Los nuevos–y no tan nuevos- retos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
21 de Enero del 2021
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) es el mecanismo más influyente en materia de promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Si bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han atravesado momentos de crisis y enfrentado importantes desafíos, la respuesta del SIDH ante estas situaciones ha favorecido su fortalecimiento. A más de 70 años de la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, más de 60 años de la creación de la CIDH, más de 50 años de la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y a más de 40 años de funcionamiento de la Corte IDH, corresponde hacer un balance y definir, en principio, cinco grandes retos del SIDH.
Tanto la CIDH como la Corte IDH han destacado la importancia de la ratificación universal de los instrumentos del SIDH como un “elemento crítico” para garantizar el pleno respeto y garantía de los derechos humanos en el continente. Nada más respecto de la CADH tenemos a la fecha una suerte de subsistemas. Por un lado, los Estados que no son parte de la CADH y que, en consecuencia, tienen una relación exclusiva con la CIDH y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y, por otro lado, los Estados que son parte de la CADH, dentro de los cuales incluso cabe distinguir dos sub-grupos, entre aquellos que han aceptado y los que no han aceptado la competencia contenciosa de la Corte IDH. Esta relación desigual entre los Estados, la CADH y los órganos interamericanos genera un sistema “de grados diferenciados de ratificación que ‘coloca a millones de personas en una situación de desventaja en cuanto al grado de protección internacional de los derechos’”, como lo señala la CIDH.
La ratificación universal de los tratados interamericanos constituye así un primer desafío del Sistema, no sólo respecto de la CADH, sino también en lo que concierne a los demás tratados del corpus iuris interamericano. Recientemente, Costa Rica ha firmado la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, y Ecuador y Perú han ratificado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
El principio de plazo razonable que se desprende de la CADH y de la jurisprudencia interamericana no sólo es aplicable a los procesos internos dentro de los Estados, sino también a los procedimientos ante los tribunales regionales e internacionales de derechos humanos. Los dos órganos interamericanos han hecho grandes esfuerzos por reducir los plazos en la solución de peticiones, casos y situaciones sometidos a su competencia. Así, la CIDH y la Corte IDH han registrado un aumento histórico en su productividad en el último año. La CIDH ha impulsado la resolución de solicitudes de medidas cautelares en tiempo oportuno, la agilización del estudio inicial de peticiones, el trámite de casos y peticiones, así como el seguimiento de los asuntos en solución amistosa. La Corte IDH, que entre 1980-1991, comenzó con una demora de 34 meses en la tramitación de cada caso, ha reportado en 2019 un promedio de duración del procedimiento de 21,97 meses desde el sometimiento del caso por parte de la CIDH. “Justicia que tarda, no es justicia” y, en esa medida, los órganos interamericanos tienen ante sí el gran reto de resolver y pronunciarse dentro de un plazo razonable.
Tal como ha sido reiterado por la jurisprudencia interamericana, en el marco del derecho de acceso a la justicia, la efectividad de cualquier decisión depende de su ejecución. En 2019, la CIDH aprobó las Directrices Generales de Seguimiento de Recomendaciones y Decisiones, para fortalecer sus acciones de seguimiento a través del “diseño de metodologías, procedimientos y protocolos homogéneos, medibles y concretos para evaluar el cumplimiento integral de [sus] recomendaciones y decisiones”. Entre dichas acciones, destaca el Sistema Interamericano de Monitoreo y Seguimiento de Recomendaciones (SIMORE), herramienta informática que posibilita el acceso público a las recomendaciones y decisiones emitidas por la CIDH. Por su parte, la Corte IDH, desde 2015, ha puesto en funcionamiento la Unidad de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias, con el fin de dar mayor seguimiento al cumplimiento de las reparaciones por parte de los Estados. Esto, mediante audiencias de supervisión de cumplimiento –públicas o privadas-, diligencias in situ, resoluciones, reuniones informales con víctimas y/o agentes estatales, solicitudes de información, y el involucramiento de órganos institucionales y tribunales nacionales.
La materialización de las decisiones de la CIDH y de la Corte IDH constituye así un particular desafío del SIDH que revela la imperiosa necesidad de una actuación estatal coherente, conforme a los principios de pacta sunt servanda y de buena fe. El fin último supone proteger plenamente el derecho de acceso a la justicia y evitar que la etapa de cumplimiento represente un período de re-victimización.
