En 1981, México se adhirió a la CADH. Curiosamente, el Estado hizo reserva por su negación del derecho a voto de los sacerdotes, pero no lo hizo respecto de la libertad de expresión. Desde 2011, bajo los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de México (ver acá y acá), los derechos contenidos en la Convención son parte del orden jurídico nacional.

La prohibición mexicana implica una violación a los derechos humanos por ser una prohibición categórica sobre la libertad de expresión. Es categórica porque afecta a 1) una categoría específica de ciudadanos (los mexicanos que ostentan estado clerical o “ministerial”); y 2) una categoría de contenido discursivo protegido por el DIDH (las expresiones sobre asuntos públicos y políticos relativos a candidatos, partidos, asociaciones y propuestas legislativas).

Los discursos de los ministros de culto relacionados con asuntos políticos no son discursos prohibidos por la CADH, sino especialmente protegidos por su temática. No obstante, México las prohíbe.

La prohibición es selectiva, en base a categorías sospechosas –el estado clerical como “otra condición social”– puesto que, de no ser por dicha condición personal, las expresiones tendrían protección absoluta e incuestionable. 

La presencia de categorías sospechosas exige al Estado superar un escrutinio estricto (Pávez, 2022). Los tribunales mexicanos argumentan en favor de la prohibición con el objetivo de preservar el principio de separación entre iglesias y Estado. Pero la adopción de dicho principio, siendo enteramente válido como decisión política, no constituye un fin convencionalmente imperioso que justifique la prohibición. Cualquier forma de separación entre iglesias y Estado que se adopte debe respetar los derechos humanos que operan como límite a la libertad configurativa en esta materia.

Cabe notar que el asunto tiene múltiples precedente en el Sistema Interamericano, reforzando nuestra postura. En los años setenta y ochenta, la CIDH tuvo una serie de pronunciamientos condenando como atentados a la libertad religiosa los intentos estatales de impedir a las iglesias y sus líderes religiosos realizar actividades y emitir discursos basados en sus doctrinas sociales, teológicas y políticas, y con los cuales ellas se opusieron a regímenes autoritarios en El Salvador, Guatemala, Paraguay, Cuba y Nicaragua.

De manera notable, en su informe país sobre Cuba, en 1983, la CIDH acertadamente constató que de las creencias religiosas se pueden desprender pautas voluntarias de conducta “para guiar las conductas prácticas de los creyentes en determinados momentos de la vida política de un país”.

De igual manera señaló que de las “creencias básicas pueden deducirse postulados doctrinarios que sirvan de sustento a modelos de organización económica, social y política; en tal carácter, ellos y las acciones en ellos inspiradas escapan al ámbito de la religión e ingresan al campo de la política; su protección, por tanto, es materia derivada de la vigencia de los derechos políticos” (el destacado es nuestro).

En su informe país sobre Nicaragua, en 1979, la CIDH tuvo un pronunciamiento dirigido directamente al corazón del asunto que abordamos en este ensayo, condenando idénticas prohibiciones sobre la libertad de expresión de los ministros de culto en la Constitución de 1974, las que impedían a clérigos el realizar “propaganda política” o de “criticar a las leyes del Estado, al Gobierno o a los funcionarios en particular”.

En su informe la Comisión declaró que la prohibición era una “grave limitación al ejercicio de la libertad de culto, especialmente en lo que atañe a la defensa por parte de los clérigos y sacerdotes de la observancia de los derechos humanos, que ellos consideran inherentes a su función religiosa.” (Enhorabuena, Nicaragua terminó eliminando tal prohibición de su constitución. Queda imaginar cuánto más grave sería ahí la situación de la persecución a la iglesia hoy, si es que tales prohibiciones hubieran sido consideradas válidas por la CIDH en el pasado)

Frente a esto, es necesario que el Estado mexicano emprenda una serie de reformas jurídicas a nivel constitucional y legal para compatibilizar su legislación con la Convención Americana y otros instrumentos internacionales relacionados con el derecho a la libertad de expresión.

Sin duda, México puede mantenerse fiel a su decisión constitucional de separación entre el Estado y las iglesias, pero con la debida observancia de sus obligaciones en materia de derechos humanos, sin encontrar en su historia y tradición una justificación que le permita violarlas impunemente. Hasta que esta prohibición del artículo 130 no desaparezca, en México se seguirá violando el derecho humano a la libertad de expresión de los mexicanos que son ministros de culto, con las consecuencias y peligros que ello conlleva.