Ya se intuía. Que los gobernados eran sujetos activos en el reclamo a los gobernantes de cuentas y transparencia de la gestión pública. Que los gobiernos tenían la obligación de informar a sus ciudadanos sobre las decisiones que les afectaban. Que la explosión de las nuevas tecnologías de Internet aplanaba definitivamente las relaciones entre la gente común y los funcionarios. Que los gobiernos tendrían que ser abiertos para responder a las nuevas exigencias de la democracia. Que la información pública les pertenecía a todos por igual.

Ya se había establecido formalmente en distintos instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos. Desde el Sistema Universal, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; hasta el Sistema Interamericano mediante la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José.

Pero no fue hasta que sumaron el derecho de acceso a la información pública a la Agenda 2030 cuando comenzó a hablarse en voz alta de los deberes y derechos de gobiernos y ciudadanos, hasta convertirlos en un indicador esencial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para medir la salud de los Estados modernos, sus modelos de desarrollo para afrontar el futuro y, especialmente, la condición de sus democracias.

La importancia de gozar del derecho al acceso a la información pública se tradujo en el ODS 16, que conmina a los gobiernos a incorporar este derecho y velar por su cumplimiento, si desean promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, como afirma la definición en la Agenda 2030.

Se generó así un contexto global y unas reglas de juego compartidas y transnacionales para promover estándares en leyes, políticas públicas y decisiones gubernamentales de corte administrativo que garantizaran el derecho a saber, entendido como ese derecho al pleno disfrute del derecho de acceso a la información pública a fin de mejorar la relación entre gobernantes y gobernados, propiciar la transparencia de la gestión pública y por ende vigilar y combatir activamente la corrupción.

La Asamblea General 74 de las Naciones Unidas se sumó a este reconocimiento global de la importancia del acceso a la información, y en octubre de 2019 proclamó el 28 de septiembre de cada año como el Día Internacional del Acceso Universal a la Información (IDUAI). Le siguió los pasos a la Conferencia General de la UNESCO que había proclamado esa fecha en el año 2015, tras la aprobación de la Resolución 38 C/57.

Se reconoció así la iniciativa de los defensores de la libertad de información de más de 15 países, quienes reunidos en Sofía (Bulgaria) en 2002 manifestaron la necesidad de sensibilizar sobre la transparencia y la responsabilidad de los gobiernos para defender el derecho a saber. Posteriormente, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en su reunión ordinaria número 50, aprobó la Resolución 222 ratificando la iniciativa. Había un consenso en torno a la necesidad de crear leyes de acceso a la información y velar por su aplicación para crear esas instituciones sólidas que resguardan el bien común en una democracia y pueden impulsar un desarrollo sostenible.

Con la irrupción de la pandemia en 2020, y ante las amenazas en muchos países de gestionar la crisis sanitaria con secretismo, opacidad y control de la información, surgió la necesidad de vincular la garantía del derecho a saber con la importancia de la información para salvar vidas, tomar decisiones y restablecer la confianza.

La situación del derecho a la información en Venezuela

Hay un rasgo que hace aún más relevante el derecho de acceso a la información y tiene que ver con el derecho a la información, y por extensión, con el derecho a la libre expresión. La otra cara del derecho a saber es el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por esa razón, cuando hablamos de violaciones al acceso a la información también nos referimos a los ataques y amenazas contra periodistas, el cierre de medios de comunicación, la obstrucción al trabajo periodístico, las restricciones en la circulación, el impedimento de coberturas de información de interés público, el bloqueo de acceso a periodistas a cuentas de redes sociales institucionales, y tantas otras formas de violentar el derecho a la libertad de expresión, la libertad de información y el derecho a saber.

