Para lograr una reducción en los niveles de inseguridad y la consolidación del Estado de Derecho, se deben mejorar los niveles de legitimidad y confianza de las instituciones de seguridad y justicia mediante el fortalecimiento de sus procesos, recursos humanos y capacidad de atención ciudadana. El objetivo final es construir instituciones efectivas y eficientes, que provean servicios adecuados de seguridad y justicia (prevención, control, investigación, judicialización, condena y rehabilitación). Para ello es necesario, entre otras opciones:

1) Mejorar la justicia procedimental, para generar círculos virtuosos de legitimidad, confianza y efectividad, mediante procesos justos y respetuosos. Más que el resultado, los ciudadanos valoran que las acciones y el trato recibido sean justos. Esta percepción de justicia se relaciona con mayor confianza en las instituciones y en sus decisiones. Las víctimas pueden ser las principales evaluadoras del sistema de seguridad y justicia. Si perciben que la denuncia es un mecanismo efectivo para judicializar los delitos y que conduce a penas proporcionales, tendrán confianza en el sistema, aumentarán las demandas y por ende la efectividad del sistema.

2) Fortalecer los procesos de profesionalización y especialización del personal de las instituciones de seguridad y justicia. Si no contamos con instituciones de seguridad y justicia profesionalizadas, no podemos esperar respuestas efectivas a la prevención, control y atención de las violencias. Necesitamos personal capacitado y comprometido con los derechos humanos, claros protocolos y sistemas de evaluación de actuación, y prestaciones para la dignificación y el bienestar social del personal, que impacten efectivamente sobre su carrera.

3) Tener un sistema de información amplio y transparente, que facilite la comunicación entre las instituciones y la sociedad civil. Es decir, un mecanismo de acompañamiento y rendición de cuentas que contribuya a la construcción de estándares mínimos requeridos para mejorar el servicio al ciudadano. Abrir espacios y canales de comunicación entre la ciudadanía y las instituciones promueve la corresponsabilidad en el manejo de la seguridad y convivencia, contribuyendo a mejores condiciones de seguridad.

4) Incorporar herramientas tecnológicas para aumentar sus capacidades, reducir sus costos y mejorar su efectividad. La digitalización de los servicios y procesos permitiría aumentar la conectividad con los ciudadanos y así mejorar la cobertura y el acceso para toda la población. Esto incluye adoptar mecanismos para asegurar la inclusión de las poblaciones más vulnerables. La digitalización también puede contribuir a mejorar la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.

5) Fortalecer espacios de coordinación entre autoridades locales y nacionales, para contar con una eficiente gestión de seguridad a nivel local. Para ello, se deben establecer esquemas de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, intercambiando información confiable desde un sistema moderno que genere insumos para la toma cualificada de decisiones de política pública. Asimismo, se deben fortalecer a los gobiernos locales y promover acuerdos de trabajo conjunto entre las distintas instancias del sistema de seguridad y justicia, con el objetivo de prevenir y reducir violencias y delitos.

6) Poner al ciudadano en el centro. Si las instituciones cumplen las misiones para las que fueron creadas, centrando su razón de ser en el servicio de calidad a la ciudadanía, crece la confianza. Si se mantienen altos niveles de confianza, se fortalece la legitimidad institucional, necesaria para que la ciudadanía sienta las instituciones como propias y por tanto colabore con ellas.

 Los países de la región continuarán estando expuestos a fenómenos y situaciones sociales que exigen contar con una mayor y mejor calidad del servicio, poniendo a prueba la fortaleza y credibilidad de las instituciones de seguridad y justicia. En este sentido, se deben promover estrategias y políticas públicas que consoliden la buena gobernanza y la efectividad de las instituciones de seguridad y justicia, mediante el fortalecimiento de la justicia procedimental, la profesionalización y especialización del personal de estas instituciones, la incorporación de innovaciones tecnológicas para mejorar su efectividad y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Con la ciudadanía siempre en el centro de toda decisión y acción.