1 de Marzo del 2024
SIMPOSIO ESPECIAL DE AGENDA ESTADO DE DERECHO Y CIL DIALOGUES
Salvador Allende, Populismo y un Derecho Internacional de Solidaridad
¿De qué manera Salvador Allende desafió el binario contemporáneo entre “populismo versus internacionalismo”, revelando una visión única de solidaridad en el Derecho internacional?
El presente artículo es parte del especial titulado “Recordar para reimaginar: perspectivas histórico-jurídicas a 50 años del golpe de Estado en Chile” en alianza con Centre for International Law (CIL) Dialogues. Véase la versión en inglés aquí.
Hoy en día, la política de carácter populista suele ser descrita como una forma de hacer política que es hostil al derecho internacional. Específicamente, se presupone que el populismo favorecerá al nacionalismo por encima del multilateralismo, y que aquel tendrá una relación antagonista con instituciones internacionales. Sin embargo, tal y como académicas como Christine Schwöbel-Patel y Marcela Prieto Rudolphy han argumentado, la fusión del populismo con el nacionalismo refleja una forma de pensar centrada en Occidente. En el Sur global, y en América Latina en particular, existe una larga tradición que combina una forma populista de hacer política con el internacionalismo. El presidente chileno Salvador Allende, un marxista, democráticamente electo, que surgió como uno de los líderes del Tercer Mundo más influyentes del siglo XX, es una figura que desestabiliza el binario contemporáneo que presenta al ‘populismo versus el internacionalismo’. A través de su vida, Allende consistentemente basó sus políticas en torno a una idea de ‘el pueblo’. Tomando como referencia el trabajo de teoría política de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, argumentamos que aquello refleja una forma de ‘populismo de izquierdas’, aunque al mismo tiempo, Allende nunca perdió de vista cuestiones internacionalistas. Allende abogaba firmemente por la solidaridad entre los ‘pueblos’ de América Latina, el Sur, y también de otras partes del mundo. En esta entrada de blog, le rendimos homenaje a un aspecto del legado internacionalista centrado en el pueblo propuesto por Allende: su articulación de un derecho internacional basado en la solidaridad.
Para entender la visión de solidaridad internacional promovida por Salvador Allende, es necesario primero entender su forma de hacer política centrada en el pueblo. Allende fue elegido presidente de Chile en 1970 como candidato de una coalición amplia izquierdas, conocida como Unidad Popular. Aunque su elección fue reñida, la campaña presidencial de Allende se caracterizó por su una amplia participación popular. Por ejemplo, Unidad Popular fue asociada con el movimiento chileno de la ‘nueva canción’. Éste movimiento permitió a cualquier miembro del pueblo chileno a movilizarse a través de canciones populares de carácter político, como la canción ‘El pueblo unido jamás será vencido’. Una vez presidente, Allende describió su gobierno como ‘el Gobierno del Pueblo’, y procedió a nacionalizar el hierro, acero, nitrato y cobre del país con el objetivo de devolver dichos recursos al ‘pueblo de Chile’ (UNCTAD III, párrafos [37]-[38]). A pesar de que Allende era marxista, ‘el pueblo’, al que él afirmaba representar, era más amplio que solamente la clase trabajadora. Para Allende, sobreponerse a los males del capitalismo y al neo-imperialismo, requería la unidad de varios grupos diferentes. Esto se ve con claridad en su discurso final, pronunciado en 1973 durante el golpe de estado en su contra. Además de dirigirse a los trabajadores, Allende agradeció ‘al campesino’, ‘al intelectual’, ‘a la abuela’ y ‘a la madre’, así como también a los ‘profesionales patriotas’ que continuaron ‘trabajando contra la sedición’. Respecto a todos estos grupos, Allende se veía asimismo como un ‘intérprete de grandes anhelos de justicia’ (Discurso Final).
