accesible a todas las personas, “especialmente a [quienes integran] los grupos m[á]s vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos”.

Sin embargo, esto no es lo que se ve en la práctica en el país. En Brasil, existe una evidente desigualdad en términos de acceso a la educación, especialmente a la educación superior, para la población afrodescendiente y de recursos escasos. Aunque este escenario se haya mitigado en los últimos años gracias a las políticas afirmativas (como el sistema de cotas), que han facilitado el acceso de esta población a las universidades, todavía queda mucho camino por recorrer hacia la igualdad de oportunidades.

Casos como estos revelan que el racismo estructural no está sólo en las violentas operaciones policiales diarias, que atingen afrodescendientes, pobres y jóvenes; el racismo se manifiesta incluso en las actividades cotidianas que estas personas realizan.

Hacia un cambio en las políticas de seguridad y una mayor inclusión

Los dos ejemplos mencionados no son casos ocasionales, sino un retrato de la realidad de los habitantes de las favelas en Brasil, que acaba reflejándose también en el día a día de los NNA que viven allí. Las operativas de las fuerzas de seguridad, además del grave riesgo de muerte que provocan, impiden que estos jóvenes vayan a la escuela – y, cuando consiguen hacerlo, la situación por supuesto afecta directamente a su rendimiento.

Por eso es urgente reformar la seguridad pública en Brasil y poner fin a la lógica de militarización, a través de la educación en derechos para la sociedad civil y sobre todo para los agentes estatales. Este es un buen – y necesario – comienzo para que se produzca un verdadero cambio hacia una seguridad ciudadana que no sólo evitará tragedias letales como las que vemos a diario en las noticias, sino que también puede cambiar el futuro de millones de jóvenes de las favelas.

Mientras que el Estado no está lo suficientemente presente para implementar políticas públicas, instituciones como la Defensoría Pública reducen esta brecha. Esto se debe a que, en los casos en que exista una omisión por parte del Poder Público, el Poder Judicial puede instarlo a promover adecuadamente las políticas.

Los dos casos mencionados son ejemplos en los que la Defensoría Pública actuó prontamente para que el Estado tome medidas efectivas para promover la educación de NNA en situación de vulnerabilidad. Intervenciones como estas son cruciales para garantizar que los derechos también lleguen a las favelas.

Citación académica sugerida: Pinho Valente, Maria Clara. La seguridad pública y el derecho a la educación. Un análisis de la realidad cotidiana en las favelas de Brasil. Agenda Estado de Derecho. 2023/07/12. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-seguridad-publica-y-el-derecho-a-la-educacion-un-analisis-de-la-realidad-cotidiana-en-las-favelas-de-brasil/

Palabras clave: Brasil; seguridad pública; racismo; derecho a la educación; niñas, niños y adolescentes.

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ACERCA DE LA AUTORA
María Clara Pinho Valente

Pasante de la Oficina de Derechos Humanos de la Defensoría Pública de la Unión. Voluntaria del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Maestranda en Justicia Transicional, Derechos Humanos y Estado de Derecho de la Geneva Academy (2023-2024). Investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Rio).

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Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.