Hace algunos días, la Corte Interamericana anunció que en su 140º Período Ordinario de Sesiones deliberará la sentencia del caso de Vicky Hernández, mujer trans asesinada durante el toque de queda instalado en Honduras tras el golpe de estado de 2009. En la futura decisión, el tribunal debe, entre varios asuntos, responder a la solicitud de aplicar por primera vez la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”) a un caso de violencia letal contra una mujer no cis.

Que en casi cuatro décadas de jurisprudencia contenciosa de la Corte, éste sea el primer caso de transfemicidio que llega al tribunal dice bastante. Que las mujeres víctimas de los casos sentenciados ante dicha instancia hayan sido (casi) todas cis, también. La Corte Interamericana tiene ante ella una gran oportunidad para travar la Convención de Belém do Pará y de paso, para travar el Derecho. La Convención de Belém do Pará resulta plenamente aplicable a las mujeres trans y travestis. La clave jurídica aquí es la interseccionalidad.

Desde el lado del sistema universal, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (“Comité CEDAW”) ha establecido sin titubeos en sus recomendaciones generales que la orientación sexual y la identidad de género de las mujeres hacen parte de los contextos de violencia que ellas enfrentan cotidianamente. En su Recomendación General No. 28 de 2010, el Comité CEDAW sostuvo que la interseccionalidad permite comprender mejor el alcance de las obligaciones estatales para la erradicación de la discriminación contra las mujeres, lo cual incluye factores “como […] la orientación sexual y la identidad de género”. Cinco años después, su Recomendación General No. 33 sostuvo que dentro de las “causas de la discriminación interseccional” que experimentan las mujeres se encuentra “el hecho de ser mujeres lesbianas, bisexuales [e] intersexuales”. Finalmente, en 2017, la Recomendación General No. 35 reconoció que la discriminación contra las mujeres afecta también a las mujeres trans.

La inclusión de la T en la narrativa del sistema regional interamericano, en cambio, ha sido distinta. La jurisprudencia interamericana ya ha señalado que la orientación sexual, la identidad y la expresión de género son categorías protegidas por el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Convención Americana”), extendiendo así de facto el alcance de sus disposiciones a las vivencias de las personas LGBT. Pero limitar la protección de las mujeres lesbianas, bisexuales, trans y travestis a la Convención Americana sería un verdadero despropósito.

Si uno lee la Convención de Belém do Pará con lentes de interseccionalidad, resulta difícil argumentar que su texto excluye la T. El artículo 1 del instrumento señala que la violencia contra la mujer debe entenderse como “cualquier acción o conducta, basada en su género”. Y, más adelante, su artículo 9 establece que “[p]ara la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada”.

Una mirada conjunta de las disposiciones del artículo 1.1 de la Convención Americana y de los artículos 1 y 9 de la Convención de Belém do Pará permite afirmar que la implementación de las obligaciones estatales para combatir la violencia contra las mujeres no debe descartar “otros” factores de riesgo como la orientación sexual, la identidad y la expresión de género. Esta interpretación es consistente con las recomendaciones de avanzada del Comité CEDAW.

Pensar además que los “otros” factores excluyen a las mujeres trans y travestis víctimas de violencia no sólo limitaría la protección de la Convención de Belém do Pará a ciertas expresiones de la femineidad, sino que postularía que la Corte Interamericana sólo reconoce derechos desde una lectura genitalizadora.

Tampoco debe perderse de vista que la violencia que sufren las mujeres LGBT (y, en realidad, todas las personas LGBT) es una manifestación del incumplimiento de los mandatos del género. En efecto, cuando hablamos de lesbianas, bisexuales, trans y travestis nos referimos a mujeres que no encajan (ni desean encajar) en la expectativa social.

La Corte Interamericana perdió la oportunidad de explorar de oficio esta ruta en el caso de Azul Rojas Marín, una mujer trans violentada sexualmente por un grupo de policías durante su detención. Pero el caso de Vicky Hernández presenta un matiz todavía poco destacado: dos de las tres personas convocadas por la Corte Interamericana para declarar en la audiencia oral eran mujeres trans.

Que tal experiencia, todavía tan singular, permita a la jueza y los jueces interamericanos travar la Convención de Belém do Pará y asentar un estándar que haga siempre partícipe a la población trans y travesti de las Américas en su lectura. Quién sabe, éste termine siendo un paso decisivo para no sólo prevenir sino también, como dice el nombre mismo del tratado, erradicar la violencia del cistema.

¿Se imagina una CIDH o una Corte Interamericana integrada por personas LGBT? Travemos pues para construir un mejor Derecho, un mundo sin cistema, pero desde, con y para las personas trans y travestis. Uno que, como dice Marlene Wayar, nos “permita encontrarle el punto T” a nuestra vida.