La pandemia ocasionada por el COVID-19 tuvo un fuerte impacto en el goce de los derechos, en especial de las poblaciones más vulnerables. El derecho a la educación no fue la excepción. Miles de niños y niñas quedaron fuera del sistema educativo en Paraguay, en especial aquellos que viven en contextos de pobreza o ruralidad, y que pertenecen a alguna etnia indígenas. Particularmente en estos grupos,, los aprendizajes esperados se redujeron, entre otras consecuencias cuya magnitud real aún es una incógnita. Sin embargo, se estima catastrófica.

Un reciente informe de la UNESCO muestra algunos avances en materia de educación en la región: aumento de asistencia escolar, sistemas de alertas tempranas para acompañar  la trayectoria educativa individual, cambios en las políticas de evaluación, fortalecimiento de los procesos de alfabetización inicial, entre otros. Deja en claro que muchos de los esfuerzos que están haciendo los Estados están bien encaminados, aunque con grandes desafíos por delante, en especial en lo que se refiere a la educación secundaria, que es la que muestra menores niveles de recuperación a por lo menos, la situación previa a la pandemia.

El Estado paraguayo no ha sido la excepción y sigue, en este sentido, los datos que se verifican en la región. En particular, en el informe se resalta la sanción de la Ley de Educación Digital, que integra una propuesta renovada de abordaje de las tecnologías en el contexto educativo. Las obligaciones en materia de educación no se limitan sólo a los números que dan cuenta del rendimiento académico de los y las estudiantes. Sin duda, las condiciones en que las personas reciben educación son relevantes. En este sentido, noticias recientes dan cuenta de diversas olas de inseguridad que afectan a las escuelas, que tienen como consecuencia un total desabastecimiento de los edificios, los destrozos de estos, entre otras.

Estos actos de vandalismo pareciera no afectar a la totalidad del sistema educativo paraguayo, sino solamente a escuelas públicas de ciertas zonas. Esto es, las escuelas donde acuden      aquellos niños y aquellas niñas que no tienen recursos para asistir a escuelas privadas, donde el acceso a una computadora o un libro es solamente en la escuela o que, incluso, es el único lugar seguro donde estas personas pueden pasar algunas horas de su vida. Esto también afecta la calidad educativa y las condiciones laborales de quienes ejercen la docencia, los que se convierten en guardianes de los pocos recursos de la escuela, provocando que no puedan dedicarse a preparar sus clases, armar sus programas educativos o, incluso, actualizar sus conocimientos.

El derecho a la educación de niños y niñas se encuentra reconocido en diferentes instrumentos de derechos humanos (por ejemplo, en el Protocolo de San Salvador o en la Convención sobre los Derechos del Niño) y también en las Constituciones de diversos países de la región. En Paraguay se encuentra reconocido en los arts. 73 y ss. de la Constitución, y está regulado por la Ley 1264 (1998).

En dicho contexto de inseguridad educativa, no debemos perder de vista que el derecho a la educación tiene dos caras: por un lado, el derecho de toda persona de recibir educación (derecho a la educación) y, por otro lado,  el derecho de brindar educación (derecho a enseñar). Las obligaciones que han asumido los Estados no se limitan entonces a los conocimientos que han alcanzado los y las estudiantes en ciertas pruebas estandarizadas, sino principalmente a garantizar las condiciones para que la educación sea posible. En particular, en el caso de Paraguay, se establece en el artículo 4 de la Ley 1264 que: “el Estado tendrá la responsabilidad de asegurar a toda la población del país el acceso a la educación y crear las condiciones de una real igualdad de oportunidades”.

La educación es una herramienta que permite a las personas adquirir aprendizajes en el presente, pero también es una apuesta a futuro. Están hoy, en los sistemas educativos, las nuevas generaciones que son las que deberán luchar contra un mundo en franco deterioro. Sin duda, esta situación de inseguridad implica un incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado paraguayo, como asimismo de los fines mismos del derecho a la educación. Garantizar la seguridad en las escuelas es parte del contenido del derecho a la educación que debe brindarse en condiciones de igualdad.

Sobre llovido mojado es la manera de representar la situación del sistema educativo de Paraguay, que se encontraba ante una situación alarmante a raíz del cierre de escuelas ocasionado por la pandemia del COVID-19, a lo cual se suma, al momento de iniciar la recuperación, con situaciones de inseguridad que impiden a niños y niñas gozar de su derecho a la educación.