En este sentido, podría decirse que el discurso y prácticas de Allende son similares a la forma de ‘hacer política’ que, el teórico argentino Ernesto Laclau y la teorista belga Chantal Mouffe, describirían como un ‘populismo’ de izquierdas. En su libro, La Razón Populista, Laclau argumenta que el populismo es una estrategia discursiva que busca crear una frontera política entre ‘el pueblo’ y ‘la élite’. Para Laclau, esta frontera se construye a partir de una ‘cadena de equivalencias’, en la cual una serie de demandas democráticas parecen vinculadas o conectadas. En su libro, Por un Populismo de Izquierda, Mouffe usa la teoría del populismo de Laclau para argumentar a favor del populismo de izquierda. Para Mouffe, aunque tanto el populismo de izquierda como el de derecha intentan ‘unificar demandas insatisfechas (…) la diferencia reside en la composición del “nosotros”’ (p. 44). El populismo de derecha construye ‘el pueblo’ en términos exclusivos, mientras que el populismo de izquierda se basa en una idea inclusiva de ‘el pueblo’. En el caso que nos ocupa, Allende trabajó para conectar una gama de demandas, incluidas aquellas relacionadas con la democracia, redistribución económica y la auto-terminación nacional, a través de una noción inclusiva de ‘el pueblo’ que abarcaba a trabajadores, campesinos, intelectuales, madres y padres, y profesionales. Esta noción de ‘el pueblo’ se definió en oposición a una ‘élite’ que comprendía fuerzas fascistas, capitalistas y neo-imperialistas, que presentaban una amenaza bastante real tanto para el Gobierno como para cualquier persona del pueblo en el Chile de Allende.
Al mismo tiempo, Allende no se oponía al derecho internacional o a las instituciones internacionales, como en la actualidad parecen hacerlo algunas formas de política que pueden describirse como ‘populistas’ (por ejemplo, Jean-Marie y Marine Le Pen, Donald Trump, Viktor Orban, Jair Bolsonaro, o Giorgia Meloni). Aunque Allende era crítico a la forma en que la visión dominante del derecho internacional ha sido movilizada para apoyar al imperialismo económico, Allende buscó proponer un derecho internacional alternativo (o rival).
Podemos ver la aproximación alternativa al derecho internacional de Allende, y la forma en que éste la conectaba con sus políticas populistas, en su decisión de hacer en 1972 de Santiago (capital de Chile) la ciudad anfitriona de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés). Esta decisión era trascendente por varias razones. Primero, UNCTAD al tener lugar ante el trasfondo de la disputa sobre la nacionalización de su cobre entre Chile contra ciertas corporaciones extranjeras, permitió a Allende desafiar a los estados del Norte. Segundo, el evento fue parte de una lucha más amplia del Tercer Mundo por un sistema económico más igualitario a través del Nuevo Orden Económico Internacional (NIEO por sus siglas en inglés). Así pues, en este sentido organizar UNCTAD III en el Tercer Mundo era de suma importancia. En tercer lugar, y especialmente en el contexto de esta entrada de blog, que UNCTAD tuviera lugar en Santiago era para Allende una forma para llevar el derecho internacional al pueblo de Chile.
Por ejemplo, en el período previo a los eventos oficiales, Allende redactó una carta a los trabajadores chilenos involucrados en la construcción del edificio de UNCTAD III en Santiago. En esta carta, Allende agradece a los trabajadores por ‘ha[ber] aportado lo mejor de sí mismos para levantar la obra monumental de los edificios de UNCTAD III, en los cuales habrá de tener lugar uno de los más importantes torneos internacionales … [para] dar término a la arbitraria estructura del comercio y el sistema financiero internacional’. Tiempo después, durante las sesiones oficiales de UNCTAD III, Allende de nuevo destacó el esfuerzo de los trabajadores:
La pasión y el fervor con que todo un pueblo construyó este edificio es un símbolo de la pasión y el fervor con que Chile quiere contribuir a que se construya una nueva humanidad que haga desaparecer la necesidad, la pobreza y el temor, en este y en los otros continentes [párrafo 106]
Una placa conmemorativa, que fue adherida al edificio de UNCTAD, rezaba: ‘[e]ste edificio refleja el espíritu de trabajo, la capacidad creadora y el esfuerzo del pueblo de Chile, representado por: sus obreros, sus técnicos, sus artistas, sus profesionales’.
Tanto en la carta a los trabajadores de UNCTAD, en la placa conmemorativa, y en sus discursos, podemos ver cómo Allende presenta la contribución material de los trabajadores chilenos a los edificios de UNCTAD III como una contribución a una ‘batalla’ por el derecho internacional que estaba ocurriendo en aquella época. Al trazar esta conexión, Allende estaba sugiriendo que no sólo los abogados, diplomáticos y jefes de estado podían participar en el proceso de hacer el derecho internacional, sino que también podía hacerlo cualquier persona, desde trabajadores, a artistas, o a profesionales.