A la fecha, parecen superados los cuestionamientos respecto a que todo Estado Parte de la CADH está obligado a realizar el control de convencionalidad. Sin embargo, aún queda pendiente que se afiance la idea de que dicho control de convencionalidad no sólo vincula a las autoridades del Poder Judicial y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, sino a toda autoridad pública, en ejercicio de sus competencias y de las normas procesales vigentes en el derecho interno. Exigir que toda autoridad pública actúe de conformidad a la CADH y a la jurisprudencia interamericana es consecuencia lógica de la aplicación del derecho internacional público y del derecho internacional de los tratados. Si un Estado es parte de un tratado, éste vincula a todos sus poderes, órganos y autoridades, los que en definitiva pueden generar la responsabilidad internacional de aquél.
¿Por qué no esperar que toda autoridad pública del sector educación conozca y aplique la CADH y la jurisprudencia interamericana sobre derechos del niño, derecho a la educación o aquella recientemente desarrollada por la Corte IDH en el caso Guzmán Albarracín y otras Vs. Ecuador, sobre protección frente a la violencia sexual en el ámbito educativo? ¿Por qué no esperar que las fuerzas del mantenimiento del orden en nuestros países conozcan y apliquen los estándares interamericanos sobre el uso de la fuerza letal , sobre el respeto y garantía del derecho a la protesta pacífica, y sobre los límites a la militarización? Al respecto, CIDH y Corte IDH intentan hacer más asequible la jurisprudencia interamericana, a través de la disponibilidad de sus decisiones en sus páginas web, mediante la organización de seminarios y cursos de capacitación o, como en el caso de la Corte IDH, a través de la sistematización de sus fallos en los Cuadernillos de Jurisprudencia. Sin embargo, resulta fundamental la capacitación promovida desde el Estado para que las propias autoridades públicas se apropien de la CADH y de la jurisprudencia interamericana. Cuando éstas constituyan referentes constantes en el ejercicio de la función pública, el control de convencionalidad cumplirá su rol preventivo.
Frente a la pandemia de COVID-19, los dos órganos del SIDH se pronunciaron inmediatamente recordando a los Estados sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, aún en contexto de crisis sanitaria: la CIDH a través de la Resolución 01/20 “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas” y la Corte IDH, mediante la Declaración 01/20 “Covid-19 y derechos humanos: los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales”. Pero además de ello, tanto la CIDH como la Corte IDH debieron adaptarse a la digitalización y a la virtualización de la comunicación con los usuarios del SIDH para efectos de las diferentes actividades que realizan en el marco de sus competencias (período de sesiones, audiencias y ciclos de conferencias, entre otros).
La adaptación de los diferentes actores del SIDH se ha impuesto de manera efectiva, pese a las dificultades y a la complejidad de esta crisis sin precedentes. Sin embargo, tal como lo ha puesto en evidencia el Secretario de la Corte IDH, Pablo Saavedra, la adaptación como sociedad y como SIDH a los procesos de digitalización y de virtualización no debe hacernos perder de vista algunos particulares desafíos frente a los derechos humanos. Por un lado, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra un importante número de personas en la región, quienes pueden verse especialmente afectadas por esta transformación de la comunicación y del acceso al SIDH. Por otro lado, la importancia de mantener la empatía con las víctimas de violaciones de derechos humanos y con lo que puede significar para ellas “estar” físicamente ante la CIDH o la Corte IDH, como espacios y momentos fundamentales de un derecho de acceso a la justicia que les fue esquivo ante sus Estados.
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Los retos presentados interpelan al SIDH en cuanto al pleno respeto y garantía de los derechos humanos de toda persona en la región y, particularmente, respecto del derecho de acceso a la justicia, norma imperativa del derecho internacional. Interpelan también a los Estados, los que a través de la efectiva aplicación del control de convencionalidad deben actuar en una lógica preventiva que consolide el carácter subsidiario del SIDH. Finalmente, interpelan a la academia, las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil, quienes deben mantener más vivo que nunca el interés por participar en el SIDH, a través del litigio, la presentación de información, la organización de espacios de debate, el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las decisiones de los órganos interamericanos. Retos nuevos y otros que persisten, en todo caso, siempre estímulos para fortalecer el SIDH.
Citación académica sugerida: Ibáñez, Juana:Los nuevos–y no tan nuevos- retos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 2021/01/21, https://agendaestadodederecho.com/los-nuevos-y-no-tan-nuevos-retos-del-sistema-interamericano-de-derechos-humanos
Consultora especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario e investigadora del Groupe d’études en droit international et latino-américain de La Sorbonne (GEDILAS-IREDIES). Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Máster en Derechos Humanos por la Universidad Paris X Nanterre-La Défense y Candidata a doctora por la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Previamente se desempeñó como abogada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y como responsable de programa en el Comité Internacional de la Cruz Roja.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
