Roy vs. Australia del Comité de Derechos Humanos: La lucha de los pueblos indígenas por sus tierras ancestrales

5 de Diciembre de 2023
Roy vs. Australia del Comité de Derechos Humanos: La lucha de los pueblos indígenas por sus tierras ancestrales
Foto de Photoholgic en Unsplash.

¿De qué manera la decisión en el caso Roy v. Australia del Comité de Derechos Humanos de la ONU, sobre los derechos de los pueblos indígenas a participar efectivamente en procesos de reclamación de sus tierras, impacta en Latinoamérica?

El pasado 10 de julio de 2023 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (NNUU) condenó a Australia por violar los derechos humanos del pueblo indígena Wunna Nyiyaparli, al no haber garantizado adecuadamente sus derechos de propiedad sobre tierras ancestrales. El Comité de expertos de NNUU, a cargo de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), a través de su decisión resolvió la demanda planteada por Ailsa Roy, en representación del pueblo indígena, contra el Estado australiano. En el caso se discutió la participación efectiva de los pueblos indígenas en los procesos para la determinación de sus derechos sobre tierras ancestrales, así como factores de discriminación que pueden obstaculizar su derecho a un juicio justo. 

Las cuestiones fácticas y jurídicas del caso

Los hechos del caso describen la situación del pueblo indígena Wunna Nyiyaparli y sus tierras ancestrales en la región de Pilbara, en Australia occidental. Los Wunna Nyiyaparli son un pueblo con fuertes vínculos culturales e históricos con su territorio, que incluye lugares sagrados de entierro y otros sitios importantes. Sus tierras son ricas en minerales, lo que ha llevado al desarrollo de minas, en especial de hierro, sin su consentimiento y restringiendo el acceso a ciertas zonas. En 2012, con el objetivo de proteger su territorio, los Wunna Nyiyaparli presentaron una reclamación de propiedad ancestral ante las autoridades australianas. Sin embargo, a pesar de los avances iniciales y pruebas sobre el registro de las tierras, que respaldaban su reclamación, el caso fue confundido con una demanda previa planteada por otro clan Nyiyaparli en 1998. Dentro del proceso, los demandantes enfrentaron grandes dificultades para participar de manera efectiva en el juicio, debido a la falta de representación legal y comunicación con el tribunal, por su limitado acceso a internet. Lo anterior resultó en que el Tribunal Federal falle en su contra, provocando la pérdida de sus tierras ancestrales a favor del otro grupo Nyiyaparli, con importantes consecuencias para su cultura y forma de vida.

El análisis de los hechos realizado por el Comité de Derechos Humanos reveló que existieron violaciones de las disposiciones del PIDCP por parte del Estado australiano, subrayando la importancia de garantizar el acceso a la justicia, especialmente para los pueblos indígenas. Los Wunna Nyiyaparli no pudieron participar efectivamente en los procesos relacionados con la determinación de sus derechos sobre la tierra, lo que condujo a la pérdida de sus territorios ancestrales, esenciales para su cultura y supervivencia. El Comité además constató la violación del artículo 27 del PIDCP, que hace hincapié en la necesidad de la consulta previa, libre e informada antes de adoptar medidas que afecten a los territorios de importancia cultural para los pueblos indígenas. También se observó la violación del artículo 14.1 (igualdad ante la ley), tanto por sí solo como en conjunto con el artículo 2.3 (derecho a un recurso legal): Las y víctimas fueron objeto de discriminación en los procesos judiciales, carecieron de representación legal, no pudieron participar de manera significativa y se les denegó el derecho a apelar la decisión sobre el título de propiedad ancestral.

