Retos del gobierno entrante en Costa Rica: entre la gobernabilidad y la representación

4 de Julio de 2022
Retos del gobierno entrante en Costa Rica: entre la gobernabilidad y la representación
Crédito foto: @TSECostaRica

Tras llegar a la presidencia en segunda vuelta y con un bajo porcentaje de aprobación ¿Cuáles son los retos que enfrenta el gobierno de Rodrigo Chaves en Costa Rica?

Costa Rica es la democracia más longeva de América Latina. En el país centroamericano se han dado 18 transiciones pacíficas del poder desde 1953, la mayoría con alternancia, aunque en cinco hubo continuidad del partido en el gobierno (la reelección no-consecutiva está permitida debido a un fallo de la Sala Constitucional). Por más de 70 años se han desarrollado elecciones libres, limpias y competitivas, donde los perdedores aceptan los resultados, lo que la califica como una democracia en su dimensión electoral. Asimismo, diversos índices caracterizan a la democracia costarricense como liberal y plena (ver índices de democracia de V-Dem y The Economist).    

Empero, esta senda de consolidación democrática, si bien goza de amplia legitimidad y reconocimiento, no significa que esté exenta de riesgos. En la actualidad se han acumulado varias disfuncionalidades de su sistema político, sumado a un alto nivel de desigualdad, una debilidad y vulnerabilidad económica (déficit fiscal y alto nivel de la deuda pública) y una brecha educativa y digital en gran parte de la población. Conforme con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, la tasa de desempleo es del 13.7 % y hay un 23% de pobreza (en décadas no ha bajado del 20%). A esto se le aúnan las consecuencias sociales y económicas de la pandemia por la COVID-19.

En términos de cultura política la sociedad costarricense mantiene un alto apoyo a la democracia: un 71%. Sin embargo, la satisfacción es de apenas un 51.8%.

Los datos previos indican que se está en presencia de un déficit democrático. Es decir, un desequilibrio que puede darse en una democracia cuando la ciudadanía demanda por democracia (o por soluciones que esta debería resolver), aunque está insatisfecha con ella, al recibir una oferta democrática que no supera sus expectativas.

En este contexto se dieron las elecciones nacionales de este 2022 y como veremos a continuación, el proceso electoral -las características de los candidatos, los temas centrales del debate y el porcentaje de abstención electoral- mostró los riesgos a los que hago referencia.

El 3 de abril, en ballotage, quedó electo como Presidente de la República el economista Rodrigo Chaves Robles, del partido político Progreso Social Democrático (PPSD) (creado en el año 2018), con un 52.8% de los votos válidos. Se disputó la segunda vuelta contra el expresidente José María Figueres Olsen, del partido Liberación Nacional (PLN), quién obtuvo 47.18% de los votos. El abstencionismo fue de 40.80% en la primera vuelta y 43.23% en la segunda, siendo uno de los más altos en las últimas décadas.

A Figueres Olsen y a Chaves Robles se les reclamaban distintos escándalos y estos fueron los temas posicionados en campaña. Al primero se le señaló un caso de presunta corrupción en el  2004, que no fue investigado judicialmente. En el caso de Rodrigo Chaves, fue sancionado por conducta sexual inapropiada en el Banco Mundial, pero renunció previó a que se impusieran las sanciones.

Chaves Robles, ex Ministro de Hacienda del 2020 a 2021 (por 184 días) y ex empleado del Banco Mundial, se presentó como un outsider que venía a cambiar y socavar las estructuras de privilegio y las élites corruptas y a erradicar la política tradicional, a las cuales en campaña vinculó con los partidos políticos tradicionales. Este hecho no es menor teniendo en cuenta que el 89% de la ciudadanía considera que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio .Además persiste un debilitamiento de las identidades partidarias: para el año 2021 un 80% de la ciudadanía manifiesta que no simpatiza con ninguna organización política.    

