La telesalud ha transformado el acceso a la atención médica. Sin embargo, este avance tecnológico plantea desafíos en términos de privacidad de datos y equidad desde una perspectiva de derechos humanos.
La convergencia entre la tecnología y la atención médica ha revolucionado el campo de la salud, proporcionando acceso remoto a servicios médicos a través de la telesalud y otras intervenciones digitales. Sin embargo, este avance tecnológico no está exento de desafíos en términos de derechos humanos.
Es importante destacar que si bien los términos “telesalud” y “telemedicina” suelen utilizarse indistintamente, se trata de conceptos diferentes. La telesalud abarca un conjunto más amplio de servicios de atención médica remota que la telemedicina. Mientras que la telemedicina se refiere específicamente a servicios clínicos remotos, la telesalud puede referirse a otros servicios remotos, como capacitación de proveedores, educación médica continua o educación en salud pública, intercambio electrónico de información para facilitar y respaldar la evaluación, el diagnóstico, la consulta y el tratamiento.
La utilización de la telesalud es una herramienta que ha llenado un vacío en el mundo de la atención ambulatoria. Esta ayuda a los pacientes a mantenerse en contacto con su equipo de atención médica para visitas de seguimiento, de diagnóstico y de emergencia. Naturalmente, hubo un aumento en el uso de la telesalud durante la pandemia del COVID-19, pero sus beneficios se extienden a través de varias condiciones crónicas y severas, como pueden ser la depresión, la hipertensión, el asma, o las enfermedades cardiovasculares. Así, las tecnologías de telesalud han transformado el sector de la salud de varias maneras. Por ejemplo, han sido especialmente útiles para llegar a comunidades desatendidas y a pacientes con enfermedades crónicas.
A pesar de este escenario alentador, la telesalud acarrea una serie de implicaciones y complejidades éticas y legales que deben ser consideradas seriamente.
Si bien es cierto que la telesalud ha ampliado el acceso a la atención médica, especialmente en áreas remotas o con recursos limitados, este avance plantea desafíos en relación con el derecho a la privacidad y la confidencialidad de la información médica.
Al momento de la atención al paciente, se proporciona información confidencial para facilitar el tratamiento del paciente; dicha información puede incluir números de seguro social, fecha de nacimiento, dirección, diagnóstico, nombre del paciente y otra información relevante que se considera información de salud protegida.
La dependencia y confianza en sistemas informáticos y tecnologías de información sanitaria, conlleva riesgos para la privacidad que, a su vez, pueden provocar errores en la atención al paciente o perjudicar la calidad de la prestación de atención médica. Las vulnerabilidades en los sistemas de tecnología de la información sanitaria están expuestas a riesgos de filtración o posible pérdida de datos.
Desde una perspectiva jurídica, la protección y confidencialidad de datos de salud resulta fundamental para garantizar una adecuada atención de salud y una protección del derecho al más alto nivel posible de salud. Por ello, la Organización Mundial de la (OMS) ha recomendado el establecimiento de mecanismos que garanticen la seguridad y privacidad del paciente.
En este contexto, si bien la rápida evolución de la tecnología suele superar la capacidad de los marcos regulatorios para mantenerse al día con estos avances, algunos países han comenzado a adoptar leyes y regulaciones específicas que establecen normas para la recopilación, el almacenamiento y la transmisión de información de salud, con el objetivo de robustecer las protecciones de privacidad y confidencialidad de las y los pacientes. Por ejemplo, luego de la pandemia del COVID-19, Brasil implementó la Ley Federal 14.510/2022 para regular la práctica de la telemedicina. Esta ley establece expresamente que la privacidad de los datos y la responsabilidad digital son principios esenciales para la prestación de servicios de telemedicina y se remite a la Ley General de Protección de Datos.
La calidad en la atención de salud, el deber de cuidado y el bienestar del paciente remoto también pueden verse afectados por el uso de la telesalud. La responsabilidad de los médicos no se ve reducida o mitigada por el hecho de que la atención sea a distancia, ya que su servicio se basa en el compromiso de servir al bienestar de las y los pacientes antes que a cualquier otro interés. Al brindar servicios de atención médica a través de tecnologías de salud, las y los profesionales de la salud deben brindar toda la atención debida de manera competente, y las y los pacientes deben estar bien informados, mientras que su confidencialidad y privacidad merecen el máximo respeto y protección.
De hecho, el uso excesivo de tecnologías de telesalud puede, incluso, causar mayores problemas en la salud del paciente remoto. El trato impersonal de la telesalud puede exacerbar situaciones de soledad y tener un impacto negativo en el bienestar y salud mental del paciente. Además, las posibles confusiones en la comunicación o la falta de confianza entre el proveedor médico y el paciente pueden llevar tanto a diagnósticos inadecuados como a la falta de diagnóstico. Esto refuerza la importancia de establecer marcos éticos de telesalud para orientar la práctica, según diversos escenarios posibles que ponderen los beneficios y las potenciales consecuencias, con el objetivo último de asegurar estándares adecuados de prestación de servicios de salud.