Así también, en el transcurso de su vida política, e incluso a través de su trágica muerte en 1973, Allende mostró un compromiso firme en la incubación de formas de solidaridad internacional que no tendían a sacrificar lo local en el altar a lo internacional. Tal y como puede apreciarse en sus numerosos discursos y cartas, Allende fue capaz de conectar las particularidades de la lucha del pueblo chileno contra la desigualdad estructural y la extracción de recursos naturales por corporaciones extranjeras, con los pueblos del Tercer Mundo y su historia compartida de colonización y capitalismo. Esto movió a Allende a promover consistentemente la idea de ‘la solidaridad’ como un principio organizador de una ética internacionalista alternativa, la cual era tanto socialista como de ‘orientación Sur’. En este sentido y de forma significativa, el contexto de la Guerra Fría, en el cual Allende desarrolló la mayor parte de su carrera política, no le paralizó en la búsqueda de alianzas (incluso de amistades) con líderes de estados en el Tercer Mundo y el Bloque Comunista. A modo ilustrativo, Allende visitó la Unión Soviética y desarrolló relaciones con líderes del Tercer Mundo como con Ernesto ‘Che’ Guevara, Fidel Castro de Cuba, João Goulart de Brasil, y Ho Chi Minh de Vietnam. Antes de convertirse en presidente de Chile, también podemos ver en el trabajo político de Allende expresiones de su propuesta para una solidaridad internacional alternativa. Un ejemplo de esto último es su propuesta durante la Conferencia Tricontinental de 1966 en Cuba para crear la Organización Latinoamericana de Solidaridad, y otro ejemplo es su apoyo firme al Pacto Andino de 1969.
Tal noción de solidaridad también sustentaba el abordaje a, y concepción de, el derecho internacional de Allende y, en especial, la batalla legal por un Nuevo Orden Económico Internacional. Como presidente de Chile durante UNCTAD III, por ejemplo, Allende utilizó su discurso de apertura para hacer abiertamente un llamado a un orden económico internacional basado en el principio de ‘solidaridad’. En su discurso, Allende remarcó que a pesar de que ‘[n]os es imposible cambiar de la noche a la mañana el mundo tal cual es, con toda su injusticia contra los países subdesarrollados’ [párrafo 95], enfatizó que era posible utilizar la Conferencia para empezar a colocar ‘las bases para construir lo que llamaría una economía solidaria en escala mundial’ [párrafo 98] [énfasis añadido]. Allende recalcó que esto requeriría crear un sistema económico internacional basado en los principios de paz y cooperación, en los cuales ‘nosotros, pueblos del tercer mundo, conquistaremos el reconocimiento de nuestros derechos en la reestructuración del intercambio internacional y la instauración de relaciones justas para todos’ [párrafo 97]. Algunas medidas para alcanzar esta visión incluían, desarmamiento global, mejor control del poder corporativo, y la transferencia a las Naciones Unidas de los asuntos concernientes al comercio y desarrollo del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés), en cual ‘se preocupa fundamentalmente de los intereses de los países poderosos’ [párrafo 73]. Así pues para Allende, alterar las reglas de la economía global de este modo, representaba ‘una nueva convivencia humana, al fin solidaria, después de una larguísima historia de opresión que hemos vivido y vivimos’ [párrafo 98].
Así como en sus repetidas llamadas a la solidaridad en la política doméstica Allende abrazó un discurso centrado en ‘el pueblo’, Allende también lo hizo en el ámbito del derecho y la política internacional. Sin embargo, en el contexto internacional, a diferencia del contexto doméstico, el internacionalismo que Allende proponía estaba basado en una idea plural pero colectiva de ‘los pueblos’. Por ejemplo, en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en 1972, Allende recordó a la audiencia que eran ‘los pueblos, todos los pueblos al sur del Río Bravo, [los] que se yerguen para decir: ¡Basta! ¡Basta a la dependencia!’, y recalcó que ‘Chile se siente profundamente solidario con América Latina, sin excepción alguna’. No obstante, la forma en que Allende entretejía la lucha del pueblo chileno con la de los pueblos de América Latina y el resto del Tercer Mundo, no se limitaba sólo a sus intervenciones internacionales. La noche de 1970 en que Allende se convirtió en presidente electo, Allende se dirigió a los chilenos desde la sede de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH). Según uno de los biógrafos de Allende, ‘[m]ientras que un ensordecedor silencio reinaba en el barrio de alto de Santiago … miles y miles de chilenos celebraban en las calles la victoria histórica de Allende y Unidad Popular’ (Amorós, 2013, 276). Desde el balcón de la FECH, Allende declaró que su elección ‘no fue la lucha de un hombre, sino la lucha de un pueblo’ sino que era una ‘victoria que tiene proyecciones más allá de las fronteras de la propia patria’. Y anunció que con su nueva y redescubierta independencia económica, ‘Chile abr[ía] un camino que otros pueblos de América y del mundo podrán seguir’ [énfasis añadido].
