La seguridad pública y el derecho a la educación. Un análisis de la realidad cotidiana en las favelas de Brasil
12 de Julio de 2023
El artículo examina cómo los operativos policiales en las favelas impactan negativamente el acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes en Brasil, especialmente en las poblaciones afrodescendientes y de escasos recursos.
Los efectos de la política de seguridad pública respecto a tasas de mortalidad en las favelas de Brasil son bien conocidos. Poco se habla, sin embargo, de las consecuencias que las operaciones policiales tienen sobre la garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de las personas que allí viven, especialmente del derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes (NNA).
Los expertos defienden que, para que el país muestre mejoras en el sector social, una de las principales medidas a adoptar es invertir en educación de calidad para todos y todas. Ocurre que, en un país donde el racismo está tan arraigado, garantizar este derecho a los NNA de las favelas se convierte en una cuestión verdaderamente compleja para el Estado brasileño. Además de la falta de recursos materiales para los estudios, los jóvenes tienen que superar incluso dificultades logísticas para llegar a los exámenes y a las escuelas.
En noviembre de 2021, hubo una violenta operación policial en la favela de Salgueiro, en São Gonçalo (Río de Janeiro), que duró 33 horas y dejó al menos 8 muertos. Además del pánico y el terror que afligieron a los habitantes de la zona, la operación tuvo lugar el segundo día del Examen Nacional de Enseñanza Media (Enem), lo que hizo imposible que los estudiantes que viven en la comunidad acudieran al lugar de la prueba.
El Enem es el examen más importante del país, ya que permite a millones de jóvenes acceder a la mayoría de las universidades públicas, así como a numerosas instituciones privadas de enseñanza superior.
Ante la denuncia de que centenares de estudiantes fueron perjudicados por esta operación policial, la Defensoría Pública de la Unión solicitó al Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (Inep) – responsable por el examen – la aplicación de una nueva prueba a los moradores de Salgueiro que estaban inscritos y no pudieron llegar al lugar (se calcula que fueron aproximadamente 500). El Inep, en este caso, no dudó y, dos días después de la petición de la Defensoría, anunció la posibilidad de que estos jóvenes pudieran realizar el examen.
No obstante, no se trata de un caso aislado: el año siguiente, en 2022, hubo una operación policial en la favela de Jacarezinho, en la ciudad de Río de Janeiro, que dejó al menos 6 heridos y 1 muerto. El intercambio de disparos duró todo un fin de semana, extendiéndose hasta el domingo, día en el que estaba prevista la realización del Enem. Así, una vez más, numerosos estudiantes no pudieron acudir al lugar para realizar el examen.
También en este caso, la Defensoría Pública coordinó esfuerzos para garantizar el derecho a la educación de estos jóvenes. Tras cierta resistencia por parte del Inep, la Justicia ordenó la repetición de las pruebas para los candidatos de Jacarezinho afectados.
Estos dos episodios ilustran bien que, además de sufrir daños en su integridad física y psicológica debido a acciones policiales, los jóvenes de las favelas de Río ven constantemente violado su derecho a la educación. Datos oficiales indican que, a pesar del ritmo al que se está superando la desigualdad racial en la enseñanza superior, todavía no hay suficientes personas afrodescendientes con estudios superiores completos (32% accedan a la universidad, en cuanto las personas blancas suman 66%, y solo 9,3% de las personas afrodescendientes la completan).
El acceso de estos jóvenes a la enseñanza superior es esencial, dado que la educación es el principal medio que tienen los adultos y los NNA vulnerables económica y socialmente para salir de la pobreza. No en vano, la Observación General n.º 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC) afirma que la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para la realización de otros derechos humanos.
El documento también se ocupa de la accesibilidad de la educación, es decir, la necesidad de que el derecho a la educación sea impartido por instituciones educativas que sean suficientes en cantidad, accesibles a todas las personas sin discriminación y asequibles, culturalmente apropiadas, pertinentes y aceptables para los estudiantes y los padres y madres, y adaptables a los diversos orígenes de los estudiantes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso González Lluy c. Ecuador (sentencia de 2015) y en la sentencia del caso Guzmán Albarracín c. Ecuador (2020), decidió en el mismo sentido del Comité DESC al también indicar que la educación debe ser accesible a todas las personas, “especialmente a [quienes integran] los grupos m[á]s vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos”.
Sin embargo, esto no es lo que se ve en la práctica en el país. En Brasil, existe una evidente desigualdad en términos de acceso a la educación, especialmente a la educación superior, para la población afrodescendiente y de recursos escasos. Aunque este escenario se haya mitigado en los últimos años gracias a las políticas afirmativas (como el sistema de cotas), que han facilitado el acceso de esta población a las universidades, todavía queda mucho camino por recorrer hacia la igualdad de oportunidades.
Casos como estos revelan que el racismo estructural no está sólo en las violentas operaciones policiales diarias, que atingen afrodescendientes, pobres y jóvenes; el racismo se manifiesta incluso en las actividades cotidianas que estas personas realizan.
Los dos ejemplos mencionados no son casos ocasionales, sino un retrato de la realidad de los habitantes de las favelas en Brasil, que acaba reflejándose también en el día a día de los NNA que viven allí. Las operativas de las fuerzas de seguridad, además del grave riesgo de muerte que provocan, impiden que estos jóvenes vayan a la escuela – y, cuando consiguen hacerlo, la situación por supuesto afecta directamente a su rendimiento.
Por eso es urgente reformar la seguridad pública en Brasil y poner fin a la lógica de militarización, a través de la educación en derechos para la sociedad civil y sobre todo para los agentes estatales. Este es un buen – y necesario – comienzo para que se produzca un verdadero cambio hacia una seguridad ciudadana que no sólo evitará tragedias letales como las que vemos a diario en las noticias, sino que también puede cambiar el futuro de millones de jóvenes de las favelas.
Mientras que el Estado no está lo suficientemente presente para implementar políticas públicas, instituciones como la Defensoría Pública reducen esta brecha. Esto se debe a que, en los casos en que exista una omisión por parte del Poder Público, el Poder Judicial puede instarlo a promover adecuadamente las políticas.
Los dos casos mencionados son ejemplos en los que la Defensoría Pública actuó prontamente para que el Estado tome medidas efectivas para promover la educación de NNA en situación de vulnerabilidad. Intervenciones como estas son cruciales para garantizar que los derechos también lleguen a las favelas.
Citación académica sugerida: Pinho Valente, Maria Clara. La seguridad pública y el derecho a la educación. Un análisis de la realidad cotidiana en las favelas de Brasil. Agenda Estado de Derecho. 2023/07/12. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-seguridad-publica-y-el-derecho-a-la-educacion-un-analisis-de-la-realidad-cotidiana-en-las-favelas-de-brasil/
Palabras clave: Brasil; seguridad pública; racismo; derecho a la educación; niñas, niños y adolescentes.
Pasante de la Oficina de Derechos Humanos de la Defensoría Pública de la Unión. Voluntaria del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Maestranda en Justicia Transicional, Derechos Humanos y Estado de Derecho de la Geneva Academy (2023-2024). Investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Rio).
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
