Este es un antecedente general a tener en cuenta, pero que en modo alguno explica completamente la inexistencia de la consagración de un derecho de los particulares a tener armas. El derecho a tener armas, en definitiva, se ha visto restringido por la imposición de un monopolio en favor de fuerzas armadas y de orden, con la proscripción absoluta de la creación de milicias paralelas (obstaculizando así el acceso a armas a los particulares), atendida la amenaza que la existencia de éstas representaría para el poder establecido. La región sabe bien lo que el poder de las armas representa, y el mismo orden busca restringir el peso de las armas al establecer la subordinación de las armas militares y policiales a los poderes civiles (no siempre con total éxito).

Así, la restricción al acceso de las armas para particulares se configura también como consecuencia de la consolidación de modelos de fuerzas armadas y de orden y seguridad democráticas, sujetas al control del poder político, profesionales, jerárquicas, obedientes y no deliberantes. La reivindicación civil de disponer de armas surge a consecuencia de, entre otros, los permanentes debates en torno a la eficacia del trabajo policial relacionado con la prevención del delito y el reconocimiento a la clásica institución de la legítima defensa, para el caso que, enfrentados a la actividad criminal, la fuerza policial no pueda protegerles. Tal reivindicación pone en duda el monopolio de uso de la fuerza, ampliamente concedido a las fuerzas armadas y de orden y seguridad. Se debe tener presente que este trae consigo la necesaria regulación de los términos en que tal fuerza puede ser usada, donde, habida cuenta de la función y especialidad, los funcionarios de tales fuerzas deben ajustar su acción a las normas y entrenamiento al que están sometidos y asumir responsabilidades cuando ello no es así. Para los particulares, en cambio, sólo existe el baremo de la legítima defensa, la cual, para todos los efectos prácticos, supone exigencias más laxas que las exigibles a un funcionario que hace uso de su arma. Por lo demás, desafortunadamente su uso es rara vez ajustado a las expectativas.

A ello se suman las dificultades que exhiben los mecanismos de control y fiscalización para cumplir tales tareas apropiadamente, lo que lleva a que se pierda trazabilidad de armas, estén ellas en manos de personas inidóneas o derechamente éstas caigan en manos criminales.