Un desafío importante es la equidad en el acceso a la telesalud y las intervenciones digitales. Si bien estas tecnologías pueden mejorar el acceso a la atención médica, también pueden exacerbar las desigualdades existentes. Por ejemplo, las personas que no tienen acceso a internet o que carecen de habilidades digitales pueden quedar excluidas de los sistemas de salud que prioricen la atención de telesalud, por razones de rentabilidad, por sobre otro tipo de atención.
Hay varias formas en que puede manifestarse esta inequidad digital. Una de las dimensiones importantes tiene que ver con la falta de acceso a internet. La ausencia o insuficiencia de una infraestructura de red puede llevar a una situación en la que las personas tengan acceso limitado o nulo a internet. Incluso así, la mera presencia de infraestructura de red, por sí sola, no garantiza un servicio efectivo. Los problemas de acceso también pueden surgir debido a la asequibilidad de los servicios de internet. Aunque una localidad tenga acceso a servicios de internet de alta calidad, su suscripción puede resultar financieramente onerosa para las personas, lo que en la práctica podría resultar en una falta de acceso para muchos.
Además del acceso, la inequidad digital puede manifestarse a través de otras dimensiones, como la falta de habilidades o del apoyo necesarios para aprovechar los beneficios que proporcionan estas tecnologías. Esto puede incluir la falta de conocimiento sobre el uso de dispositivos electrónicos y de las plataformas de telesalud, o la ausencia de acceso a la asistencia para resolver problemas técnicos. Estas barreras agravan aún más las disparidades en el acceso a la atención médica y pueden generar impactos aún mayores en grupos vulnerables. De este modo, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconoció que, si bien las herramientas digitales han cumplido un rol facilitador durante la pandemia, estas también podrían constituir un obstáculo para las personas mayores. Por ello, reconoció que la tecnología puede complementar el despliegue estatal para el acceso de derechos, pero sostuvo que esta “no puede constituir el canal exclusivo para la garantía de estos, en tanto hay un enorme riesgo de que las personas mayores queden por fuera”.
De igual manera, la OMS reconoció que, si bien la telemedicina puede aumentar el acceso a los servicios de salud, esta no puede utilizarse para reemplazar o desmerecer las iniciativas tendientes a fortalecer los sistemas de salud. En este marco, recomendó a los países que aclaren en los protocolos clínicos aquello que se puede realizar a través de una consulta remota y aquello que no, determinando, por ejemplo, los tipos de casos que requieren un contacto presencial.
Si se pretende que la telesalud realmente mejore el acceso a la atención de salud, entonces estas tecnologías no pueden tener un precio excesivo o ser demasiado complejas de usar, ya que ello podría causar un impacto negativo en el goce de derechos. Desde una perspectiva de derechos humanos, resulta fundamental abordar estas disparidades y garantizar que todos tengan acceso equitativo a la atención médica, independientemente de su situación socioeconómica o geográfica. Esto puede requerir medidas como la inversión en infraestructura de tecnología de la información, la promoción de la alfabetización digital y la provisión de servicios de telesalud subsidiados para comunidades desatendidas.
La telesalud y las intervenciones digitales ofrecen importantes oportunidades para mejorar la atención médica y promover el bienestar de las personas. Sin embargo, también plantean desafíos significativos en términos de derechos humanos, incluida la privacidad de los datos, la seguridad de la información, la calidad de la atención de salud y la equidad en el acceso.
Para abordar estos desafíos, el diseño de marcos regulatorios adecuados requerirá de un enfoque integral, que aborde plenamente la seguridad de los datos de pacientes y profesionales de la salud, la confidencialidad de la información, los derechos de los pacientes, medidas de seguridad, y protocolos de atención adecuada en materia de salud. Todos los cuales son elementos esenciales para garantizar una práctica de telesalud ética, respetuosa de los derechos humanos y segura.
Citación académica sugerida: Constantin, Andrés y Pappier, Guillermina. Telesalud y derechos humanos. Agenda Estado de Derecho 2024/07/03. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/telesalud-y-derechos-humanos/
Palabras clave: Telesalud, derecho a la salud, tecnología y derechos humanos, telemedicina.
Scholar en el O’Neill Institute for National and Global Health Law y Profesor Adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown en Washington, DC. Además, es Asesor Legal del Center for Reproductive Rights en Ginebra, Suiza. Posee un doctorado y LL.M. por la Universidad de Georgetown y es abogado por la Universidad Torcuato Di Tella.
Fellow en el O’Neill Institute for National and Global Health Law. Posee un LL.M. de la Universidad de Georgetown y es abogada por la Universidad Torcuato Di Tella
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