Un asunto paradigmático y significativo en el contexto actual

En un contexto de considerable aumento de los litigios ambientales y climáticos, particularmente estos últimos habiéndose más que duplicado en sólo 5 años, la decisión del Comité llega a sumar a la discusión sobre la participación efectiva de los pueblos indígenas. La titularización de territorios ancestrales es una herramienta poderosa para detener el avance de la industria extractiva. La elección de recurrir al Sistema Universal de Derechos Humanos (SUDH), por parte de los Wunna Nyiyaparli, no es al azar, ya que en Oceanía no existe un sistema regional de protección de derechos humanos, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) de nuestra región.

Por tanto, es importante analizar el impacto que tiene esta decisión para la región latinoamericana, y comprender cómo dialogan las decisiones de los mecanismos del SUDH y SIDH. Por ejemplo, dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) también podemos encontrar, al menos desde el 2001, varios casos sobre los derechos de los pueblos indígenas y la importancia de la relación con sus territorios ancestrales; en decisiones como la del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, se profundiza el tema del reconocimiento de los derechos colectivos, específicamente el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas sobre actividades que pongan en riesgo su vida o territorio. De igual forma, en la sentencia del caso Pueblos Kaliña Lokono vs Surinam, la Corte IDH tomó nota de lo manifestado por el Comité al referirse a la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica a los pueblos indígenas para la protección de sus territorios y recursos naturales.

El dictamen del Comité de Derechos Humanos aporta a la reflexión iniciada en torno a los derechos colectivos, y en especial a lo que implica garantizar la igualdad ante la ley a los pueblos indígenas. En el caso, además, se destacan elementos como las dificultades de los Wunna Nyiyaparli para recibir asistencia legal gratuita o responder a la correspondencia enviada por un tribunal nacional debido a limitaciones tecnológicas. Sobre este aspecto la Corte IDH en su Opinión Consultiva OC-23/17 se ha referido a la “situación de especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas y tribales, [y cómo] los Estados deben adoptar medidas positivas encaminadas a asegurar a los miembros de estos pueblos el acceso a una vida digna[,] que comprende la protección de la estrecha relación que mantienen con la tierra”.

Si bien la decisión del Comité no hace mención del derecho a vivir en un medio ambiente sano, como ha sido la tendencia en los últimos años, establece pautas importantes sobre la promoción del acceso equitativo a la justicia, al constatar que la exclusión de los Wunna Nyiyaparli del proceso era una afrenta a los principios de igualdad ante los tribunales y al derecho a un juicio justo. Además de que se subraya la necesidad de que los Estados brinden asistencia judicial gratuita, más allá de los procesos penales, para garantizar una participación efectiva.

Este último elemento en particular, puede tener un impacto en la actual discusión propuesta por Chile y Colombia, respecto de la Opinión Consultiva solicitada a la Corte IDH sobre la Emergencia Climática y los Derechos Humanos. Varias de las preguntas planteadas por estos Estados aluden al alcance de sus obligaciones derivadas de garantizar el derecho a la participación y el acceso a la justicia, por lo que en definitiva la decisión del Comité de Derechos Humanos puede alimentar los argumentos a ser considerados por la Corte IDH en ejercicio de su función consultiva y, subsecuentemente, tener un impacto en la jurisprudencia que se produzca a partir de este hito del SIDH.

Citación académica sugerida: Alencastro, Alba Gabriela. Roy vs. Australia: La lucha de los pueblos indígenas por sus tierras ancestrales. Agenda Estado de Derecho, 2023/12/05. Disponible en:

Palabras clave: igualdad, participación, pueblos indígenas, Comité de Derechos Humanos, Roy v. Australia, Diálogos interjurisdiccionales.

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
ACERCA DE LA AUTORA
Alba Gabriela Alencastro

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, cuenta con un Máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Université de Nantes y un Máster en Gobernanza de Territorios y Desarrollo Local por la Université Paris-Saclay, Francia. Ha trabajado como litigante ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y como experta en los campos de la gobernanza ambiental, movilidad humana y género, para instituciones estatales, la sociedad civil y la academia.

Artículos Relacionados

Sigue nuestro Newsletter en LinkedIn

Suscribirte en LinkedIn

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.