Venezuela es el caso más emblemático en América Latina sobre la destrucción de estos derechos en los últimos 22 años. A pesar de que más de 12 leyes resguardan este derecho, hasta ahora sustentado en el artículo 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (que expresa que los ciudadanos tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la administración pública sobre sus decisiones y resultados de su gestión), no hemos tenido garantías de que se cumplan los derechos del ciudadano al acceso a la información pública. Junto a ese derecho, también perdemos nuestro derecho a la libertad de información, a compartir nuestra opinión con los representantes electos, y a expresar con libertad y garantías las propias opiniones, resguardado en los artículos 57 y 58 de la Constitución. 

Mientras los países de América Latina y el Caribe aprobaron sus leyes de acceso desde 1994, Venezuela seguía perteneciendo al club de los países rezagados, como Bolivia, Cuba y Costa Rica. Durante dos décadas hemos sido testigos de cómo día a día se ha conculcado ese derecho. Un día, se dejaron de publicar los boletines epidemiológicos, otro día ya no existían las estadísticas sobre mortalidad, y ni hablar de las cifras de muertes violentas; tampoco aparecen los presupuestos de la Nación, ni los datos sobre las empresas contratistas. Tan solo se cumple con la publicación obligatoria de las actuaciones del Estado en la Gaceta Oficial, pero además se hace de manera desordenada, en formatos imposibles de descargar, con información imprecisa, ocultando gacetas de decisiones conflictivas, etc.

A pesar de que el discurso oficial anuncia un gobierno abierto y digital, la información está desactualizada, incompleta, sin facilidades de acceso y resulta inútil pretender el ejercicio de la transparencia activa que exigen Unesco y otros órganos que hacen seguimiento al cumplimiento de este indicador. En definitiva, el acceso a la información resulta inservible para acercar a los ciudadanos a las diligencias públicas, excepto en aquellas materias de absoluto interés para la vigilancia y el control social de la población. Paralelamente, el ciudadano ve cómo su reclamo se hace cada día más sordo a oídos de los funcionarios, y cómo se abre cada vez más la brecha de contacto con el poder público para la resolución de sus problemas cotidianos, para exigir transparencia, y para denunciar excesos y omisiones que afectan otros derechos fundamentales.

Si las obligaciones contenidas en 12 leyes han sido letra muerta para que el Estado de Venezuela garantice el derecho de acceso a la información, la reciente aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, por la Asamblea Nacional elegida en 2020, se transforma en un desafío para todos quienes solicitaron y lucharon por que se aprobara este instrumento legal.

No podemos afirmar que su nacimiento haya sido en las condiciones óptimas. De un lado, la ley surgió como apurada respuesta a los reclamos hechos por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien en su informe sobre Venezuela del 13 de septiembre de 2021 alertó que el Estado venezolano no publicaba el boletín epidemiológico y el anuario de mortalidad desde 2016 y 2014. De otro, resulta relevante tener en cuenta que el presupuesto nacional no era del dominio público desde 2018 y que las memorias y cuentas de los ministerios no se conocían desde 2017. Según una información de Transparencia Venezuela, Michele Bachelet también señaló que 60 solicitudes de información pública presentadas entre 2020 y 2021, sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales no tuvieron respuestas y otras no fueron admitidas debido a la omisión de “formalidades no esenciales”.

Al día siguiente de la publicación del informe, estaba sobre la mesa del Presidente de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que, a juicio de la organización Transparencia Venezuela, “fue aprobada en un proceso  exprés y carente justamente de transparencia, que solo busca cumplir con una formalidad, sin garantizar realmente a los venezolanos el derecho a acceder a la información pública”.

Aunque el método ha sido opaco y sin consulta pública, y a pesar de que la nueva legislación carece de garantías para su aplicación y cumplimiento, le da un marco a los venezolanos para exigir cuentas a la gestión pública, transparencia y, en definitiva, el derecho a saber.

Dependerá de los venezolanos convertir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público en un arma que podremos utilizar sin descanso para exigirle al Estado sus actuaciones ocultas, su corrupción, sus convenios internacionales, y cada una de las cifras que revelan las dimensiones de la emergencia humanitaria que se vive en Venezuela. Será una manera de recordar que los venezolanos tenemos y exigiremos nuestro derecho a saber.