Durante la campaña política, el discurso del ahora presidente y del PPSD estuvo marcado en gran parte por ataques al propio sistema político costarricense, incluidas instituciones clave para el mantenimiento de la democracia, como lo son el organismo electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)- y la prensa costarricense, a la que tildó de “prensa canalla”. Esto a pesar de que el TSE, con base en el índice de Integridad Electoral, ocupa la novena posición del mundo y el primero en América Latina. Por su parte, se reconoce que Costa Rica es uno de los países de la región con mayor libertad de prensa.    

 Además de lo anterior, Chaves Robles planteó poner a la gente a legislar por medio del uso      de los mecanismos de democracia directa como el referéndum, en caso de que el parlamento “no quiera hacerlo”. Este tono confrontativo y disruptivo fue la constante en la campaña del nuevo presidente, que, con  el lema “me compro la bronca”, se posicionó como la figura necesaria para “ordenar la casa” y refundarla.

Ahora bien, Chaves Robles es uno de los presidentes electos con menos respaldo popular en los últimos años. Recibió en primera vuelta un apoyo de tan solo el 9% del padrón electoral. En      segunda votaron por el PPSD solo un 30% del padrón electoral.

Esta victoria le brinda un bajo caudal electoral y legitimidad de origen y esto es uno de los primeros desafíos que debe enfrentar su nuevo gobierno. Atendiendo a su discurso en campaña y a las expectativas de cambio prometidas (reducir el costo de la vida, optimizar el gasto público, cero tolerancias a la corrupción, entre otras), el nuevo mandatario deberá sopesar sus promesas y canalizarlas institucionalmente, ya que en un Estado de derecho el poder político se debe someter a las leyes y a la Constitución y por ende respetar la institucionalidad.

Además, enfrentará desafíos en términos de gobernabilidad y representatividad. El PPSD obtuvo solo 10 de las 57 bancas del Congreso, lo que coloca al partido de gobierno en una posición de minoría y que sin duda requerirá diálogo y negociación para aprobar sus promesas de campaña.

Sin embargo, el reto no es solo de cara a la gobernabilidad entre un ejecutivo con minoría en un congreso multipartidista, sino también frente a una ciudadanía impaciente por el cambio y desconfiada hacia la política partidista. Este será otro de los desafíos del nuevo mandatario y su gobierno: acercarse a la ciudadanía por medio de mecanismos políticos de diálogo constructivo.

A pesar de la importancia de este aspecto, ya ha mandado señales de disrupción  con ciertos movimientos sociales, como el sector feminista, al plantear la revisión del protocolo de salud para implementar el aborto terapéutico, tras una reunión con la Conferencia Episcopal. Esta situación lleva a cuestionarse cuáles sectores de la ciudadanía Chaves Robles considera que representa. 

En síntesis, sostener la senda democrática, en términos de gobernabilidad, pero también de representatividad, será uno de los principales retos del nuevo gobierno costarricense, en un contexto donde conviven instituciones consolidadas, pero con vulnerabilidades económicas y sociales que tensionan a su institucionalidad democrática. Costa Rica no se encuentra en un ambiente de riesgo democrático, pero sí se encuentra en una era política de fuertes desafíos.

Citación académica sugerida: Ovares Sánchez, Carolina. Retos del gobierno entrante en Costa Rica: entre la gobernabilidad y la representación, Agenda Estado de Derecho, 2022/03/02. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/retos-del-gobierno-entrante-en-costa-rica/

Palabras clave: Costa Rica, democracia, desafíos

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ACERCA DE LA AUTORA
Carolina Ovares Sánchez

Máster en Ciencia Política y Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Argentina y candidata a doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. A su vez es licenciada en Derecho y Bachiller en Sociología, ambas por la Universidad de Costa Rica. Sus líneas de investigación son: sociología del derecho; justicia electoral; justicia y política; participación ciudadana en la política y mecanismos de democracia directa.

Es parte de la Red de Politólogas (@RedPolitologas)

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Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Su investigación se enfoca en temas relacionados con Governanza Multinivel e Integración de Mercados, Regionalismo Comparado y Derecho Internacional Público. Obtuvo su PhD en la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Ha publicado en inglés y castellano, en Latinoamérica e internacionalmente.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.