Hoy en día al mirar atrás, con todo lo que sabemos acerca del derrocamiento del Gobierno de Allende y el declive del Nuevo Orden Económico Internacional, es fácil ver sólo tragedia en las palabras de Allende en el balcón de la FECH. Sin embargo, la solidaridad de Allende con los pueblos del mundo no fue expresada en vano. La visión del derecho y la política internacional centrada en los pueblos, la cual que Allende propuso durante su vida política, llevó a trabajadores y artistas de todas partes del mundo a dar solidaridad a Chile también. En 1972 Allende describió la solidaridad hacia Chile ante la Asamblea General de la Naciones Unidas:
[H]emos visto con emoción la solidaridad de la clase trabajadora del mundo, expresada por sus grandes centrales sindicales; y manifestada en actos de hondo significado, como fue la negativa de los obreros portuarios de Le Havre y Rotterdam a descargar el cobre de Chile, cuyo pago ha sido arbitraria e injustamente embargado.
Lo que es más, después del golpe de 1973 y la consiguiente muerte de Allende, muchos alrededor del mundo continuaron expresando solidaridad con el derrocado Gobierno de Allende. Desde los ‘movimientos de solidaridad feminista y queer para con el Tercer Mundo’ en Estados Unidos que escribieron poesía acerca de la lucha de Chile por el cobre, a los gobiernos del Tercer Mundo tan lejanos como el de Argelia que mantuvo al embajador de Allende, ya que era ‘el único representante legítimo y legal de la nación chilena’, por muchos años después de que la junta militar haya tomado el poder (Palieraki, 2020, 292).
Con el paso del tiempo, y una vez que el pensamiento neoliberal se apoderó de estados e instituciones occidentales, los derechos humanos (en ocasiones descritos como los ‘compañeros de viaje’ del neoliberalismo) vinieron a dominar las narrativas sobre el golpe de estado en Chile de 1973. En lugar de ejemplificar el neoliberalismo o una contrarrevolución capitalista, el derrocamiento de Allende y la dictadura que le siguió, empezaron ser presentadas como meras ‘violaciones de derechos humanos’. Con este marco, las expresiones de solidaridad internacional para con el pueblo de Chile y el caído Gobierno de Allende, vinieron a ser reinterpretadas como, y canalizadas dentro, de un movimiento global de derechos humanos despolitizado. Este movimiento activamente evitaba los elementos económicos de la historia, y su lugar se enfocaba en enfatizar momentos de sufrimiento individual. Sin embargo, tal y como hemos demostrado en esta entrada de blog, el derecho internacional de solidaridad propuesto por Allende era uno que se negaba a la separación jurídica internacional entro lo político y lo económico, ya sea en el reconocimiento del trabajo que conlleva dar forma material al derecho internacional, y en particular a sus edificios; o a sus llamadas al cambio del derecho del comercio internacional para crear ‘solidaridad económica en escala mundial’ [párrafo 98]. Así también, el derecho internacional de solidaridad promovido por Allende era uno centrado en el bienestar colectivo tanto de ‘el pueblo’ de Chile como de ‘los pueblos’ del mundo.
Esta visión de solidaridad con su énfasis en la colectividad y en justicia económica, está siendo gradualmente recuperada. Esto puede verse en el regreso de formas de populismo de izquierdas durante la marea rosa de los años 2000, la creación de nuevas alianzas regionales y radicales, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en 2004, y en el sonido de la ‘nueva canción’ durante protestas contra la desigualdad en Chile en 2019. Y así podemos decir que la historia de esperanza asociada con un internacionalismo centrado en el pueblo y propuesto por Allende, no ha terminado.
Dicho de otra forma, ¡El pueblo unido jamás será vencido!
Citación académica sugerida: O’Hara, Claerwen y Vásquez Guevara, Valeria. Salvador Allende, Populismo y un Derecho Internacional de Solidaridad. Agenda Estado de Derecho. 2024/03/01. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/salvador-allende-populismo-y-un-derecho-internacional-de-solidaridad/
Palabras clave: Golpe de Estado en Chile; Salvador Allende; Dictadura militar chilena; Derechos humanos en Chile.
Académica en la Escuela de Derecho de La Trobe University (Australia).
Académic@ en la Facultad de Derecho de la Universidad de Hong Kong (Hong Kong SAR).
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
